Varios días antes de la audiencia de imputación de cargos contra la exreina y contratista de la Alcaldía de Cartagena, Jeymmy Paola Vargas Gómez, y su entonces superior, Carmen Lucy Espinosa Díaz —exdirectora del IPCC, quien no asistió alegando quebrantos de salud—, una fuente me advirtió que, presuntamente, ya se estaba articulando una estrategia orientada a reposicionar la imagen pública de ambas, especialmente la de Vargas. Por razones evidentes, y en atención a la reserva de la fuente, omito cualquier referencia sobre quiénes habrían estado detrás de esa operación.
En un primer momento pensé que se trataba de una exageración. Pero con el paso de los días comenzaron a circular publicaciones en redes sociales y cadenas de mensajería instantánea que parecían seguir un mismo libreto: mientras unas intentaban trasladar toda la responsabilidad hacia un tercero, otras ensayaban defensas difíciles de sostener, construidas sobre argumentos forzados y narrativas cuidadosamente acomodadas. Más que un ejercicio espontáneo de opinión, daba la impresión de una reacción calculada para sembrar dudas, desviar el foco y amortiguar el impacto político y reputacional del caso.
Una de las narrativas que más me llamó la atención fue la insistencia en presentar a Jeymmy Paola como una madre soltera, mujer negra y de origen humilde, casi como si esas condiciones, por sí solas, constituyeran un blindaje moral frente a los cuestionamientos judiciales. El argumento resulta, cuando menos, conveniente y profundamente reduccionista, porque bajo esa misma descripción encajan miles de mujeres cartageneras que luchan todos los días sin privilegios ni contratos públicos de por medio. Entre ellas, incluso, Cynthia Pérez Amador, a quien la Fiscalía le imputó cargos en 2021 por hechos que guardan similitudes con los que hoy rodean el caso de Vargas.
No recuerdo que la mayoría de la prensa local hubiera salido a defender o victimizar a Cynthia Pérez. Por el contrario, su caso ocupó titulares durante meses desde septiembre de 2020, en medio de una cobertura intensa y sostenida. Incluso el entonces alcalde William Dau Chamatt, pese a la cercanía política y personal que mantenía con ella y a los intentos iniciales por respaldarla públicamente, terminó cediendo ante la presión y no tuvo más alternativa que retirarla del cargo.
Muy distinto fue lo que ocurrió cuando denuncié penalmente a Jeymmy Paola el año pasado, situación que —según me consta— era de pleno conocimiento del alcalde Dumek Turbay Paz. Lejos de tomar distancia mientras las autoridades avanzaban en las indagaciones, la administración decidió mantenerle la confianza y, en enero de este año, terminó otorgándole con otro contrato por $18 millones. Un mensaje políticamente difícil de ignorar: mientras las denuncias crecían, desde el poder no hubo señales de prudencia, sino de respaldo.
Y no es de extrañar este proceder poco ético de Turbay Paz, quien le ha adjudicado cinco contratos a la imputada Cynthia Pérez por un total de $64.23 millones (CD-PES-2634-2024, CD-PES-7374-2024, CD-PES-1246-2025, CD-PES-5528-2025 y CD-PES-1631-2026). El gobernador Yamil Arana Padauí tampoco se queda atrás: le dio a Pérez un contrato por $15 millones (DF-982-2024). Supongo que no es necesario decir el terrible mensaje que estos dos gobernantes le envían a la ciudadanía con sus decisiones.
En noviembre de 2025, solo un mes después del caso de la exreina, denuncié en la Fiscalía a Tatiana Cecilia Torres Tatis, quien fuera financiadora de la campaña de Dumek Turbay en 2023 y excontratista tanto de la Alcaldía de Cartagena entre 2024 y 2025 por casi $150 millones (CD-SPDS-6103-2025, CD-SPDS-0463-2025, CD-223-2025, CD-133-2024, CD-SPDS-0189-2024 y CD-SPDS-4057-2024) como de la Gobernación de Bolívar en 2024 por $6.3 millones (SS-2871-2024). Torres Tatis presentó un diploma de Administradora de Servicios de Salud de la Universidad de Cartagena, del cual el alma mater no tiene registros (ver respuesta aquí).
Y estos no son hechos aislados ni excepciones incómodas dentro de la administración. En las últimas semanas también quedaron expuestos los casos de Luis Alberto Infanzón Escobar, Ricardo José Vellojín Boiga y Edwin Taborda Barrios. Ahora, a esa lista se suman otros dos nombres: Diana Andrea De La Cruz Aponte y Eder Enrique Taborda Barrios. Lo preocupante ya no es la aparición de un caso puntual, sino la reiteración de patrones que empiezan a revelar una forma de operar difícil de atribuir al azar.
Cuando los mismos cuestionamientos se repiten con distintos protagonistas, lo que queda en evidencia no es un simple accidente administrativo, sino una cadena de decisiones que exige explicaciones de fondo y responsabilidades concretas.
