El asesinato del gobernador indígena Julián Mauricio Gutiérrez Grajales, autoridad del resguardo Kwesx Yu Kiwe, profundizó la preocupación por la creciente violencia que enfrentan los pueblos indígenas y los líderes sociales en el suroccidente colombiano.
El dirigente falleció en un centro asistencial como consecuencia de las graves heridas sufridas durante un ataque sicarial ocurrido en un establecimiento comercial del municipio de Florida (Valle del Cauca). En el atentado también murieron Daniel Machín, integrante de su esquema de protección, y el comunero indígena Haminton Daniel, mientras otra persona resultó herida.
La Fiscalía General de la Nación y la Policía Judicial adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen e identificar tanto a los autores materiales como a los determinadores del ataque.
El crimen ha sido rechazado por organizaciones indígenas y defensoras de derechos humanos, que lo consideran una evidencia del alto nivel de riesgo que enfrentan las autoridades ancestrales en regiones donde operan estructuras armadas ilegales.
De acuerdo con Leonardo González, director de Indepaz, con este homicidio ya son 88 los líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia durante 2026, mientras que el ataque corresponde a la masacre número 78 del año, cifras que reflejan la persistencia de la violencia contra quienes ejercen liderazgo en los territorios.
La Defensoría del Pueblo había advertido, mediante la Alerta Temprana 002 de 2025 y su Informe de Seguimiento 021 de 2026, sobre el elevado riesgo que enfrentaban las comunidades indígenas del sur del Valle del Cauca debido a la presencia y disputa territorial de estructuras armadas ilegales.
Según los organismos de monitoreo, en la región tienen influencia grupos como el Frente Dagoberto Ramos, el Frente Adán Izquierdo, el Frente 57 Yair Bermúdez y otras organizaciones criminales, que se disputan corredores estratégicos utilizados para actividades relacionadas con el narcotráfico y otras economías ilícitas.
Tras el asesinato, organizaciones sociales e indígenas exigieron al Estado fortalecer las medidas de protección para los líderes comunitarios y esclarecer si existieron fallas en los mecanismos de prevención, pese a las alertas emitidas por las autoridades.
