La Fundación para la Libertad de Prensa cuestionó las dificultades que enfrentan periodistas y ciudadanos para acceder a información pública de la Alcaldía de Cartagena y pidió al gobierno de Dumek Turbay garantizar respuestas oportunas y de fondo.
Cartagena. El debate por el acceso a la información pública en Cartagena vuelve a quedar en el centro de la discusión, luego de que la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresara su preocupación por las dificultades que, según la organización, han enfrentado periodistas y medios de comunicación para obtener información en poder de la administración distrital.
En una comunicación dirigida al alcalde Dumek Turbay Paz, la FLIP calificó como grave y desproporcionada la situación denunciada y reclamó garantías efectivas para el ejercicio del periodismo y el acceso ciudadano a la información pública.
La organización hizo un llamado directo a la Alcaldía para que garantice el derecho de acceso a la información y el derecho de petición, y adopte las medidas necesarias para evitar que periodistas y ciudadanos tengan que acudir de manera reiterada a acciones de tutela para obtener respuestas que, por mandato legal, deberían ser entregadas oportunamente.
El pronunciamiento pone nuevamente sobre la mesa una discusión fundamental para la democracia local: ¿por qué un periodista tendría que acudir a un juez para conseguir información que debería estar disponible o ser suministrada por una entidad pública?
La FLIP recordó que las autoridades tienen el deber de responder las solicitudes de manera oportuna, clara, precisa, congruente y de fondo, bajo los principios establecidos en la Ley 1712 de 2014, entre ellos la transparencia, la máxima publicidad, la facilitación y la celeridad.
La organización también advirtió sobre el impacto que esta situación puede generar en el ejercicio periodístico. De acuerdo con el caso expuesto por Pluralidad Z, el medio habría tenido que acudir en 16 oportunidades a la acción de tutela durante 2026 para reclamar la protección de su derecho fundamental.
Para la FLIP, esa recurrencia merece especial atención porque la tutela es un mecanismo excepcional de protección de derechos fundamentales y no debería convertirse en el procedimiento ordinario mediante el cual periodistas y ciudadanos obtengan respuestas de la administración.
El planteamiento adquiere mayor relevancia porque el acceso a la información pública no es un privilegio de los periodistas. Es un derecho ciudadano que permite ejercer control sobre las actuaciones de las instituciones y conocer cómo se administran los recursos y asuntos de interés público. La propia Defensoría del Pueblo reconoce la existencia de un marco constitucional y legal específico para garantizar este derecho.
- La Defensoría también puso la lupa
A este escenario se suma la intervención de la Defensoría del Pueblo, que habría solicitado al alcalde de Cartagena adelantar las actuaciones administrativas necesarias frente a la situación denunciada y atender oportunamente las solicitudes de información.
El llamado de la entidad apunta a prevenir posibles vulneraciones de derechos fundamentales y a garantizar que las solicitudes presentadas por periodistas y ciudadanos reciban el trámite correspondiente.
No se trata, por tanto, solamente de una discusión entre medios de comunicación y funcionarios públicos. El asunto involucra derechos fundamentales, transparencia institucional y la posibilidad de que la ciudadanía conozca información relacionada con la gestión de sus gobernantes.
La FLIP, además, tiene antecedentes de pronunciamientos sobre actuaciones del alcalde Dumek Turbay frente a periodistas y medios de Cartagena. En octubre de 2024, la organización cuestionó el uso de acciones constitucionales contra periodistas que habían publicado contenidos críticos sobre su administración y señaló preocupaciones relacionadas con libertad de expresión y libertad de prensa.
En una democracia, el gobierno no está obligado a gustarle al periodismo, pero sí está obligado a responderle cuando la ley así lo exige. Y el periodista tampoco está obligado a elogiar al gobierno para ejercer su oficio.
La verdadera prueba para Cartagena de Indias será determinar si el acceso a la información pública funciona como un derecho efectivo o si, por el contrario, ciudadanos y periodistas terminan dependiendo de los jueces para conseguir respuestas de las entidades que administran lo público.
Cuando preguntar se convierte en una batalla judicial, la discusión deja de ser solamente entre un periodista y una Alcaldía: pasa a involucrar el derecho de toda una sociedad a saber qué hacen sus gobernantes.