Caso Luis Alberto Escobar Infanzón: el doble bachiller
Hasta ahora he podido rastrear 25 contratos de Escobar Infanzón que datan desde 2012, en entidades como: IPCC, IDER, DATT, el Concejo de Cartagena y la Gobernación de Bolívar (ver lista de contratos aquí). Sus contratos suman casi $204 millones.
En unas hojas de vida, Luis Escobar documentó que era bachiller académico del extinto Colegio Americano de Cartagena, diploma expedido el 25Dic1996. En otros contratos presentaba un diploma de bachiller académico del también desaparecido Gimnasio Latinoamericano de fecha 16Dic2015.
Desde los contratos suscritos en 2023 comenzó a reportar como formación académica el título de Técnico en Administración Documental y Archivo de Fundetec, sede Cúcuta. Por otra parte, los archivos oficiales de las dos instituciones educativas involucradas permanecen bajo custodia de la I.E. Nuestra Señora del Carmen y de la Secretaría de Educación de Cartagena, respectivamente, entidades llamadas a esclarecer cualquier duda sobre la autenticidad, trazabilidad y validez de la documentación aportada. En un contexto rodeado de cuestionamientos, este ya no es un detalle menor: es un asunto que exige verificación rigurosa y respuestas claras.
En los tres casos, ninguna de las instituciones encontró registros de los tales diplomas (ver respuestas Colegio Americano, Gimnasio Latinoamericano y Fundetec).
Esta semana presentaré formalmente ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia por presuntas conductas punibles que, preliminarmente, podrían encuadrarse como falsedad material en documento público y peculado por apropiación en calidad de interviniente. De igual forma, solicitaré que la investigación no se limite únicamente a los contratistas señalados, sino que también se extienda a los ordenadores del gasto y supervisores que autorizaron, avalaron y dieron trámite a cada uno de los contratos cuestionados. Porque en este tipo de casos las responsabilidades no terminan en quien firma un documento: también alcanzan a quienes tenían el deber legal y administrativo de verificar, controlar y responder por el uso de los recursos públicos.
Caso Ricardo José Vellojín Boiga
Al igual que ocurre con Luis Escobar, el rastro contractual de Ricardo Vellojín aparece repartido en distintas entidades públicas desde 2012: Icultur —casualmente durante la época en que Carmen Lucy Espinosa ejercía como directora—, la Gobernación de Bolívar y Unibac. Lejos de tratarse de una relación esporádica con el Estado, lo que se observa es una presencia sostenida dentro de la contratación pública a lo largo de varios años. Incluso, su vinculación más reciente se mantiene vigente en Unibac, hoy bajo la dirección de Sacra Náder David, entidad que mediante la Resolución 037 del 23 de enero de 2026 lo nombró por once meses con una asignación mensual de $4.5 millones. En medio de los cuestionamientos que han comenzado a rodear varios de estos contratos, resulta inevitable preguntarse cuántas alertas fueron ignoradas —o simplemente normalizadas— dentro de las entidades responsables.
El caso de Vellojín Boiga es interesante por todo el intríngulis alrededor de sus credenciales académicas. Cuentan que, aparentemente, es un protegido del sancionado exgobernador Juan Carlos Gossaín Rognini y de Sacra Náder.
Ricardo aseguraba en sus hojas de vida que era bachiller en Ciencias Humanas del Colegio Seminario, diploma expedido el 17Dic1999. Luego de una tutela, finalmente el colegio respondió que no había registros de dicho documento. Igualmente, varios contratos y hojas de vida de Vellojín registran que es Técnico en Producción de Radio y Televisión, diploma expedido por Unibac el 05Mar2003. Después de una petición e intercambio de varios correos electrónicos con Unibac para confirmar la validez del citado diploma, la oficina jurídica de la institución respondió que sí lo había expedido.
Pero aquí aparece un detalle que podría convertirse en un problema mucho más serio: para ingresar al programa técnico en Unibac, Ricardo Vellojín habría presentado precisamente un diploma de bachiller sobre el cual el Colegio Seminario asegura no tener registros. Si esa información se confirma, no estaríamos frente a una simple inconsistencia documental, sino ante la posible utilización de un soporte académico cuestionado para acceder a otra titulación oficial. Y eso abre un efecto dominó delicado: la validez misma del diploma técnico quedaría bajo sospecha.
Por esa razón, no solo presentaré denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para que se investiguen las posibles conductas penales derivadas de estos hechos, sino también ante el Ministerio de Educación, con el fin de que se revise la legalidad y trazabilidad de los títulos involucrados. El escenario para Ricardo Vellojín empieza a estrecharse, porque las dudas ya no recaen únicamente sobre un documento, sino sobre toda la cadena académica y contractual construida a partir de él.
Caso de los Taborda
En mi anterior columna, develé que Jaime Hernández Amín, director de Distriseguridad había contratado a seis miembros de la Fundación Cocolab (cuyo representante legal es Mario Iván Giraldo Ramírez), de la cual él también hace parte. El valor aproximado de los contratos es de más de $1.300 millones.
