En el marco del ‘Encuentro de Fiscales y Procuradores Generales para el combate al crimen organizado en el contexto del flujo migratorio irregular continental, extracontinental y caribeño’, liderado por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado junto con el Procurador General de Panamá Javier Caraballo Salazar, se definieron estrategias multilaterales que permitirán fortalecer los lazos de cooperación judicial e impactar a las redes criminales responsables del tráfico de migrantes en la región.
Ante sus homólogos, Barbosa Delgado, insistió en la necesidad de asumir la lucha contra este flagelo trasnacional de manera conjunta y enfrentarlo con determinación para evitar que se consolide en una fuente de sostenimiento de la ilegalidad y deje de auspiciar otros actos delictivos como el concierto para delinquir, la violencia sexual, el homicidio, el hurto, la extorsión, los delitos informáticos, la corrupción estatal y demás conductas que ponen en riesgo la seguridad pública.
“El objetivo de esta apertura, que rápidamente quisiera decir, es que necesitamos todos trabajar de la mano, necesitamos crear mesas de priorización en la lucha contra esa criminalidad, porque hay gente y grupos criminales que están fomentándola, necesitamos evitar que se violen los derechos humanos de estas personas con la acción judicial que nosotros adelantamos”, dijo el jefe del ente investigador colombiano en su intervención.
En lo que respecta a Colombia, señaló que el ingreso semanal de, por lo menos, 15.000 extranjeros a la región del Darién, frontera con Panamá, ha profundizado una crisis humanitaria que requiere un trabajo investigativo dinámico y activo para evitar que este fenómeno siga en aumento, y lograr la judicialización efectiva de los responsables.
Actualmente, hay 547 procesos activos en la Fiscalía por tráfico de migrantes (344 en indagación, 78 en investigación, 112 en etapa de juicio, 10 en ejecución de penas y en 3 hubo sentencia anticipada).
Tres departamentos del país concentran el 66,73% de los hechos relacionados con este delito (149 ocurrieron en Bogotá, 112 en Nariño y 102 en Antioquia).
Los procesos activos relacionan 353 víctimas de tráfico de migrantes (200 hombres, 126 mujeres y sobre el resto no hay registro. La mayoría de las personas afectadas (173) es de nacionalidad colombiana, lo que representa el 50.44%; y 85 cubanas, que equivalen al 25%.
Al término de la primera parte del encuentro que se extenderá hasta este 31 de agosto, el Procurador General de la Nación de Panamá (e), Javier Caraballo Salazar, indicó que la declaración avalada por los nueve países participantes respecto al tema que los convoca “representa el compromiso de todos de asumir una estrategia común en la lucha contra la criminalidad organizada que subyace en los flujos migratorios irregulares que vienen afectando a la región. Tener un intercambio de información fluida y cooperación judicial que nos permita realizar operativos exitosos de manera nacional y multilateral, enfrentando un fenómeno regional, con un esfuerzo regional”.
A su turno, el fiscal Barbosa Delgado, agregó que, “este es el paso inicial de un proyecto colectivo que va a tener seguimiento en Colombia dentro de un mes y medio, para mostrar cuáles son los resultados que vamos a darle al continente de forma conjunta”.
A la reunión en la que se expone el contexto general de la migración irregular y sus posibles implicaciones delictivas asisten, además, los representantes de las fiscalías y los ministerios públicos de Honduras, Guatemala, Costa Rica, Brasil, Ecuador, Chile y Uruguay.
