El ingenio del colombiano no da tregua, la malicia indígena aflora a cada instante. En nuestro léxico existe un famoso refrán que nunca pierde actualidad, por el contrario se fortalece mucho más con la malicia indígena «Hecha la ley, hecha la trampa«. Cuanto mayor sea el número de requisitos, normas, leyes y reglamentos, el postre es mucho más apetecido para los ideólogos de la corrupción.
En nuestra normatividad tenemos toda clase de leyes que bien o mal regulan la vida colectiva de los deberes y derechos ciudadanos. La situación es que todos deberíamos tener el mismo elemento de igualdad al transgredir el marco jurídico legal de la inteligencia maligna y corrupta, pero no es así, la historia no se equivoca y la muestra palpable es el pronunciamiento de la Contraloría general de la República quien con “bombos y platillos” acaba de anunciar que existen en investigación 234 contratos del periodo comprendido entre el 2014 y 2021 de empresas multipropósitos que idearon el entramado de corrupción en la contratación, con información y documentación falsa.
Las empresas “multipropósitos” son lo “último en charanga”. Hacen de todo, así no tengan experiencia y como son un enramado, la una certifica a la otra y viceversa, la idea es contratar todo lo que se pueda, con el liderazgo de una cabeza corrupta visible que en contubernio con mandatarios y políticos dejan sin chance a muchas empresas que verdaderamente tienen el perfil para desarrollar actividades propias de sus experiencia y profesionalidad.
Pero, lo que dice el vice contralor general de la república es como para Ripley, “estamos investigando” “…es reserva del sumario” “…estamos en eso….!!!!”, expresa también, que no existe todavía un acto de “responsabilidad fiscal” sobre eso contratos que se piensan investigar incluyendo el del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario-Inpec, con innumerables irregularidades administrativas y financieras. Caso similar el incumplimiento del 43% en contrato para la optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Cañaveralejo, o la construcción de la Calle 26 por parte del IDU en la ciudad de Bogotá, donde la veeduría distrital denunció la existencia de tres contratos durante 1998 y 1999 firmados con empresas asociadas a la Unión Temporal Centros Poblados y Conconcreto, por 48.075 millones de pesos, a más de las trasnochadas investigaciones sobre Hidroituango, Chirajara, Reficar y Lisama
Lo que Colombia debe tener claro es que las contralorías, llámese nacional, departamentales y municipal, son verdaderos elefantes blancos, producto de la Constitución Política de 1991 cuando le abolieron el control previo, preceptivo y posterior. Con esa decisión, es poco lo que se investiga y nada lo que se resuelve y castiga. Ahora, el control se ejerce en forma posterior y selectiva especialmente en la parte financiera, de gestión y de resultados, con el ideal inequívoco de “la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales”.
Tampoco es sano decir que los controles de antes de la constitución eran los mejores, muchos auditores engavetaban las cuentas ejerciendo un mal control previo, esperando “la mochila azul”, “el dinero por debajo de la mesa”, o en su defecto la orden del político de turno para que la cuenta siguiese su curso normal.
Como las contralorías no tienen autoridad penal ni administrativa, la carta magna intenta enmendar el error y en su artículo 221 le otorga el principio de colaboración armónica con fiscalía y procuraduría cuando quedan en firme los pocos hallazgos fiscales para las sanciones disciplinarias o penales a que haya lugar. También le dieron musculo con las audiencias verbales consagradas en la ley 1474 de 2011 -Estatuto Anticorrupción- para una mayor rapidez probatoria
No en vano el contralor general Carlos Felipe Córdoba Larrarte ha expresado reiteradamente que es necesario regresar al control previo, preceptivo y posterior, que en otras palabras es modificar el Artículo 267 de la Constitución Política y establecer “un sistema de control concomitante y preventivo”, a más de incluirle funciones penales y administrativas a fin de que los procesos no solo se queden en la devolución del dinero, sino que se pueda sancionar administrativamente y enviar a la cárcel a los corruptos y no ingresar a los cuartos de olvido de la fiscalía y la procuraduría
Por ello es la importancia de la reforma a la contraloría, estas empresas de papel se le miden a construcción de vías, puentes, colegios, son “expertas” en alimentación escolar, transporte, son médicos teguas, amenizan fiestas y parranda, se le miden a la agricultura, ganadería y piscicultura, organizan matrimonios y separaciones, son donantes de espermas, se prestan para madres sustitutas, pueden amamantar críos, en fin todo lo que produzca dinero, allí están ellos. Es la inteligencia de nuestros engendros de la corrupción.
