Un caso que golpea la confianza en las instituciones quedó bajo la lupa de la justicia: dos integrantes de la Policía Nacional fueron judicializados por su presunta participación en una exigencia de dinero a cambio de revelar información reservada sobre una investigación por narcotráfico y un eventual procedimiento de captura con fines de extradición.
Los procesados son el subintendente Carlos Hernando Figueroa y el patrullero Teodoro Ruiz Rojas, a quienes la Fiscalía General de la Nación imputó el delito de concusión por hechos que habrían ocurrido entre el 30 de agosto y el 8 de septiembre de 2026, en Cali, Valle del Cauca.
Según la hipótesis del ente acusador, los uniformados habrían utilizado su condición de servidores públicos para presionar a un ciudadano y obtener un beneficio económico, ofreciéndole supuestamente detalles de actuaciones judiciales que se adelantarían en su contra.
Uno de los aspectos más delicados de la investigación tiene que ver con la manera en que, presuntamente, los policías habrían identificado a la persona que después abordaron.
La Fiscalía indicó que los uniformados ingresaron a un conjunto residencial del sur de Cali con el argumento de verificar una situación de posible maltrato infantil. Durante esa visita, al parecer, lograron identificar al ciudadano de su interés y obtener sus datos personales. Pero la historia no habría terminado allí.
Nueve días después, los dos policías habrían regresado al lugar y contactado nuevamente al hombre. De acuerdo con la investigación, en ese encuentro presuntamente le exigieron dinero a cambio de entregarle información reservada sobre una investigación por tráfico de estupefacientes y un posible proceso de captura con fines de extradición.
La gravedad de los hechos denunciados radica en la posible utilización de la autoridad policial y de información vinculada a actuaciones judiciales para conseguir dinero de un ciudadano.
Después de adelantar labores investigativas y recopilar elementos relacionados con el presunto comportamiento ilícito, las autoridades capturaron al subintendente y al patrullero en la estación de Policía de El Caney, en Cali.
La Fiscalía les formuló imputación por concusión, delito relacionado con el abuso de la función pública para exigir o inducir la entrega de dinero o de otra utilidad indebida. Ahora, la investigación deberá establecer qué ocurrió durante los encuentros con el ciudadano, cuál habría sido el alcance de la información que presuntamente ofrecían revelar y si los funcionarios utilizaron su posición institucional para obtener un beneficio ilegal.
El caso abre un interrogante de especial interés público: si las conductas señaladas por la Fiscalía se prueban ante los tribunales, ¿hasta dónde habría llegado el presunto aprovechamiento de la autoridad y de información reservada para obtener dinero?
