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Por: Álvaro González Álvarez.
El último reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) del pasado marzo es un grito de auxilio para Cartagena de Indias. La ciudad presenta una alarmante tasa de desempleo del 13.3%, que se dispara al 24.9% entre los jóvenes. La informalidad alcanza un 54.9%. Estos números, además de reflejar un aumento respecto al mes de febrero, son una señal de la crisis laboral que azota a la ciudad y que parece no tener fin.
Este escenario desesperanzador ha creado una dinámica que deja vulnerables a aquellos que buscan empleo, muchos de los cuales operan en un constante modo de supervivencia. Este es el terreno perfecto para el clientelismo, que ha sido magistralmente aprovechado por políticos y politiqueros del departamento de Bolívar y su capital, Cartagena.
En este sistema perverso, los dueños del poder y sus rémoras disfrutan del festín electoral, mientras dejan las migajas para miles de ciudadanos amordazados, bajo la amenaza de no volver a probar bocado si se rebelan. Peor aún, este proceso está corrompiendo a generaciones de nuevos profesionales.
Es desolador que Fulano normalice este escenario, que Mengano deba debatirse entre sus necesidades básicas y sus principios, y que Sutano se vea obligado a buscar oportunidades en otras ciudades para no ceder ante la corrupción.
Este panorama no discrimina profesiones. Periodistas y comunicadores sociales, quienes deberían ser los guardianes de la verdad, no están exentos de este dilema. Que descanse en paz la democracia.
He dedicado meses a investigar quiénes están detrás de las comunicaciones de la Alcaldía de Cartagena. En mi columna ‘Los comunicadores del alcalde Turbay’ y el ‘Episodio 213 del podcast Penúltima Palabra’, revelé detalles sobre Jheivan Pinzón González, corresponsal de Noticias Caracol, quien este año ha firmado tres contratos con el Distrito de Cartagena y uno con el Concejo de Cartagena.
A medida que profundizaba en la investigación sobre Pinzón y la Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa (OACP), surgieron nuevos actores y pistas, lo que me llevó a ampliar la pesquisa a la Gobernación de Bolívar y el Concejo de Cartagena. En abril, solicité un listado de todos los contratistas de las oficinas de comunicaciones de estas entidades.
Como era de esperar, tuve que interponer una tutela contra la Gobernación de Bolívar y el Concejo de Cartagena para obtener una respuesta. La primera ya contestó; la segunda aún no, por lo que ya pedí que se le inicie el respectivo incidente de desacato. La Alcaldía, fiel a su costumbre, pidió una prórroga para responder.
Algunos se preguntarán por qué me interesa investigar a los encargados de las comunicaciones de Turbay. Desde noviembre de 2023, he venido advirtiendo sobre la estrategia de Turbay, algo que pueden leer en la columna ‘La Iglesia Dumekista: Totalitarismo vestido a lo Mahatma Gandhi’, la cual se convirtió en mi última nota en Revista Metro por razones obvias.
Dumek Turbay y su asesor Juan Diego Perdomo Alaba saben muy bien la importancia del posicionamiento de la imagen del alcalde. No hay mejor forma de lograrlo que mediante un discurso totalitario, donde muchos medios solo presenten buenas noticias o desvíen rápidamente los temas controvertidos. Las redes sociales son una herramienta poderosa en esta estrategia.
Durante el mandato de Turbay como gobernador de Bolívar (2016–2019), la oficina de comunicaciones gastó en promedio unos COP$1.288 millones anuales. El actual gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, no se queda atrás, habiendo gastado casi COP$1.243 millones en lo que va del año 2024.
En 2016, el exgobernador Turbay contrató a ‘Editora del Mar S.A.’ (El Universal) por COP$60 millones y, en 2017, a ‘Caracol Primera Cadena Radial de Colombia S.A.’ por COP$65 millones. Sin embargo, ahora como alcalde, Turbay parece haber cambiado de estrategia respecto a su relación con los medios de comunicación.
Revisando los contratistas de su gobernación y su alcaldía, no encontré contratos con El Universal o Caracol Radio. Lo que se evidencia es la migración de periodistas de medios reconocidos para trabajar directamente con la Alcaldía de Cartagena o la Gobernación de Bolívar, y la contratación de dueños o comunicadores asociados a portales noticiosos.
Casos como el de Omar Carrasquilla León, quien trabajó en El Universal hasta enero de 2024 y ahora trabaja para la Alcaldía con un salario mensual de COP$8.97 millones, y Amaury Castellar Matoso, con contratos tanto en la Gobernación como en la Alcaldía, son ejemplos de esta práctica. Samuel Álvarez Beleño también muestra esta tendencia, con contratos en ambas entidades.
Es imperativo seguir escarbando en estas relaciones para entender completamente la red de influencias y poder que sostiene a Turbay y su administración. La verdad debe salir a la luz, y los ciudadanos de Cartagena de Indias merecen transparencia y rendición de cuentas.
