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Inicio Cartagena

¿Obras contra las inundaciones o un sistema que podría quedarse corto? Denuncian presuntas fallas en contratos por $174.952 millones en Cartagena

724 | NOTICIAS Por 724 | NOTICIAS
19 noviembre, 2026
en Cartagena, ZC
0

Una denuncia presentada ante la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía General de la Nación advierte posibles inconsistencias en los diseños hidráulicos, bombas con capacidad inferior a la proyectada y dudas sobre la participación de empresas ajenas a la contratación. Las obras buscan proteger a Bocagrande y Castillogrande, dos de los sectores más vulnerables a las inundaciones en Cartagena de Indias.


Una nueva controversia amenaza con sacudir uno de los proyectos de infraestructura más importantes y costosos de la capital de Bolívar. Una denuncia radicada el 18 de noviembre de 2026 ante la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación solicita investigar posibles irregularidades técnicas, contractuales, disciplinarias, fiscales y penales en las obras de prevención y control de inundaciones de Bocagrande y Castillogrande.

El documento pone bajo cuestionamiento dos contratos que suman inicialmente $174.952.692.344: uno de construcción por $164.863 millones y otro de interventoría por $10.089 millones. El señalamiento central es especialmente preocupante: el sistema diseñado para evacuar las aguas lluvias podría presentar deficiencias de capacidad que comprometerían su funcionamiento precisamente cuando se registren precipitaciones intensas.

La denuncia radicada por el ingeniero Álvaro González Álvarez, Ph.D., P.E., doctor en Recursos Hídricos e Ingeniería Ambiental, quien posee licencia de Ingeniero Profesional (P.E.) en los estados de Nueva York y Nueva Jersey, Estados Unido, señala posibles inconsistencias desde la etapa de diseño, decisiones técnicas que habrían sido aprobadas por la interventoría y la Secretaría de Infraestructura Distrital, así como interrogantes sobre la presencia de equipos de bombeo asociados a una empresa que no habría acreditado formalmente su vinculación contractual.

  • De 12 a 5,68 metros cúbicos por segundo: la primera gran alerta

Uno de los cuestionamientos más importantes está relacionado con el caudal de diseño utilizado para dimensionar el sistema de drenaje.

Según el denunciante, un informe hidrológico elaborado durante la preparación del proceso contractual estimó preliminarmente un caudal de escorrentía de aproximadamente 12 metros cúbicos por segundo. Sin embargo, durante la etapa de diseño, el Consorcio Protección Costera habría reducido esa estimación a aproximadamente 5,68 metros cúbicos por segundo.

  • La diferencia supera el 52%.

Para el denunciante, este cambio no aparece suficientemente explicado en las 16 actas de los comités técnicos revisadas, en las cuales no encontró evidencia de una discusión detallada sobre las razones que justificaron semejante modificación.

La preocupación es que una eventual subestimación del caudal podría traducirse en estructuras de recolección, conducción, almacenamiento y bombeo insuficientes para responder a las condiciones reales de lluvia en estos sectores de la ciudad.

El documento también cuestiona el coeficiente de escorrentía utilizado, de 0,63, al considerar que, por las características altamente urbanizadas e impermeabilizadas de la zona, debió evaluarse un valor superior, proponiendo como referencia 0,90.

  • Bombas que no alcanzarían el caudal de diseño

Pero el señalamiento más explosivo de la denuncia está relacionado con la selección de los equipos de bombeo. De acuerdo con los diseños cuestionados, se aprobaron cuatro estaciones de bombeo, cada una con una capacidad proyectada cercana a 1,42 metros cúbicos por segundo. Para ello se habría seleccionado la bomba axial BAV30MMS, suministrada por la compañía ETec.

Sin embargo, el denunciante sostiene que, al revisar la curva de operación del equipo y confrontarla con la cabeza hidráulica calculada de 9,33 metros, la bomba entregaría aproximadamente 1,18 metros cúbicos por segundo, una capacidad inferior a la establecida en el propio diseño.

