La Gran Vía fue presentada como una de las obras estratégicas para mejorar la movilidad del Atlántico, pero la segunda fase del proyecto terminó convertida en otro ejemplo de los problemas que pueden surgir cuando una obra pública acumula retrasos, modificaciones y nuevas exigencias presupuestales.
La cifra que obliga a mirar el proyecto con atención es concreta: $3.650 millones adicionales y una nueva prórroga hasta el 30 de septiembre de 2026. La fecha original de terminación era septiembre de 2024. Es decir, dos años después de lo previsto, la obra todavía no está terminada y ya tiene una cuarta fecha contractual.
El problema no es simplemente que una obra se demore. En infraestructura pública pueden aparecer dificultades técnicas, geotécnicas, interferencias con redes de servicios públicos o ajustes de diseño que hagan necesario modificar los cronogramas. El verdadero problema aparece cuando esas circunstancias se convierten en una constante y el ciudadano termina asumiendo las consecuencias mediante más tiempo de espera y mayores costos de ejecución.
En este caso, Edubar justificó la nueva prórroga en dificultades relacionadas con las redes de acueducto y energía, modificaciones en el diseño de una rotonda y condiciones geotécnicas encontradas durante la construcción del deprimido. Son explicaciones que deben ser revisadas técnicamente y documentadas, pero no pueden convertirse en una respuesta automática frente a cada nuevo incumplimiento del cronograma.
Además, existe un elemento que merece especial atención: las cifras de avance no parecen coincidir plenamente entre los diferentes informes. Mientras el contratista reportó un avance acumulado de 91,57% al 31 de mayo y la interventoría señaló 91,74% al 30 de junio, Edubar informó posteriormente un avance de 88,40 % al 14 de julio.
Una diferencia de esta naturaleza merece una explicación pública clara. Los ciudadanos tienen derecho a conocer cuál es el avance físico real de la obra, qué actividades faltan, cuánto tiempo requiere cada una y por qué los porcentajes reportados no coinciden.
También resulta necesario mirar el asunto desde la responsabilidad institucional. La contratación pública no termina con la adjudicación de un contrato. Supervisar, anticipar riesgos, exigir cronogramas realistas y tomar decisiones oportunas también hace parte de la gestión pública.
La segunda fase de la Gran Vía fue adjudicada por $94.720 millones y, con la nueva adición, alcanza los $98.371 millones. Se trata de recursos públicos que deben estar acompañados no solo de resultados físicos, sino también de transparencia, planeación y rendición de cuentas.
Hay que reconocer que la nueva adición utiliza recursos de regalías que ya estaban disponibles dentro del proyecto y que provenían del saldo generado porque la oferta ganadora fue inferior al presupuesto oficial. Eso evita presentar el incremento como si necesariamente se tratara de nuevos recursos obtenidos de otra fuente. Pero esa precisión no elimina la pregunta fundamental: ¿por qué una obra que debía terminar en 2024 todavía necesita plazo y recursos adicionales en 2026?
La respuesta no puede reducirse a señalar al contratista. También debe involucrar a quienes diseñaron, contrataron, supervisaron y ejecutaron el proyecto. La ciudadanía del Atlántico no necesita más anuncios sobre la Gran Vía. Necesita que la obra se termine.
El 30 de septiembre de 2026 debe ser mucho más que una nueva fecha escrita en un documento contractual. Debe convertirse en el límite que obligue a todos los responsables a entregar resultados verificables. Si existen actividades pendientes, deben conocerse públicamente. Si existen riesgos de nuevos retrasos, deben explicarse antes de que ocurra otro vencimiento. Y si la obra finalmente se entrega, la administración deberá informar con precisión cuánto terminó costando, qué modificaciones fueron necesarias y por qué fueron necesarias.
La Gran Vía debe ser terminada, pero también debe dejar una lección: la infraestructura pública no se mide únicamente por los kilómetros construidos o las obras inauguradas, sino por la capacidad del Estado para planear, contratar, controlar y entregar a tiempo aquello que se financia con recursos de todos.
El ciudadano que soporta los trancones, las intervenciones y las demoras no tiene por qué convertirse en rehén permanente de los cronogramas de una obra pública. Ahora corresponde cumplir.
