Durante meses, el Aeropuerto Golfo de Morrosquillo fue presentado como el símbolo de una nueva etapa para el departamento de Sucre. No era una obra menor: se trataba de una apuesta estratégica para conectar al Golfo de Morrosquillo con el país y con el mundo, dinamizar el turismo, atraer inversión y, sobre todo, romper con el histórico rezago en infraestructura que ha castigado a la región. La promesa de una pista ampliada, apta para aeronaves tipo A-320, y de una terminal con estándares internacionales despertó una ilusión legítima en empresarios, hoteleros, comerciantes y ciudadanos.
Pero hoy, a pocos meses del plazo anunciado para su entrega, la incertidumbre vuelve a imponerse. Y, con ella, una sensación amarga que en Sucre se ha vuelto demasiado familiar: la de proyectos que comienzan con entusiasmo, discursos grandilocuentes y cifras millonarias, pero que terminan atrapados en el laberinto de la burocracia y la politiquería.
El Gobierno nacional destinó alrededor de 123 mil millones de pesos para la ampliación del aeropuerto. La cifra no es menor. Sin embargo, las dudas sobre la ejecución completa de las obras complementarias —franja de seguridad, sistemas hidráulicos, cerramiento perimetral— ponen en evidencia fallas de planificación que no pueden atribuirse simplemente a “imprevistos técnicos”. Cuando un proyecto de esta magnitud avanza sin garantizar integralmente los recursos necesarios para su culminación, el problema no es la lluvia ni la arqueología tardía: es la gestión.
El caso es aún más preocupante si se tiene en cuenta que la ampliación fue impulsada como una prioridad presidencial por el propio Gustavo Petro, con la intención de proyectar a Tolú como destino internacional. La ejecución recae en la Aeronáutica Civil de Colombia, entidad que asumió el compromiso de entregar las obras terminadas el 31 de julio. Sin embargo, hoy lo que se percibe no es certidumbre, sino silencio administrativo, respuestas pendientes a derechos de petición y dudas sobre si la pista ampliada podrá operar plenamente sin las obras complementarias exigidas por la normativa aeronáutica.
Aquí es donde la crítica debe ser firme, pero responsable. No se trata de desconocer avances, si los hay. Se trata de advertir que repetir errores históricos sería imperdonable. Sucre ha sido escenario de demasiados “elefantes blancos”: hospitales inconclusos, vías a medio terminar, escenarios deportivos subutilizados. La comunidad creyó —quizás por primera vez en mucho tiempo— que el aeropuerto del Golfo de Morrosquillo no seguiría ese destino; que esta vez la planificación sería rigurosa, la supervisión estricta y la ejecución transparente.
Pero la realidad empieza a parecerse peligrosamente al pasado. La entrada en vigencia de la Ley de Garantías Electorales complica eventuales adiciones presupuestales. El cambio de gobierno en el horizonte introduce incertidumbre administrativa. Y, mientras tanto, el tiempo corre. No podemos ignorar que, cuando los cronogramas se incumplen y los recursos adicionales aparecen tarde, se abre la puerta a nuevas licitaciones, modificaciones contractuales y, en el peor de los casos, a sobrecostos.
Y cuando eso ocurre, la escena se repite: entran en acción los entes de control, se anuncian investigaciones, surgen denuncias en redes sociales y aparecen los “avivatos” de siempre intentando capitalizar políticamente el tropiezo. Algunos lo harán desde la oposición, otros desde el oficialismo, pero el resultado es el mismo: la obra deja de ser un proyecto de desarrollo y se convierte en un botín narrativo.
El problema de fondo no es solo técnico ni presupuestal; es cultural e institucional. En Colombia —y especialmente en regiones históricamente relegadas— la infraestructura suele depender más del ciclo político que de la planeación estratégica de largo plazo. Se inaugura con afán, se promete con entusiasmo, pero se ejecuta con lentitud. La fotografía del primer aterrizaje importa más que la sostenibilidad operativa del aeropuerto durante los próximos veinte años.
Tolú no necesita ceremonias simbólicas ni aterrizajes para la galería. Necesita un aeropuerto funcional, seguro y competitivo. Necesita rutas reales, frecuencias estables y operadores comprometidos. Necesita que la obra se termine bien, no simplemente que se termine rápido. Y, sobre todo, necesita que la gestión pública deje de estar atravesada por cálculos electorales y agendas personales.
“Amanecerá y veremos”, dice el refrán popular. Pero ese amanecer no puede ser el de una nueva frustración colectiva. El Golfo de Morrosquillo tiene el potencial turístico y logístico para crecer. Lo que no puede seguir teniendo es la carga de una burocracia que improvisa y de una politiquería que aparece cuando el daño ya está hecho.
Si el aeropuerto logra culminarse de manera integral, con todas sus obras complementarias y los estándares exigidos, será una victoria para la región. Pero si queda a medias o entra en operación con limitaciones estructurales, será otra página triste en el libro de promesas incumplidas en Sucre.
La ciudadanía no puede resignarse a que “siempre pase lo mismo”. La vigilancia social, la exigencia de transparencia y el seguimiento riguroso deben ser constantes. Porque el desarrollo no se decreta en discursos; se construye con planificación, responsabilidad y cumplimiento.
Tolú merece despegar. Lo que está por verse es si quienes tienen el timón sabrán conducir la nave o si, una vez más, la burocracia y la politiquería dejarán el proyecto en tierra.
