Tras casi dos décadas de litigio, la Universidad de Cartagena obtuvo una decisión definitiva que cierra la disputa con Ecopetrol por el cobro de la estampilla universitaria y le permite conservar más de $50.000 millones.
La Universidad de Cartagena obtuvo una de las victorias jurídicas más importantes de su historia reciente luego de que quedara en firme la decisión que pone fin al litigio sostenido durante casi dos décadas con Ecopetrol por el cobro de la estampilla “Universidad de Cartagena, Siempre a la Altura de los Tiempos”.
La controversia se originó por el recaudo de este tributo, creado para financiar proyectos académicos e institucionales de la universidad. La institución sostenía que la petrolera debía cancelar la estampilla por las exportaciones de crudo realizadas desde el puerto de Cartagena, lo que derivó en el pago de cerca de 49.268 millones de pesos por parte de Ecopetrol.
Años después, la compañía estatal reclamó la devolución de esos recursos al considerar que las exportaciones de petróleo no estaban sujetas al gravamen. El caso escaló hasta las más altas instancias judiciales del país y llegó a generar una fuerte incertidumbre sobre las finanzas de la universidad.
Aunque el Consejo de Estado había ordenado inicialmente la devolución de más de 50.000 millones de pesos, la Corte Constitucional revisó el expediente y emitió una sentencia de unificación que favoreció a la institución educativa, al reconocer la existencia de cosa juzgada en el proceso.
Ahora, la Universidad de Cartagena informó que el Consejo de Estado notificó la sentencia definitiva que acoge los lineamientos de la Corte Constitucional y declara cerrada la controversia judicial, dando por terminado uno de los procesos más complejos que ha enfrentado la institución.
Se conoció que el fallo representa el cierre definitivo de una disputa que se prolongó durante cerca de veinte años y que generó preocupación sobre la estabilidad financiera de la universidad.
El rector, William Malkún Castillejo, destacó que la decisión permite a la universidad concentrarse en su misión académica y continuar fortaleciendo la educación pública en la región Caribe.
Con este pronunciamiento, la Universidad de Cartagena no solo evita la devolución de una suma superior a los 50.000 millones de pesos, sino que también obtiene seguridad jurídica sobre recursos que han sido fundamentales para el desarrollo de infraestructura, investigación y programas académicos, consolidando una victoria que tendrá repercusiones en el futuro de la educación superior pública en Bolívar y el Caribe colombiano.
