La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado a las autoridades del Islote de San Bernardo y la zona insular de Cartagena con el fin de que se adopten medidas preventivas y oportunas contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, y paralelamente contrarrestar las actividades de tráfico de estupefacientes que se registran en esas zonas del país para de esta forma poner freno a estas conductas ilegales.
Recientemente, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) lanzó la campaña ‘Presente contra la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes’, encaminada a disminuir y eliminar este delito.
“Los niños no tienen precio y los criminales que los explotan sexualmente deben ser castigados con todo el peso de la ley. Nuestros niños no están para complacer a nadie. Los niños son para protegerlos. La explotación sexual no es turismo, es un crimen abominable”, señaló Karen Abudinen Abuchaibe, directora del ICBF.
De acuerdo con cifras suministradas por el ICBF, entre 2016 y los primeros cinco meses del 2018, la entidad gubernamental abrió 688 procesos administrativos para restablecerle los derechos a las niñas, niños y adolescentes explotados sexualmente en el país, siendo Bogotá una de las regiones donde mayor número de casos se presentan con 145, seguido de Antioquia 112, Bolívar 56, Valle del Cauca 50, Atlántico 38, Córdoba 37, Caldas 32, Risaralda 31, Meta 21, Huila 19, Cundinamarca 18, Madalena 18, Tolima 16, Cesar 14, Boyacá 12, Amazonas y Nariño con 11 cada uno, Cauca y Quindío con 7 casos cada uno, Santander y Sucre con 6 casos cada uno, Caquetá y La Guajira con 5 casos cada uno, Guaviare y Norte de Santander con 3 casos por departamento, Chocó y Putumayo con 2 casos por departamento y un caso en Arauca.
“Esta cifra demuestra los peligros a los que están sometidas nuestras niñas y adolescentes. Para nosotros, como ICBF, es claro que la primera línea de protección es la familia”, aseguró Abudinen.
En los últimos años, el Estado ha realizado esfuerzos en su lucha contra este crimen con instrumentos jurídicos, planes de acción, programas, proyectos como la definición de la Línea de Política Pública para la Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA), que tiene como fin fortalecer y articular las entidades públicas para prevenir y erradicar la explotación sexual de menores, empoderar a la ciudadanía mediante acciones de sensibilización y movilización; fortalecer mecanismos de judicialización que permitan adoptar las medidas de protección a las víctimas y sanción de las conductas relacionadas con la ESCNNA.
El Ministerio Público solicitó también a las diferentes entidades gubernamentales mantener una mayor presencia en la zona debido a la problemática que en materia de servicios públicos domiciliarios, infraestructura, educación, salud, seguridad y de convivencia ciudadana se presenta en esa comunidad.
Por su parte, la Procuraduría Provincial de Cartagena de Indias exhortó a la Alcaldía, la Policía, la Armada Nacional y otras autoridades distritales, a iniciar acciones institucionales eficientes tendientes a brindar mejores condiciones a los habitantes del lugar.