  • La diferencia sería de 0,24 metros cúbicos por segundo por estación.

De confirmarse técnicamente este comportamiento bajo las condiciones reales de operación, las cuatro estaciones dejarían de evacuar conjuntamente 0,96 metros cúbicos de agua por segundo frente al caudal proyectado. En un escenario de operación continua durante una hora, esto representaría un déficit potencial de 3.456 metros cúbicos de agua.

La denuncia advierte que, si los tanques de tormenta alcanzan su capacidad máxima, el volumen que no pueda evacuarse podría terminar acumulándose en las redes y en las calles, aumentando el riesgo de empozamientos e inundaciones.

El cuestionamiento se extiende a la propia ficha comercial del fabricante, que, según el denunciante, señala un caudal máximo de 1.250 litros por segundo para el equipo seleccionado, inferior a los 1.420 litros por segundo establecidos como requerimiento de diseño.

La pregunta que ahora se plantea ante los organismos de control es directa: ¿por qué se habría aprobado una bomba cuya capacidad, según la interpretación de la curva de operación presentada en la denuncia, no alcanzaría el caudal que los propios diseñadores establecieron como necesario?

  • Tuberías bajo la lupa: velocidades superiores a las recomendadas

Las observaciones técnicas no terminan allí. El denunciante también cuestiona los diámetros de las tuberías de impulsión de 24 pulgadas y su conexión con ocho conductos de 10 pulgadas que descargarían las aguas hacia la bahía de Cartagena.

A partir de los caudales proyectados y de las dimensiones consignadas en los planos, sostiene que las velocidades del agua superarían los parámetros de referencia establecidos en el artículo 161 de la Resolución 0330 de 2017 del Ministerio de Vivienda.

En sus cálculos, la velocidad alcanzaría aproximadamente 4,04 metros por segundo en la tubería de 24 pulgadas con el caudal de la bomba seleccionada, y 4,86 metros por segundo con el caudal de diseño.

Para los ocho conductos de 10 pulgadas, las velocidades estimadas serían de aproximadamente 2,89 y 3,48 metros por segundo, respectivamente. Según la denuncia, estas condiciones podrían incrementar las pérdidas por fricción, el consumo energético y los riesgos de golpe de ariete, vibraciones y deterioro de las tuberías.

El documento también cuestiona que los planos de las estaciones de bombeo presentan inconsistencias y dificultades de interpretación en las conexiones entre sus diferentes componentes.

  • Tanques de tormenta: ¿se escogió la alternativa adecuada?

Otro aspecto que deberá ser examinado es la decisión de utilizar tuberías de fibra de vidrio reforzado de 60 pulgadas como estructuras de almacenamiento temporal de aguas lluvias, denominadas por los diseñadores como tanques de tormenta.

El denunciante considera que debió estudiarse la alternativa de utilizar estructuras tipo box culvert, argumentando que una sección de 1,5 por 1,5 metros permitiría una mayor capacidad de almacenamiento transversal que una tubería circular del mismo diámetro.

Según sus cálculos, la diferencia de área sería de aproximadamente 27%. La denuncia sostiene que en las actas de los comités técnicos revisadas tampoco encontró una justificación detallada sobre las razones técnicas, económicas y constructivas para escoger las tuberías circulares y descartar otras alternativas.

  • Equipos de una empresa que no aparecería vinculada al contrato

Uno de los capítulos que introduce nuevos interrogantes tiene que ver con la aparición de equipos de bombeo de pistón modelo ZD900, comercializados por la compañía española Ferrer Dewatering SLU. Según las fotografías y documentos citados en la denuncia, los equipos aparecen destinados a Construcsion SAS, empresa representada por Diego Armando Álvarez Hernández.

El denunciante explica que estos equipos estarían relacionados con labores de achique, desagüe y abatimiento de aguas subterráneas o del nivel freático, actividades que pueden resultar necesarias en intervenciones de esta naturaleza.

