En la madrugada del 20 de octubre, el Congreso terminó de votar el presupuesto de 2027. Pero el Ministerio de Hacienda no coordinó los textos: en la Cámara presentó un artículo 65, sobre coberturas petroleras, que fue aprobado por esa corporación y que era distinto del aprobado en el Senado. No hubo tiempo para conciliar las diferencias. ¿Fue solamente inexperiencia o el Gobierno prefería el presupuesto sin los cambios introducidos en el Senado?
El error dañó la aprobación del presupuesto. Había mayorías y acuerdos con el Ejecutivo. Todo ese trabajo quedó comprometido por una diferencia en un solo artículo. En 2024 criticamos a Petro por expedir por decreto el presupuesto de 2025. Que ocurra ahora no lo hace menos grave. Como sea, el Gobierno terminó decretando un presupuesto de $634,9 billones con el texto aprobado en primer debate, dejando por fuera las modificaciones aprobadas en la plenaria del Senado.
Había una alternativa jurídica distinta al decreto: sancionar la ley sin la adición controvertida y defender ante la Corte Constitucional que el eventual vicio afectaba únicamente al artículo 65. En 2024, la Corte permitió subsanar un defecto de trámite del Plan Nacional de Desarrollo de Petro. Después hizo lo mismo con la reforma pensional. Había, pues, razones para intentar preservar lo aprobado. El resultado dependía de la Corte, pero el Gobierno ni siquiera ensayó ese camino. Optó por expedir inmediatamente, mediante decreto, el texto aprobado en primer debate.
Las consecuencias son graves. Entre otras, la salud perdió $3 billones adicionales; también quedaron por fuera otros $3 billones para subsidios de electricidad y gas, así como $100.000 millones para subsidiar las tasas de interés de los créditos del Icetex. También se excluyeron recursos para la reconstrucción tras el terremoto y para obras regionales. En Santander, por ejemplo, se perdió la adición de $100.000 millones para la variante de San Gil.
Con todo, el problema fiscal es más profundo. Este presupuesto reconoce obligaciones que el proyecto de Petro no contemplaba y elimina ingresos que dependían de una reforma tributaria inexistente. Sincera la realidad fiscal y por eso lo aplaudimos. Pero es $59,3 billones más alto que el presentado por Petro y resulta absolutamente insostenible sin ajustes. Si no se hace nada, el déficit del Gobierno Nacional Central llegaría al 9,4 % del PIB en 2027.
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), encargado de hacer seguimiento a la sostenibilidad de las finanzas públicas, proyecta una deuda neta equivalente al 67,4 % del PIB para 2027 y advierte que, sin medidas de ajuste, superaría en 2028 el límite del 71 % que establece la regla fiscal. Este mecanismo legal busca evitar que el Estado gaste más de lo que recibe y establece límites al gasto público y al endeudamiento.
Ese límite busca contener una dinámica peligrosa: una deuda elevada aumenta el riesgo, encarece los nuevos préstamos y obliga a destinar más recursos al pago de intereses. Se termina pidiendo prestado para atender lo que ya se debe, mientras se estrecha el margen disponible para los demás gastos. Más plata para pagar la deuda y mucho menos para agua, justicia, salud, seguridad y vivienda.
Por eso, junto con el Centro Democrático, planteamos una proposición que exigía un plan de reducción del gasto primario equivalente a dos puntos del PIB. El Gobierno definiría los rubros, respetando las obligaciones constitucionales y legales. No era un capricho. El ministro Gómez había anunciado a finales de agosto un recorte incluso mayor: 2,2 puntos del PIB. La proposición, que contaba con apoyo mayoritario en el Senado, fue descartada después de que el Ministerio de Hacienda se opusiera vehementemente a ella.
Para facilitarle al Gobierno el ajuste estructural, el Centro Democrático presentó el 16 de septiembre un proyecto de ley que le otorgaba facultades extraordinarias para fusionar y suprimir entidades, reducir la burocracia y disminuir estructuralmente el gasto de funcionamiento. Sin embargo, hasta ahora el Gobierno tampoco ha manifestado si quiere esas facultades. La Constitución exige que las solicite expresamente. Sin esa solicitud, la propuesta no puede prosperar.
Para 2027, los intereses previstos absorberían cerca de uno de cada tres pesos de los ingresos tributarios; hace diez años, la proporción era de uno de cada seis pesos. Y el CARF calcula que el 90,7 % del gasto del Gobierno Nacional Central sería inflexible. Cuando falta caja, la inversión paga los platos rotos: se aplazan obras, se debilita el crecimiento y se recauda menos. Recortar de manera permanente el gasto prescindible ayuda a romper esa espiral y a encaminar la deuda hacia niveles más cercanos al 60 % del PIB. La responsabilidad fiscal de hoy protege la inversión de mañana.
El Gobierno ha reconocido que debe recortar el gasto. El Ministerio de Hacienda habló de un ajuste del 2,2 % del PIB y, el viernes, el vicepresidente dijo que sería de $70 billones. Sin embargo, el Gobierno se opuso a reducir un presupuesto cuyo equilibrio depende de reformas que todavía no presenta.
Los anuncios no pagan las cuentas. Tampoco las paga aplazar el servicio de la deuda. Es verdad que esta es una práctica recurrente en los últimos tiempos, pero no soluciona el problema de fondo y resulta cada vez más costosa. A principios de octubre, el Gobierno trasladó al futuro pagos de deuda por $14,2 billones y los tenedores cobraron una tasa del 2,5 %. Esta semana hizo otra operación por $8,8 billones y ahora tuvo que pagarles el 4,5 %, además de los intereses, que están en torno al 13 %. Es decir, se consiguen alivios coyunturales, pero mediante operaciones carísimas. Y, en realidad, no sobra resaltarlo, no constituyen ningún ajuste.
La ley de rescate económico debía acompañar el debate presupuestal. Seguimos esperando su texto. Hace falta saber qué gastos desaparecerán y cuándo empezará el ahorro. El Gobierno debe radicar pronto el ajuste y recuperar las prioridades acordadas, financiándolas con recortes reales en los gastos de funcionamiento.
