El Ministerio Público concluyó, en un fallo de primera instancia, que el exmandatario Eugenio Lobo Quiñones incurrió en graves omisiones que retrasaron la construcción de 16 viviendas de interés social destinadas a familias víctimas del conflicto armado.
La Procuraduría General de la Nación profirió un fallo de primera instancia que sacude el panorama político de Arenal, Bolívar. El organismo disciplinario sancionó con destitución e inhabilidad general por ocho años y seis meses al exalcalde de Arenal, Eugenio Lobo Quiñones, tras encontrarlo responsable disciplinariamente por presuntas irregularidades en la ejecución de un proyecto de vivienda de interés social dirigido a víctimas del conflicto armado.
La decisión también cobija al interventor de la obra, Reynaldo Enrique Manrique Teherán, quien fue sancionado con inhabilidad general por 15 años al considerar que incurrió en una conducta aún más grave dentro del proceso contractual.
Según la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Ocaña, durante la ejecución del proyecto los funcionarios omitieron adelantar las actuaciones administrativas y contractuales necesarias para evitar retrasos injustificados en la construcción de una torre residencial compuesta por 16 viviendas de interés social, afectando el cumplimiento oportuno de una obra destinada a una población especialmente vulnerable.
- Las irregularidades detectadas
La investigación disciplinaria estableció que las presuntas omisiones comprometieron principios esenciales de la contratación estatal como la responsabilidad, la economía, la moralidad administrativa, la eficacia y la celeridad, pilares fundamentales para garantizar el adecuado manejo de los recursos públicos.
En el caso del exalcalde Lobo Quiñones, la Procuraduría calificó la conducta como falta gravísima cometida con culpa gravísima, al considerar que existió un incumplimiento particularmente grave de sus deberes como ordenador del gasto y responsable de la ejecución del proyecto.
Respecto al interventor Manrique Teherán, el organismo disciplinario determinó que su actuación fue cometida a título de dolo, la máxima forma de responsabilidad disciplinaria, al estimar que habría incumplido deliberadamente las obligaciones propias de la interventoría.
- Proyecto destinado a víctimas del conflicto
El proyecto investigado tenía como propósito entregar soluciones de vivienda a familias víctimas del conflicto armado en el municipio de Arenal, Bolívar. Sin embargo, de acuerdo con la Procuraduría, las deficiencias en la gestión administrativa y contractual impidieron que la obra avanzara conforme a los cronogramas establecidos.
La entidad sostuvo que estas actuaciones terminaron afectando no solo la ejecución del contrato, sino también los derechos de una población que esperaba acceder a una vivienda digna mediante un programa financiado con recursos públicos.
- El fallo aún no está en firme
La decisión corresponde a un fallo de primera instancia y no se encuentra ejecutoriada. Tanto el exalcalde Eugenio Lobo Quiñones como el interventor Reynaldo Enrique Manrique Teherán interpusieron recurso de apelación, por lo que será la Procuraduría General de la Nación la encargada de revisar el caso y adoptar la decisión definitiva.
Mientras se resuelve la segunda instancia, el proceso continúa su curso dentro del régimen disciplinario colombiano.
