Hay algo más preocupante que un gobierno con mucho poder: una prensa que deje de ejercer el suyo. Cuando el llamado cuarto poder renuncia a vigilar al gobernante de turno, la democracia pierde uno de sus principales contrapesos. Y cuando la prensa deja de incomodar al poder, surge una pregunta: ¿La pauta publicitaria es simplemente una relación comercial o existe el riesgo de que termine condicionando la independencia editorial?
No estamos afirmando que exista una directriz oficial para silenciar, condicionar o favorecer a determinados medios de comunicación. Tampoco que todos los medios respondan de la misma manera frente al poder político o que la pauta institucional determine necesariamente sus contenidos. Pero sí existe una percepción ciudadana que ha comenzado a generar preguntas y que, precisamente por tratarse de asuntos relacionados con la independencia de la prensa, merece ser examinada con seriedad, transparencia y sin prejuicios.
Porque el debate no debería centrarse únicamente en quién pauta, cuánto pauta o qué medio recibe publicidad oficial. La verdadera discusión está en determinar si esas relaciones comerciales pueden, o no, terminar influyendo en la agenda informativa, en la selección de los temas, en la intensidad de las investigaciones o en aquello que eventualmente deja de ocupar espacio en los medios.
No se trata de señalar culpables sin pruebas. Se trata de hacer una pregunta que toda sociedad democrática tiene derecho a formular: ¿hasta dónde llega la relación comercial entre los medios y las instituciones y dónde comienza la obligación de preservar, por encima de cualquier interés, la independencia editorial?
En redes sociales, algunas páginas y ciudadanos han comenzado a cuestionar la cercanía de determinados medios con la administración de Dumek Turbay y han utilizado expresiones como “medios aliados”. Son señalamientos que deben probarse, contrastarse y documentarse. No pueden convertirse automáticamente en verdades. Pero tampoco deberían ser ignorados cuando lo que está en juego es la independencia de la prensa.
Es precisamente aquí donde el episodio relacionado con el comunicador social Jovanny Bustos Cortés vuelve a poner el debate sobre la mesa. 724 Noticias fue el medio que destapó inicialmente el caso relacionado con el diploma falso de la exreina, modelo y actriz, Yeimy Paola Vargas y puso la información en circulación. La respuesta de la audiencia fue contundente: la publicación alcanzó una alta cantidad de visualizaciones y las métricas registraron un crecimiento extraordinario.
Sin embargo, ese interés ciudadano por el hallazgo inicial no tuvo un eco proporcional entre otros medios y colegas. Y aquí aparece una pregunta incómoda, pero legítima: ¿será que alguien les prohibió sacar la noticia?
No estamos afirmando que alguien haya impartido una orden. Estamos preguntando por qué un asunto de evidente interés público, que despertó una respuesta considerable de los lectores, no encontró entonces la misma capacidad de reproducción en buena parte del ecosistema mediático.
La dinámica cambió cuando El Universal publicó que la Fiscalía señalaba a Bustos Cortés como “autor intelectual” o “cerebro” del hecho, en el contexto de la actuación judicial contra varios de los implicados. Entonces sí ocurrió lo que pocas veces había ocurrido con el hallazgo inicial: la versión corrió como pólvora y fue replicada masivamente. ¿Quién dio la orden?
La pregunta, insistimos, no constituye una acusación. Es una interrogante periodística frente a un comportamiento mediático que merece explicación. Después vino una precisión que cambió el panorama. La Fiscalía aclaró que no había señalado a Bustos Cortés como autor intelectual, y algunos medios que habían difundido esa versión tuvieron que rectificar por orden judicial.
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Y aquí el asunto deja de ser únicamente un episodio mediático para convertirse también en una discusión sobre responsabilidad periodística, verificación de fuentes y derecho a la rectificación.
Aquí no se trata de defender a Bustos Cortés. Tampoco de atribuir responsabilidades que corresponden exclusivamente a las autoridades judiciales. Se trata de algo mucho más elemental para el periodismo: ¿Cómo se construyó, cómo se verificó y cómo se difundió una información de semejante impacto? Y hay un contraste que resulta difícil ignorar:
¿Por qué el hallazgo del diploma falso en el IPCC despertó semejante interés entre los lectores y medios nacionales, pero tuvo tan poco eco en otros medios de Cartagena, mientras que el señalamiento contra una persona determinada —que posteriormente fue aclarado por la Fiscalía— encontró una capacidad de reproducción inmediata?
Preguntamos. ¿Influyeron intereses políticos o comerciales? ¿Existió algún tipo de presión? ¿Hubo autocensura? ¿Simplemente obedeció a criterios editoriales diferentes? Son preguntas que pueden incomodar. Precisamente por eso deben hacerse.
- Cuando la pauta se convierte en poder
Las entidades tienen derecho a contratar publicidad institucional. Los medios tienen derecho a recibirla. Es una relación comercial legítima. Pero existe una línea que no debería cruzarse jamás: la pauta no puede convertirse en una moneda de cambio para la independencia editorial.
La publicidad oficial debe servir para informar a los ciudadanos sobre programas, servicios, campañas y decisiones de interés público. No para determinar qué se investiga, qué se publica, qué se cuestiona o qué se deja de publicar. Porque si la pauta llegara a utilizarse como mecanismo de influencia sobre la línea editorial, dejaría de ser simplemente publicidad. Se convertiría en poder.
Un medio de comunicación no debería preguntarse primero: “¿Esto le gustará al gobierno?” Debería preguntarse: “¿Esto es cierto? ¿Está verificado? ¿Es relevante para Cartagena?” Esa debería ser la primera regla.
El cuarto poder no está para agradar. La prensa no está para proteger a los funcionarios. Tampoco para perseguirlos. Está para vigilarlos. Para reconocer sus aciertos, cuestionar sus decisiones, investigar sus actuaciones y publicar aquello que sea de interés público, incluso cuando resulte incómodo para quienes ejercen el poder.
Porque el periodismo que solo publica lo que agrada al gobernante deja de ser contrapoder y empieza a convertirse en parte del poder que debería vigilar. Cartagena necesita mas medios independientes.
Cuestionar la relación entre pauta e independencia editorial no significa afirmar que toda contratación publicitaria sea irregular, ni que recibir publicidad oficial convierta automáticamente a un medio en aliado del gobierno. El problema aparece cuando la sociedad empieza a preguntarse si existe una relación entre lo que se pauta y lo que se publica.
Porque cuando la pauta comienza a generar dudas sobre la independencia, ya no estamos hablando solamente de publicidad. Estamos hablando de poder, de silencios y de la capacidad de la prensa para ejercer su función de contrapeso y cuando el llamado cuarto poder deja de incomodar al poder, la pregunta deja de ser retórica y se convierte en una obligación democrática: ¿Quién vigila al que gobierna?
Porque un gobierno sin una prensa que lo cuestione puede terminar escuchándose únicamente a sí mismo y una prensa que deja de preguntar, investigar y confrontar al poder pierde precisamente aquello que le da sentido: su independencia.
La respuesta no puede ser el silencio. La pauta se contrata. La línea editorial no se compra. La independencia no se negocia. Y la verdad, definitivamente, no se pauta.
