La Alcaldía de Cartagena quedó nuevamente bajo la lupa de la justicia. El Juzgado Sexto Civil Municipal de Cartagena requirió al alcalde Dumek Turbay Paz y al secretario de Infraestructura Distrital, Wilmer Iriarte Restrepo, dentro del trámite que reclama el incumplimiento de una sentencia de tutela relacionada con información solicitada a la administración distrital.
La decisión fue adoptada este 29 de septiembre de 2026, dentro del proceso identificado con el radicado 13-001-40-03-006-2026-00949-00, promovido por el ingeniero Álvaro González Álvarez contra el Distrito de Cartagena – Secretaría de Infraestructura Distrital.
El punto central de la controversia es una sentencia de tutela del pasado 18 de septiembre, mediante la cual el juzgado amparó los derechos invocados por González Álvarez y ordenó a la Secretaría de Infraestructura entregar una respuesta clara, oportuna, de fondo y congruente a las solicitudes presentadas el 11 de agosto de 2026, además de acreditar su efectiva notificación.
Según lo expuesto ante el juzgado, esa orden no habría sido cumplida de manera integral. González Álvarez sostiene que la respuesta entregada por la administración no habría atendido de fondo las solicitudes formuladas, razón por la cual promovió el correspondiente trámite de incidente de desacato.
La reacción judicial fue inmediata. El Juzgado Sexto Civil Municipal decidió requerir al alcalde Dumek Turbay para que, en su condición de máxima autoridad distrital, vigile el cumplimiento de la orden judicial. La providencia advierte además que, en caso de que el mandatario no cumpla con sus funciones de vigilancia, deberá abrirse el respectivo proceso disciplinario contra el secretario de Infraestructura, Wilmer Iriarte Restrepo.
El secretario también fue requerido directamente por el despacho judicial para que explique las razones por las cuales, según lo manifestado por González Álvarez, no se habría dado cumplimiento a la sentencia del 18 de septiembre.
La controversia judicial se produce en medio de los cuestionamientos que el propio González Álvarez ha venido formulando alrededor de la información técnica y contractual relacionada con las obras para el control de inundaciones en Bocagrande y Castillogrande, un proyecto de alto valor económico que 724 | Noticias ha venido siguiendo y que está relacionado con procesos contractuales cercanos a los $165.000 millones.
En publicaciones anteriores, González Álvarez ha cuestionado aspectos de los estudios, diseños y documentos asociados al proyecto y ha planteado interrogantes sobre la contratación y las empresas que participaron en los diferentes procesos.
Ahora el escenario cambia porque la discusión llegó nuevamente a los estrados judiciales, esta vez alrededor del cumplimiento de una orden de tutela. El juez deberá establecer, a partir de las explicaciones de los funcionarios y de los elementos que reposan en el expediente, si efectivamente existió un incumplimiento de la decisión judicial y cuáles serían sus consecuencias.
El auto ordena notificar a las partes de manera expedita y eficaz, por lo que tanto el alcalde como el secretario de Infraestructura deberán atender el requerimiento judicial dentro del trámite correspondiente.
Mientras el despacho avanza en el trámite, la atención queda concentrada en las respuestas que deberán entregar Dumek Turbay Paz y Wilmer Iriarte Restrepo, en un caso que combina control judicial, derecho ciudadano de petición y cuestionamientos sobre información relacionada con uno de los proyectos de infraestructura de gran cuantía.
