El brigadier general Federico Alberto Mejía Torres aparece en el Decreto 1591 del 22 de octubre de 2026, que contempla su ascenso al grado de mayor general a partir del próximo 1 de diciembre. La promoción se conoce mientras el oficial enfrenta un proceso penal por presuntas irregularidades relacionadas con la captura y posterior liberación de un hombre en el Cauca. La Fiscalía le imputó cuatro delitos, cargos que el uniformado no aceptó.
El nombre del brigadier general Federico Alberto Mejía Torres quedó incluido en la lista de oficiales contemplados para ascender a los más altos grados de la carrera militar, una decisión que adquiere especial relevancia por el proceso penal que enfrenta ante la justicia colombiana.
El Decreto 1591 del 22 de octubre de 2026 contempla su promoción al grado de mayor general desde el próximo 1 de diciembre. Mejía integra el grupo de 18 oficiales que serían promovidos a mayor general o vicealmirante, en una decisión que pone bajo atención pública su situación judicial y su futuro dentro de las Fuerzas Militares.
El proceso contra el oficial está relacionado con hechos ocurridos en enero de 2024, cuando un hombre fue capturado en el corregimiento de El Plateado, jurisdicción del municipio de Argelia, Cauca, y posteriormente habría sido devuelto a esa población junto con la sustancia que le había sido incautada.
Por este caso, la Fiscalía le imputó cuatro delitos: prevaricato por acción, favorecimiento, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. El general no aceptó los cargos, por lo que las acusaciones deberán ser examinadas en el marco del proceso judicial correspondiente.
La investigación se concentra, entre otros aspectos, en las decisiones adoptadas después del procedimiento de captura y en los informes elaborados para documentar lo sucedido.
El expediente también puso bajo escrutinio la actuación de otros integrantes de la institución. De acuerdo con la información conocida sobre el caso, 36 militares habrían tenido algún grado de participación en el traslado y la posterior liberación del capturado, un elemento que amplía el alcance de las indagaciones sobre lo ocurrido.
Federico Mejía estuvo al frente de operaciones militares contra estructuras armadas ilegales en el departamento del Cauca, especialmente en la región del Cañón del Micay, donde las Fuerzas Militares concentraron acciones contra las disidencias de las FARC.
Su trayectoria operacional y su posible ascenso adquieren ahora una dimensión adicional por la investigación penal en curso. Sin embargo, la imputación de cargos no equivale a una condena y el oficial conserva la presunción de inocencia mientras la justicia no determine su responsabilidad.
La inclusión de su nombre en el decreto abre un nuevo capítulo en torno a su carrera militar, mientras avanza el proceso que busca esclarecer las circunstancias de la captura, las decisiones posteriores y la presunta intervención de los uniformados involucrados.
- Los oficiales incluidos en el decreto
Además de Mejía Torres, la relación de oficiales contemplados para ascender incluye a Óscar Leonel Murillo Díaz, Javier Hernando Africano López, Carlos Ernesto Marmolejo Cumbe, Rodolfo Morales Franco, Edilberto Cortés Moncada, Carlos Alberto Padilla Cepeda, Gerardo Ortiz Ramírez, Yor William Cotua Muñoz, Eduardo Alberto Arias Rojas, Luz Adriana Tabares Trujillo, José Benjamín Perdomo Álvarez, Wilson Mauricio Martínez Londoño, Víctor Alexander Celis Herrera, Gustavo Adolfo Ramírez Gómez, Danysh Adey Forero Camacho y Alejandro Vélez Ospina. También figura el contralmirante Omar Yesid Moreno Oliveros.
La promoción de los oficiales está prevista para el primero de diciembre, conforme a lo contemplado en el decreto. En el caso de Mejía, su eventual ascenso coincide con un proceso judicial que mantiene bajo atención las actuaciones desarrolladas durante un operativo militar en el suroccidente del país.
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El desenlace judicial será determinante para establecer si existió responsabilidad penal en los hechos investigados. Mientras tanto, su inclusión en la lista de ascensos mantiene el caso en el centro del debate sobre la carrera militar y los procedimientos institucionales.