Sin embargo, asegura que, después de solicitar explicaciones al Consorcio Protección Costera, mediante una petición del 1 de septiembre de 2026, recibió una respuesta en la que no habría quedado acreditada la participación de Ferrer Dewatering SLU o Construcsion SAS como subcontratistas, proveedores o suministradores del contrato.

De allí surge uno de los interrogantes que solicita esclarecer: ¿por qué aparecen equipos adquiridos a nombre de una empresa que, según la respuesta entregada por el contratista, no tendría una vinculación contractual acreditada con el proyecto?

La denuncia relaciona este episodio con antecedentes de participación empresarial en procesos licitatorios anteriores y con la presencia de Construcsion SAS en estructuras empresariales que compartieron integrantes con compañías que posteriormente conformaron el Consorcio Protección Costera. A partir de esos movimientos, el denunciante plantea la hipótesis de una eventual participación indirecta de dicha empresa en el proyecto y solicita que se investigue si existieron acuerdos o relaciones no declaradas.

Se trata de una hipótesis que deberá ser contrastada con documentos contractuales, financieros y comerciales, sin que la información aportada permita dar por demostrada una actuación irregular o una responsabilidad empresarial.

  • Los contratos y los responsables señalados

El contrato principal de construcción fue adjudicado mediante la Resolución 10254 de 2025 al Consorcio Protección Costera, representado legalmente por Orlando Isaac Castellón Marrugo e integrado por A.M.G.O. Construcciones SAS, Solarte Nacional de Construcciones SAS, Estudios Costeros y Oceánicos SAS y Construcciones Civiles MRG SAS.

Por su parte, el contrato de interventoría fue adjudicado a la Unión Temporal Prevención CTG, representada por Julio César Bermúdez Serrano e integrada por Construproyectos del Norte SAS, MCCA SAS, AIDCON LTDA y GP Construcciones e Inversiones SAS.

La denuncia también identifica a María Patricia Porras Mendoza, secretaria General de la Alcaldía y ordenadora del gasto de los procesos; a Enovaldo de Jesús Herrera Meléndez, vinculado al apoyo de supervisión de los diseños hidrológicos e hidráulicos por parte de la Secretaría de Infraestructura; y a Alfonso de Jesús Arrieta Pastrana, relacionado con la interventoría.

Los cinco nombres aparecen en el documento como personas frente a cuyas actuaciones se solicita establecer eventuales responsabilidades, con respeto por la presunción de inocencia y el debido proceso.

  • Procuraduría, Contraloría y Fiscalía tienen la palabra

La solicitud pide a los organismos de control determinar si las situaciones descritas podrían configurar conductas como interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y acuerdos restrictivos de la competencia, además de eventuales faltas disciplinarias y responsabilidades fiscales.

El denunciante también solicita examinar el cumplimiento de los principios de planeación, economía y responsabilidad que rigen la contratación estatal. Como respaldo, aportó enlaces a estudios hidrológicos, diseños hidráulicos, fichas técnicas de las bombas, planos de las estaciones, actas de comités técnicos, respuestas a derechos de petición y documentación relacionada con los procesos publicados en el Secop.

La controversia adquiere especial relevancia porque se trata de una inversión pública multimillonaria cuyo propósito es reducir el riesgo de inundaciones en Bocagrande y Castillogrande, sectores estratégicos de Cartagena que históricamente han enfrentado dificultades por las lluvias y las condiciones hidráulicas de su entorno.

La pregunta de fondo es si Cartagena está construyendo una solución capaz de enfrentar las inundaciones o si las decisiones adoptadas durante la etapa de diseño podrían terminar comprometiendo la eficacia de una obra que cuesta cerca de $175.000 millones.

Por ahora, los señalamientos corresponden a una denuncia ciudadana y no constituyen conclusiones de la Procuraduría, la Contraloría o la Fiscalía. Corresponderá a estas entidades verificar los cálculos, contrastar los documentos, establecer si existieron fallas de diseño o supervisión y determinar si hay responsabilidades individuales o contractuales.


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Etiquetas: Bocagrande y CastillograndeCartagenaContratación públicainundaciones
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