La corrupción ha sido uno de los principales problemas de Colombia durante su historia y es uno de los factores que impide al Estado cumplir con sus obligaciones y garantizar el acceso a sus derechos a todos los ciudadanos en condiciones de igualdad.
Este flagelo ha permeado todos los niveles de gobierno, haciendo que la oferta de servicios estatales carezca de la calidad, cobertura y características necesarias para responder a las demandas de la ciudadanía, al tiempo que entorpece las obras requeridas al impedir su ejecución o presentar tantas deficiencias en calidad y manejo de recursos como demoras en su entrega.
El conflicto armado fue durante mucho tiempo un distractor frente a los graves y continuos saqueos que algunos gobernantes y servidores públicos hacen al erario; no obstante, la desmovilización de paramilitares y Farc ha evidenciado que la guerra no es el verdadero problema en un país con un sinfín de riquezas pésimamente administradas y acciones institucionales peor ejecutadas.
Curiosamente, Colombia tiene un amplio régimen jurídico, con leyes como el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011), orientado a «fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública» con «Medidas penales en la lucha contra la corrupción pública y privada», o la Ley 2013 de 2019, que busca «dar cumplimiento a los principios de transparencia y publicidad, y la promoción de la participación y control social mediante la publicación y divulgación proactiva de la declaración de bienes y rentas, del registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios». Estas normas desarrollan una serie de acciones orientadas a establecer controles, investigaciones y sanciones para asegurar un servicio público íntegro y transparente, aunque sus resultados muestran poca efectividad.
El asunto, entonces, no se trata de crear nuevas leyes, sino de solucionar los fallos en el sistema judicial, que favorece la impunidad con procesos viciados, penas irrisorias, acompañadas además de múltiples rebajas, y detenciones domiciliarias o en cárceles que más parecen hoteles de cinco estrellas.
Incluso, si vamos más allá, se requiere erradicar ese facilismo que permea nuestra sociedad y nos lleva a satisfacer nuestras necesidades y deseos haciendo el menor esfuerzo, aún a costa de los principios éticos y morales que son la base de la sociedad.
Y es que la corrupción en Colombia es tan visible que ya no la vemos debido a esa moral elástica, tan amplia al juzgar nuestras acciones como inalterable al valorar las del otro; una práctica que se ha enquistado en cada campo de nuestra sociedad, en nuestra cotidianidad y en diferentes espacios y que perdura porque negamos su existencia, olvidando que en toda sociedad, nuestras acciones afectan a los demás.
En conclusión, se requiere trabajar en dos frentes: la familia, como base de la sociedad, para forjar en las nuevas generaciones una mentalidad ética como base para el conocimiento, apropiación y fortalecimiento de la relación del Estado con la ciudadanía; y el sistema educativo, mediante una política pública que centre la enseñanza en la apropiación de valores ciudadanos, en la generación de una conciencia colectiva de la ética y los principios del servicio público y en la importancia de la participación y el control social.
