Hay ausencias que el tiempo no consigue convertir en costumbre. Hay silencios que siguen teniendo nombre propio. Y hay muertes que, por la forma en que ocurren y por lo que representan, dejan de ser solamente una tragedia familiar para convertirse en una pregunta que toda una sociedad tiene derecho a formular.
Hoy se cumple un año de la muerte de Miguel Uribe Turbay. Un año desde aquel 11 de agosto de 2025 en el que Colombia perdió a un hombre de 39 años, pero también a un padre, un esposo, un hijo, un amigo y un dirigente político que había decidido asumir la política como una forma de servicio público.
Miguel no murió simplemente como consecuencia de unos disparos. Murió después de librar durante días una batalla por sobrevivir a un atentado que estremeció al país y que convirtió un escenario político en escenario de sangre. Por eso, un año después, no basta con recordarlo. Hay que preguntarnos qué clase de país estamos construyendo.
Miguel Uribe Turbay terminó convertido, contra su voluntad, en símbolo de una Colombia que todavía no consigue desprenderse completamente de la violencia política. Una Colombia en la que las diferencias ideológicas, demasiadas veces, dejan de enfrentarse con argumentos para transformarse en estigmatización, amenazas y, en los casos más extremos, violencia armada y aquí debemos ser responsables.
No toda la violencia política puede atribuirse a un solo sector. Tampoco sería serio convertir el dolor de una familia en instrumento de propaganda. Pero sería igualmente irresponsable desconocer que Colombia atraviesa una profunda fractura política, alimentada por la radicalización, la intolerancia y una peligrosa normalización de los discursos que presentan al adversario como un enemigo al que hay que destruir.
Miguel fue opositor. Fue senador. Fue precandidato presidencial. Era un dirigente joven con aspiraciones legítimas de llegar a la Casa de Nariño. Y fue asesinado. Eso convierte su muerte en algo mucho más grave que un crimen común.
La investigación judicial ha señalado líneas que relacionan el crimen con estructuras armadas ilegales y ha avanzado en la identificación y judicialización de personas presuntamente vinculadas con el atentado. Pero precisamente por la gravedad del caso, Colombia no puede conformarse con respuestas parciales.
La pregunta fundamental sigue sobre la mesa: ¿quién ordenó realmente matar a Miguel Uribe Turbay? No solamente quién disparó. No únicamente quién transportó a los ejecutores. No solamente quién consiguió el arma, hizo seguimiento, facilitó la logística o recibió dinero. La pregunta que debe responder la investigación es quién tomó la decisión criminal de eliminarlo.
Porque identificar a los autores materiales constituye apenas una parte de la verdad. Un crimen de esta naturaleza exige establecer, con pruebas y mediante decisiones judiciales, quién ordenó, quién coordinó, quién financió, quién facilitó y quién pudo haber intentado ocultar la responsabilidad de quienes estuvieron detrás de la operación. Esa es la diferencia entre capturar responsables y esclarecer un magnicidio.
Y mientras esa cadena no sea plenamente establecida por la justicia, quedará una pregunta abierta. Pero esa página no puede llenarse con especulaciones. Tampoco con rumores. Mucho menos con intereses políticos. La verdad no puede tener partido.
Hay otra responsabilidad que Colombia debe asumir. Miguel Uribe Turbay no puede convertirse en un instrumento para profundizar las mismas divisiones que ayudaron a crear el ambiente de intolerancia política que hoy nos preocupa.
Su memoria pertenece, en primer lugar, a su familia. A su hijo, que crecerá con la ausencia de un padre que le fue arrebatado demasiado pronto. A María Claudia, a su madre, a sus hermanos, a sus amigos y a quienes compartieron con él su vida y su carrera política.
Pero también pertenece a Colombia y a una democracia que no puede aceptar que matar al adversario sea una alternativa política. Por eso, recordar a Miguel no puede reducirse a publicar una fotografía cada 11 de agosto, encender una vela o pronunciar un discurso. Honrarlo significa algo mucho más difícil. Significa garantizar que ningún candidato tenga que hacer campaña bajo amenaza. Que ningún senador tenga que mirar por encima del hombro antes de subir a una tarima. Que ningún periodista sea perseguido por sus opiniones. Que ningún dirigente social tenga que escoger entre callar o arriesgar su vida y significa comprender algo elemental: el adversario político no es el enemigo.
Podemos discrepar. Podemos confrontar. Podemos denunciar. Podemos debatir con dureza. Pero ninguna diferencia ideológica puede convertirse en una sentencia de muerte. Un año después, Colombia debería guardar un minuto de silencio por Miguel. Pero después del silencio debe venir la justicia.
Porque una democracia no se defiende solamente con discursos. Se defiende cuando sus instituciones son capaces de investigar un crimen político hasta sus últimas consecuencias, independientemente de quién pueda resultar comprometido.
La familia de Miguel merece la verdad. Colombia merece la verdad. Y la democracia merece saber quién decidió que un hombre debía morir por sus ideas, por su actividad política o por el papel que desempeñaba en la vida pública del país.
Pero esa verdad debe surgir de pruebas, investigación y decisiones judiciales, no de acusaciones lanzadas al aire ni de conveniencias partidistas. Miguel Uribe Turbay murió hace un año. Pero el caso no puede morir con él. No debemos olvidarlo. Tampoco utilizarlo. Mucho menos convertirlo en una bandera de odio.
El verdadero homenaje consiste en buscar la verdad, exigir justicia y defender una democracia en la que ningún proyecto político necesite cadáveres para imponerse. Un año después, Miguel ya no está. Pero la pregunta permanece. ¿Quién dio la orden? y hasta que esa respuesta sea completa, clara y judicialmente demostrada, Colombia no habrá cerrado esta herida.
