La designación de Karina Margarita Vásquez Buelvas como notaria interina sexta de Cartagena, oficializada mediante el Decreto 0706 del 7 de julio de 2026 por el Ministerio de Justicia, trascendió el ámbito administrativo para convertirse en un nuevo foco de confrontación política en la capital de Bolívar.
Aunque jurídicamente se trata de un nombramiento interino dentro de las facultades del Gobierno Nacional, el contexto en el que ocurre ha provocado cuestionamientos que van mucho más allá del perfil profesional de la funcionaria. La decisión fue adoptada cuando restaban pocas semanas para el fin del gobierno del presidente Gustavo Petro y apenas días antes de la posesión del presidente electo, Abelardo De la Espriella, prevista para el próximo 7 de agosto. En política, el momento suele ser tan importante como la decisión misma.
Diversos sectores políticos de Cartagena consideran que la designación no puede analizarse de forma aislada. Para sus críticos, representa un movimiento estratégico del gobierno saliente en una ciudad donde ya comienzan a configurarse las alianzas con miras a las elecciones regionales de 2027.
Las críticas apuntan principalmente a los presuntos vínculos políticos y familiares de la nueva notaria con dirigentes cercanos al Pacto Histórico, especialmente con el exrepresentante a la Cámara Fernando Niño, una figura que ha mantenido influencia dentro del sector petrista en Bolívar.
Según quienes cuestionan el nombramiento, la cercanía entre Karina Margarita Vásquez y ese sector político alimenta la percepción de que algunos cargos públicos continúan siendo utilizados como espacios de influencia política, aun cuando la función notarial debería estar regida exclusivamente por criterios técnicos y de confianza institucional.
El debate cobra una dimensión adicional porque Fernando Niño fue uno de los nombres mencionados por el entonces candidato presidencial Abelardo De la Espriella dentro del listado de personas que, según él, debían ser objeto de especial vigilancia por parte de los organismos electorales durante la segunda vuelta presidencial.
En ese momento, De la Espriella pidió a la Fiscalía, la Procuraduría, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría reforzar los controles frente a eventuales delitos electorales. Fernando Niño rechazó públicamente esas acusaciones y negó cualquier participación en actividades irregulares.
Aunque esos señalamientos nunca constituyeron una condena judicial, el antecedente político vuelve a aparecer ahora como uno de los argumentos utilizados por quienes consideran inconveniente el reciente nombramiento. Otro de los aspectos que alimenta la controversia es el entorno familiar de la nueva notaria.
Sus críticos recuerdan que Karina Margarita Vásquez es hermana del dirigente político José Julián Vásquez, quien durante la administración del exalcalde Manuel Vicente «Manolo» Duque fue considerado uno de los hombres con mayor influencia política en el Distrito.
José Julián Vásquez fue investigado dentro del proceso relacionado con el escándalo de la elección de la entonces contralora distrital, caso que tuvo amplia repercusión nacional. Es importante precisar que dichos procesos corresponden a responsabilidades individuales y no constituyen, por sí mismos, un elemento que comprometa jurídicamente a la nueva funcionaria, sin embargo, en el escenario político las relaciones familiares suelen convertirse en un factor de debate público, especialmente cuando coinciden con decisiones de alto impacto institucional.
La discusión no parece centrarse únicamente en quién ocupará temporalmente la Notaría Sexta. El verdadero interrogante gira alrededor del uso de los nombramientos públicos durante los periodos de transición presidencial.
Para algunos sectores, el Gobierno Petro está ejerciendo una competencia legal antes de concluir su mandato. Para otros, estas decisiones consolidan cuotas de poder que podrían proyectarse hacia las próximas elecciones locales en Cartagena y Bolívar. Esa diferencia de interpretaciones refleja una constante en la política colombiana: decisiones formalmente legales que terminan siendo evaluadas bajo criterios de oportunidad política.
Mientras no exista un cuestionamiento judicial sobre el nombramiento, la controversia permanecerá en el terreno político y es precisamente allí donde este episodio adquiere mayor relevancia: no por la naturaleza del decreto en sí mismo, sino porque vuelve a poner sobre la mesa una discusión recurrente en Colombia sobre la independencia de las instituciones, la influencia de las redes políticas y el alcance de las decisiones adoptadas por los gobiernos en sus últimos días de mandato.