Pero ahí no acaba todo. Jaime Hernández, “el Coco”, no solo tiene trabajando a Edwin Taborda Barrios (miembro de Cocolab), sino a tres familiares de este: Félix Robayo Taborda (primo), Diana Andrea De La Cruz Aponte (pareja) y Eder Enrique Taborda Barrios (hermano). El costo de los contratos de esta familia es de $508.4 millones.
El problema no es solo el evidente amiguismo, sino que Edwin Taborda, administrador de empresas de la Universidad de Cartagena, afirmó en sus hojas de vida que era especialista en Alta Gerencia de la Fundación Universitaria del Área Andina, diploma del cual la institución académica no tiene registros.
Y la cosa no acaba ahí. Eder Taborda y Diana De La Cruz presentaron, respectivamente, diplomas de tecnólogos en Gestión Logística y Portuaria y Gestión Financiera de la Fundación Universitaria Antonio Arévalo (Tecnar), cuyo rector no es nada más y nada menos que el sancionado exalcalde Dionisio Vélez Trujillo.
Tras una petición, Tecnar me respondió que ninguno de los dos es egresado de esa institución. Es más, Diana De La Cruz, quien estuvo matriculada solo un semestre en 2007 en el programa de Administración Naviera y Portuaria, tuvo el descaro de presentar un diploma de otro programa. Ni para mentir son consistentes.
Siete casos de diplomas sobre los cuales no aparecen registros oficiales —dos de ellos vinculados a personas con contratos estatales desde 2012, incluyendo contrataciones simultáneas en distintas dependencias— difícilmente pueden despacharse como simples coincidencias o hechos aislados. Lo que empieza a perfilarse es un patrón reiterado que, presuntamente, habría logrado normalizarse dentro de ciertos sectores de la contratación pública en Cartagena y Bolívar. Y si algo resulta todavía más alarmante, es la posibilidad de que estas irregularidades no hubieran prosperado sin omisiones, permisividad o falta de controles efectivos por parte de funcionarios con responsabilidades administrativas y contractuales.
Durante las próximas semanas presentaré las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación para que se investiguen a fondo estos hechos y se determinen las responsabilidades penales, disciplinarias y fiscales a las que haya lugar. Porque aquí no solo estaría en juego el posible uso irregular de documentos académicos, sino también la confianza pública y el acceso legítimo a oportunidades laborales. Cada contrato cuestionado representa una oportunidad menos para quienes sí invirtieron años de esfuerzo, sacrificio y estudio para construir una hoja de vida de manera honesta. También es una afrenta para miles de padres y madres que trabajan todos los días con la esperanza de que la educación sea el camino de ascenso y dignidad para sus hijos.
Por eso exijo que las entidades competentes adopten medidas inmediatas de verificación y revisión frente a los casos denunciados. Mantener en funciones o contrataciones públicas a personas sobre las cuales recaen cuestionamientos documentados solo profundiza el desgaste institucional y la desconfianza ciudadana. Y esto, claramente, no termina aquí. Siguen apareciendo más nombres, más documentos y más inconsistencias que deberán ser esclarecidas. A la ciudadanía le pido que continúe denunciando y aportando información. El silencio y la indiferencia son precisamente lo que permite que estas prácticas se perpetúen.
Ñapas
- El director de Distriseguridad afirma que Ricardo Vellojín no trabaja ahí. Lo paradójico es que Vellojín no solo tiene fotos en sus redes sociales portando la cachucha/gorra con el distintivo de esa entidad, sino que también aparece en varias ocasiones acompañando a Jaime Hernández en la sesión plenaria del Concejo del 26Marzo2026 (minutos 00:29:42, 00:33:20, 1:54:07 y 2:13:16) ¿Será que es otro caso de usurpación de funciones públicas, así como el de Amílkar Venecia? Señor Hernández Amín, usted tiene dos opciones: me responde a mí o le responde a la Fiscalía.
- Me dicen que dizque varios contratistas constructores que mencioné en algunas de mis columnas (y cuyos nombres me reservo por ahora) están iracundos porque develé al público y denuncié ante la Fiscalía sus contratos con la Alcaldía de Cartagena y la Gobernación de Bolívar. Tanto es la ira que supuestamente no solo habrían gestionado ataques en redes sociales, sino también contratado a unos abogados a ver si emprenden acciones legales en mi contra. No sabía que yo fuera tan importante. Ganas de perder su tiempo y dinero, ya que nunca publico nada que no pueda soportar con información oficial cotejable. Los estaré esperando.
- Ya tengo un par de nombres de algunas de las personas detrás del blog difamatorio “Corrupción al Día Colombia y Cartagena”. Estoy confirmando otros. Solo era cuestión de tiempo.
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Se viene otro escándalo de unos contratos que involucran medios de comunicación.
