Detrás de las fachadas coloniales restauradas, las piscinas privadas, los hoteles boutique y las cenas exclusivas que seducen a turistas de alto poder adquisitivo, hoy emerge una pregunta explosiva que sacude a la ciudad amurallada: ¿el Centro Histórico terminó convertido en una gigantesca lavandería de capitales sospechosos?
La ocupación de cinco hoteles de lujo vinculados al denominado “príncipe belga” Henri de Croÿ encendió las alarmas sobre algo que durante años muchos comentaban en voz baja, pero pocos se atrevían a confrontar públicamente: la posible infiltración de fortunas de origen incierto en el corazón turístico más importante de Colombia.
La intervención ejecutada por la Fiscalía General de la Nación y la Sociedad de Activos Especiales (SAE) no solo golpea a un empresario extranjero ni a un exclusivo grupo hotelero. El verdadero terremoto impacta la credibilidad del modelo económico que convirtió a Cartagena en vitrina mundial del turismo premium y destino predilecto de inversionistas internacionales.
Porque mientras las propiedades de lujo se multiplicaban a velocidad vertiginosa en calles históricas donde una casa puede superar fácilmente varios miles de millones de dólares, las dudas sobre el origen de parte de esos recursos crecían al mismo ritmo.
Hoteles sofisticados. Sociedades empresariales complejas. Inversiones internacionales. Movimientos millonarios. Capital extranjero circulando con discreción entre mansiones coloniales y negocios turísticos de élite.
El patrón ya no parece aislado.
En escenarios internacionales como Miami, Panamá o Marbella, las autoridades financieras han advertido durante años que el mercado inmobiliario de lujo se convirtió en uno de los vehículos más eficaces para ocultar dinero ilícito bajo apariencia de legalidad. Cartagena ahora comienza a aparecer peligrosamente cerca de ese mismo espejo.
La preocupación no es menor. El Centro Histórico reúne todos los ingredientes que suelen encender alertas globales sobre lavado de activos: fuerte valorización inmobiliaria, transacciones complejas, circulación de efectivo, turismo de lujo y una supervisión estatal que muchos consideran insuficiente frente al crecimiento explosivo del sector.
El caso de Henri de Croÿ terminó destapando una discusión incómoda: ¿cuántas inversiones extranjeras realmente fueron verificadas a fondo? ¿Quién controló el flujo de capitales que transformó radicalmente el mapa económico del Centro Histórico? ¿Cuánto dinero ingresó disfrazado de desarrollo turístico?
Aunque las autoridades aún investigan y no existe una condena definitiva contra el empresario belga, la magnitud de las medidas cautelares deja claro que Colombia está frente a un expediente de alto impacto financiero y reputacional.
La Fiscalía y la SAE confirmaron que las medidas afectan bienes y hoteles relacionados con las sociedades PERSOC GROUP, FALUR CORP y CASA CÓRDOBA SAS, estructuras que ahora quedan bajo el radar judicial y financiero del Estado.
Pero el daño ya trascendió los expedientes.
El golpe reputacional amenaza directamente la narrativa construida durante años alrededor del boom turístico de Cartagena, donde la llegada de grandes capitales era presentada automáticamente como sinónimo de progreso, exclusividad y modernización. Hoy esa narrativa empieza a resquebrajarse.
Porque si hoteles de lujo ubicados en las zonas más exclusivas de Cartagena terminan relacionados con presuntas operaciones ilícitas, el problema deja de ser únicamente judicial: se convierte en una amenaza estructural para la transparencia económica, la gobernabilidad urbana y la imagen internacional de la ciudad.
Y mientras el silencio rodea al llamado “príncipe belga”, quien hasta ahora no ha emitido un pronunciamiento público conocido, en Cartagena empieza a crecer otra inquietud aún más profunda: ¿Este caso es una excepción… o apenas la punta del iceberg?



