El sistema de salud colombiano entra en una nueva etapa de definiciones. El presidente Abelardo De la Espriella anunció que su Gobierno acelerará la evaluación de las EPS intervenidas y advirtió que las entidades que demuestren viabilidad tendrán la posibilidad de recuperarse, mientras aquellas que no puedan garantizar su funcionamiento deberán avanzar hacia una liquidación ordenada.
La advertencia fue hecha durante la Cumbre de Gobernadores ‘El milagro de las regiones’, realizada en Mompox, Bolívar, donde el mandatario puso el foco en uno de los principales problemas que enfrenta actualmente el sistema: la acumulación de obligaciones, el deterioro de la atención y el rezago en procedimientos, tratamientos y entrega de medicamentos.
“Las que sean viables y puedan garantizar una buena atención tendrán la posibilidad de recuperarse; las que no lo sean, deberán ser liquidadas de manera ordenada pensando siempre en los intereses y las necesidades de sus afiliados”, afirmó el Presidente.
El anuncio no significa, por ahora, que el Gobierno haya determinado la liquidación de una EPS específica. Lo que plantea es una evaluación de viabilidad que podría desembocar en dos caminos: recuperación para las entidades que puedan garantizar atención y sostenibilidad, o liquidación para aquellas que no tengan condiciones para continuar.
Para el Gobierno, la prioridad inmediata es recuperar la atención de los pacientes que permanecen a la espera de procedimientos, tratamientos y medicamentos. De la Espriella sostuvo que el rezago debe comenzar a enfrentarse atendiendo primero los casos de mayor urgencia y riesgo, mientras paralelamente se establece con precisión la situación financiera del sistema. “Hoy tenemos a cientos de miles de compatriotas esperando procedimientos, tratamientos y medicamentos”, señaló.
El mandatario también planteó una de las preguntas más sensibles de la crisis: cuánto se debe, quién le debe a quién y cuál será el mecanismo para sanear esas obligaciones. La respuesta será determinante porque una eventual liquidación no solamente involucra a los afiliados. También compromete las obligaciones existentes con hospitales, clínicas, proveedores, trabajadores y demás actores de la cadena de atención.
Por eso, el debate que comienza no se limita a determinar qué EPS sobreviven y cuáles salen del sistema. El desafío será establecer cómo se garantizará la atención durante cualquier proceso de transición y cómo se responderá por las obligaciones acumuladas.
La discusión adquiere especial relevancia por el peso que tienen algunas de las entidades actualmente sometidas a medidas especiales dentro del sistema. Entre las EPS intervenidas figuran entidades como Nueva EPS, Emssanar, Asmet Salud y Savia Salud, entre otras, cada una con situaciones administrativas y financieras particulares.
Por ello, el Gobierno deberá establecer caso por caso cuáles tienen capacidad real de recuperación y cuáles no cumplen las condiciones para continuar. No se trata solamente de determinar si una EPS presenta problemas financieros. La evaluación tendrá que considerar su capacidad para garantizar servicios, responder a sus afiliados, cumplir con sus obligaciones y operar bajo un esquema que resulte sostenible.
El anuncio realizado en Mompox tiene además una lectura regional. La Costa Caribe enfrenta condiciones diferentes a las de las grandes capitales del país: dispersión poblacional, dificultades de acceso en zonas rurales, menor disponibilidad de especialistas y diferencias en infraestructura y capacidad hospitalaria.
Precisamente, el presidente De la Espriella sostuvo que la financiación del sistema deberá calcularse con criterios técnicos y teniendo en cuenta las diferencias territoriales. “Prestar servicios de salud en una gran ciudad no cuesta lo mismo que hacerlo en una zona apartada del país”, afirmó.
El planteamiento abre una discusión especialmente relevante para departamentos como Bolívar, Sucre, Córdoba, Magdalena, Cesar y La Guajira, donde cualquier modificación en el esquema de aseguramiento tendrá que considerar las particularidades territoriales.
La pregunta para millones de usuarios será entonces qué ocurrirá con sus servicios si una EPS es liquidada, trasladada o sometida a un nuevo esquema de operación.
El Gobierno también anunció que pretende modificar el enfoque de la política sanitaria, dando mayor importancia a la prevención y la atención primaria. La intención, según el Presidente, es que el sistema pueda intervenir antes de que las enfermedades se agraven y no concentrar la atención únicamente en hospitales y servicios de alta complejidad.
A esto se suman tres compromisos planteados durante la cumbre: mejores controles sobre los recursos públicos destinados a la salud, condiciones dignas para los profesionales del sector y una lucha frontal contra la corrupción.
La ministra de Salud, Ana María Vesga, quedó encargada de avanzar en la estrategia para enfrentar la situación del sistema. De acuerdo con el mandatario, durante los primeros 30 días de la nueva administración ya se han producido soluciones y el Gobierno continuará trabajando en esa dirección.
El anuncio de Mompox abre una nueva fase para las EPS intervenidas. El Gobierno ya fijó la ruta política: recuperar las entidades viables y liquidar ordenadamente aquellas que no puedan garantizar su funcionamiento.
Ahora viene la parte más compleja: convertir el anuncio en decisiones concretas sin que los pacientes terminen pagando los costos de la transición. El verdadero indicador de éxito no será únicamente cuántas EPS continúan operando o cuántas son liquidadas. Será determinar si los usuarios reciben oportunamente sus medicamentos, procedimientos y tratamientos; si hospitales y clínicas reciben respuesta a sus obligaciones y si el sistema logra recuperar la confianza de los colombianos.
La crisis de las EPS intervenidas entra así en una etapa decisiva. Y para los afiliados, la pregunta ya no es solamente qué entidades sobrevivirán, sino cómo cambiará su atención en salud mientras el Gobierno decide quién continúa y quién sale del sistema.
