El Consejo de Estado hizo lo que le ordena la Constitución: revisar si el decreto expedido por el Gobierno sobre el salario mínimo se ajustaba a lo que la Carta y la ley disponen. No podía hacer menos ni nada distinto. Hubiera prevaricado.
No se trataba, entonces, de que el alto tribunal hiciera evaluaciones económicas, consideraciones políticas o cálculos sobre el impacto electoral de su decisión. No puede. No solo no es su tarea, sino que, si lo hiciera, iría contra lo que la Constitución le ordena, desbordaría sus funciones y se politizaría, politización que sería, junto con la corrupción de sus miembros, lo peor que puede ocurrirle a un tribunal.
En democracia, las tareas, derechos y obligaciones de las instituciones y los funcionarios públicos son reglados. Es la esencia del Estado de Derecho. Las instituciones y los funcionarios no pueden hacer lo que se les antoje. Su radio de acción está claramente definido por las normas jurídicas y su ámbito de libertad es inverso al de los ciudadanos: si nosotros podemos hacer todo lo que no esté prohibido, los funcionarios públicos solo pueden hacer lo que les está expresamente permitido.
De manera que el Consejo de Estado hizo lo que debía: revisar las acciones de nulidad interpuestas contra el decreto gubernamental y fallar en derecho. Al estudiar el decreto, encontró que el monto del aumento fue caprichoso, no se ciñó a los criterios establecidos en el artículo 8 de la Ley 278 de 1996 y violó los precedentes constitucionales.
El Gobierno pretende reemplazar esos criterios objetivos legales por la idea de un “salario vital” que justificaría su aumento. Ocurre que ese criterio no está ni en la Constitución ni en la ley. Estas no hablan de “salario vital”. La referencia en la Constitución, artículo 53, a una “remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad del trabajo” es enunciativa y su contenido está por definirse. Tampoco el decreto argumenta por qué la cifra que establece constituiría un “salario vital”, ni nadie explica por qué en los años anteriores de este Gobierno no se usó esa pauta y ahora sí debe usarse.
Ahora, si el Gobierno cree que los criterios de la ley para establecer el salario mínimo son inconstitucionales, debe demandarla ante la Corte Constitucional. Lo que no puede hacer es saltarse la ley y la consecuente decisión del Consejo de Estado. No es a Petro a quien le corresponde determinar qué norma es o no inconstitucional. Y tampoco puede escoger qué sentencia cumple. A su pesar, esta sigue siendo una democracia, con división de las distintas ramas del poder público y un sistema de frenos y contrapesos institucionales.
De manera que, en lugar de asustarse con la decisión del Consejo de Estado (que, por cierto, ya había anulado un decreto sobre salario mínimo en 2017 porque Santos no había justificado adecuadamente el porcentaje escogido y el alto tribunal consideró, miren ustedes, que era muy bajo), debemos apoyarlo y defender su autonomía e independencia. Dejarlo solo es irresponsable y debilita las instituciones. Lo que ha hecho el Consejo de Estado merece aplauso y es un antecedente vital para el sistema democrático, porque reitera que ni este ni gobiernos futuros pueden actuar caprichosa o arbitrariamente: siempre deben sustentar suficientemente sus decisiones y respetar la ley y la Constitución.
En cambio, sí debe censurarse y repudiarse la reacción de Petro. Irrespeta y sabotea al Consejo de Estado, sugiere desconocer su sentencia, pretende convertir una decisión jurídica en un conflicto político, amenaza con un “enfrentamiento social”, una vez más pone en peligro la división de poderes y busca subordinar y someter a los jueces.
No hay que olvidar que Petro actuó por puro cálculo electoral, por conveniencia politiquera. El aumento del salario mínimo se hizo contra la ley y contra todo criterio técnico, con el único propósito de ganar unos votos en las elecciones. Es tan absurdo que estaba ocho puntos por encima del 16 % que pedían los sindicatos para empezar a negociar.
Todo este problema lo ocasionó Petro y seguiremos pagando las temibles consecuencias: la inflación subió 1,18 % en enero, la más alta en 25 años; muchas empresas quebraron; el desempleo y la informalidad empeoraron. Aunque se haya suspendido el decreto, ese daño está hecho y no tiene reversa.
