Veintidós días no bastan para evaluar un gobierno de cuatro años, pero sí para saber hacia dónde apunta. Y en seguridad, Abelardo De la Espriella ya dejó clara su decisión: recuperar la iniciativa del Estado, fortalecer a la Fuerza Pública y perseguir de frente a las organizaciones criminales.
El giro comenzó con el cambio de la cúpula militar y policial y con una orden clara: perseguir a los grupos criminales, golpear sus economías ilegales y recuperar territorios donde el Estado ha perdido autoridad.
Los primeros resultados están sobre la mesa. Según el balance del Gobierno, desde el 7 de agosto se han producido 8.424 capturas, 21 cabecillas impactados y 31.174 kilogramos de estupefacientes incautados, entre ellos 13.669 kilos de cocaína.
Las cifras deben analizarse con rigor y no pueden confundirse con una victoria definitiva. Pero sí muestran un cambio de orientación. El Gobierno quiere que las organizaciones criminales sepan que vuelven a estar en la mira del Estado.
La extradición también recuperó protagonismo. El presidente reportó inicialmente 41 autorizaciones durante sus primeros días, mientras que el balance de los 22 días habló de más de 30 extradiciones firmadas. Más allá de las diferencias entre los cortes de información, el mensaje es claro: el narcotráfico vuelve a ser enfrentado con una herramienta que golpea a sus integrantes más allá de las fronteras nacionales.
El caso de alias “Fantasma”, solicitado por Estados Unidos y capturado mediante una operación coordinada entre la Policía, la Fiscalía y la DEA, demuestra además que la lucha contra el crimen organizado requiere cooperación internacional.
Y aquí está un punto fundamental: las organizaciones criminales no viven solamente de las armas. Se sostienen con dinero, rutas, redes logísticas, lavado de activos, minería ilegal, narcotráfico y estructuras de apoyo. Por eso, capturar personas es apenas una parte de la batalla. Hay que desmontar el negocio criminal. Pero tampoco hay que caer en triunfalismos.
La seguridad no se mide únicamente por capturas, incautaciones o cabecillas neutralizados. Se mide en la vida diaria de los ciudadanos. En el comerciante que deja de pagar extorsión. En el ganadero que puede movilizar su ganado sin miedo al abigeato. En el campesino que trabaja su tierra sin pagarle tributo a un grupo armado. En el transportador que puede recorrer las carreteras sin amenazas. Y en la familia que vuelve a dormir tranquila. Ahí está la verdadera prueba.
Colombia ya ha vivido muchas ofensivas que producen resultados iniciales y después pierden fuerza. Se captura a un jefe y aparece otro. Se desarticula una estructura y otra ocupa el territorio. Se incauta un cargamento mientras otros continúan circulando.
Por eso, el verdadero desafío del Gobierno no es solamente sacar al criminal. Es impedir que otro ocupe su lugar y para lograrlo no basta con soldados y policías. Se necesita inteligencia, justicia, presencia institucional y capacidad para perseguir las finanzas criminales. También se necesitan vías, educación, salud y oportunidades económicas. Allí donde el Estado aparece únicamente para realizar una operación y luego se retira, el vacío termina siendo ocupado nuevamente.
El Gobierno de De la Espriella ha marcado distancia frente al enfoque de seguridad que predominó durante la administración anterior y ha colocado nuevamente la autoridad, la Fuerza Pública, la inteligencia y la persecución judicial en el centro de la estrategia. Es un giro importante, pero todavía es apenas el comienzo.
Los próximos cuatro años demostrarán si esta ofensiva se convierte en una verdadera política de Estado o si termina siendo una sucesión de operaciones y estadísticas. El presidente puede mostrar sus primeros resultados. Y debe hacerlo. Pero los ciudadanos también tienen derecho a exigir que esos resultados se traduzcan en seguridad real y permanente.
Porque el objetivo final no es llenar un informe de capturas. El objetivo es recuperar el territorio y mantenerlo. Que donde antes mandaba el criminal vuelva a mandar la ley. Que donde había miedo exista autoridad. Que donde había extorsión exista libertad. Y que donde el Estado estuvo ausente, finalmente permanezca.
La seguridad volvió al centro de la agenda nacional. Ahora viene la parte difícil: demostrar que el Estado puede ganar la batalla y quedarse con la victoria. Porque capturar es importante. Desarticular es fundamental. Pero recuperar el territorio y devolverle la tranquilidad al ciudadano será la verdadera victoria.
