La suerte está echada, ya el gobierno sabe cuáles son los puntos principales que serán presentados al parlamento colombiano para la próxima reforma tributaria. Sin duda será un duro golpe para algunos sectores en especial en el aplazamiento de los beneficios que fueron aprobados para el sector empresarial en la reforma tributaria del 2019.
Recordemos que los principales beneficios del 2020 fue la disminución del impuesto de renta, que mal contados sus recaudos pueden estar por arriba de 2.0 billones de pesos, el descuento del 100 % del IVA a la importación de bienes de capital, lo que sumaría nuevos ingresos por 6,5 billones. A las empresas les tocará nuevamente pagar el otro 50% del descuento al ICA, que con su recaudo aumentará en cifras cercanas a los 4 billones. En éstos tres ítem, el estado piensa recaudar 12.5 billones de pesos para tapar el hueco de $15 billones.
¿De dónde se obtendrán los dineros faltantes? La respuesta también es conocida, se ampliará los productos con IVA, ellos lo llaman un “IVA MÁS GENERALIZADO”, pero lo que se pretende es que se incluyan más productos con IVA, pero con un valor por debajo el actual que es del 19%. ¿Cuáles serían esos productos?, también lo desconocemos. El proyecto también incluye, extender el impuesto al patrimonio dos años más y un impuesto a las megapensiones, a sabiendas que actualmente en nuestro país se declara renta con ingresos superiores a $49,8 millones, y el Gobierno quiere bajar el tributo a ingresos menores. Los afectados desconocen la nueva tabla de contribución
La pregunta que aflora es: ¿Cuál es la razón por la cual el gobierno siempre quiere gravar con más impuestos a los mismos sectores, cuando ya ellos saben por dónde fluyen las evasiones o los evasores? Una pregunta sin respuesta coherente que bien aplicada puede suplir el triple de los famosos e imaginados “huecos fiscales”, pero, a la hora de la verdad, lo que requerimos es que el estado nos proteja de los efectos económicos catastróficos que nos ha dejado el primer año de pandemia, donde el sector empleo ha perdido más de un millón de contratos laborales, acrecentado con el pedido efectuado al Ministerio del Trabajo por empresarios del sector textil, para que les autorice realizar despidos masivos de sus trabajadores, aunado al cierre definitivo de más de 100.000 negocios formales y una cifra inimaginable de millares de negocios informales. Ello ha empeorado la situación económica de miles y miles de compatriotas, que se ha reflejado inclusive en la propia estratificación, cuando el problema es multidimensional, y el hambre le está pasando factura a muchas personas, por la falta de empleo y quiebra de sus negocios
Los dineros recaudados con la segura aprobación de la reforma tributaria debe estar direccionada a la emergencia sanitaria, económica, social y ecológica, y a la implementación de serias y realizables políticas públicas de empleo a corto, mediano y largo plazo, defender verdaderamente la Mipymes, con créditos blandos y asesoría permanente y propender por el cumplimiento de las infinidades de normas estrictas «antidumping», que en su contexto son la salvaguarda de los intereses de los empresarios y trabajadores evitando la práctica desleal, tanto de los importadores como exportadores, que por su poder económico-político–social, manejan para su acomodo los hilos de la reforma tributaria, como ha sucedido año tras año, y el ejemplo palpable lo exclama la Cámara Colombiana de la Confección y Afines (CCC&A), quien le está solicitando al Congreso de la República una ley para el aumento de los aranceles, hasta del 40 % a la importación con destinación específica de ropa de dudosa calidad y así proteger el sector peligrosa decadencia.
Colombia debe apoyarse en los estudios serios, técnicos de la CEPAL con su “Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, edición 2020”, y apartarse de los pulpos financieros, que a la larga siempre salen favorecidos. En dicho estudio, donde, por supuesto relaciona a Colombia, explica, que “el crecimiento y el empleo comenzaron a disiparse en la segunda mitad de 2020, cuando las medidas de distanciamiento se flexibilizaron de forma gradual”, y explica que los sectores que “presentaron un mejor desempeño”, fueron la agricultura y las actividades inmobiliarias y financieras, por el contrario, el comercio, la construcción y la minería los de mayores decrecimientos.
¿Qué significa lo anterior? Que para poder tener recuperación económica sostenida y el deseado PIB del 5,3%, se requiere, por supuesto, de ajustes en materia laboral y fiscal, pero sin direccionamiento económico y social, a sabiendas de la irreconciliable polarización que vive nuestro país, por ello los estudios para obtener los $15 billones deben ser técnicos para que la recuperación sea fuerte y vigorosa, con una verdadera reforma laboral, con contratos formales y eliminando las corruptas bolsas de empleo, buen manejo de las finanzas, controlando el déficit fiscal y la deuda pública y cerrando las compuertas de la evasión que es el verdadero eje negativo para el impulso del desarrollo.
