Todo sugiere que una presunta red criminal integrada por funcionarios corruptos, empresas fachadas y documentos falsificados estaría saqueando las arcas públicas de Cartagena y Bolívar a través de contratos amañados. El desfalco ya superaría los 530 mil millones de pesos.
Amparados en la apariencia de legalidad, pero operando como una presunta organización mafiosa, un entramado de posible corrupción conocido como “El Clan Barranqueño” habría echado raíces desde hace varios años en la Gobernación de Bolívar y en la Alcaldía de Cartagena de Indias. Así lo revela un esquema hipotético elaborado por analistas anticorrupción, donde se describe paso a paso cómo se drenan recursos públicos mediante licitaciones dirigidas, empresas de papel y funcionarios cooptados.
El modus operandi de esta estructura criminal abarca desde la creación de empresas ficticias sin capacidad operativa hasta la falsificación sistemática de hojas de vida, experiencia técnica y estados financieros. Pero lo más alarmante es que todo eso sucedería con la connivencia y participación activa de servidores públicos, quienes manipulan los pliegos de condiciones, dirigen la evaluación de propuestas y autorizan pagos por obras inexistentes o de pésima calidad.
“No estamos ante simples irregularidades administrativas, sino frente a una estructura criminal sofisticada, diseñada para robarle al Estado. Es una mafia de cuello blanco”, afirma una fuente de la Fiscalía que pidió la reserva de su identidad.
Así operaría “El Clan Barranqueño”: El esquema se divide en varias fases interconectadas, que van desde la creación de empresas fachada hasta el lavado final del dinero saqueado
- Empresas de utilería | Se constituyen sociedades con objetos sociales amplios y representantes legales que actúan como testaferros. Estas empresas no tienen sede, empleados ni experiencia real. Su legitimidad se sostiene con documentación falsa: contratos ficticios, hojas de vida alteradas, certificaciones bancarias y estados financieros manipulados.
- Complicidad desde adentro | Funcionarios públicos estratégicamente ubicados —evaluadores, jefes de contratación, supervisores— integran la red. Filtran información privilegiada, redactan pliegos hechos a la medida de las empresas fachada y eliminan competidores reales mediante tecnicismos jurídicos o requisitos imposibles.
- Adjudicación y ejecución simulada | Una vez obtenidos los contratos, las empresas simulan su ejecución mediante informes de avance falsos, interventorías complacientes o inexistentes, y entregan obras que nunca se realizaron o que presentan condiciones deplorables. Aun así, los pagos son aprobados y desembolsados.
- Reparto y lavado | Tras el giro de los recursos, el dinero es rápidamente extraído, repartido entre los integrantes de la red, y blanqueado a través de compras de bienes, viajes, vehículos, propiedades y transferencias al exterior.
Aunque hasta ahora no se ha judicializado un caso concreto bajo este modelo, estimaciones extraoficiales indican que el monto de los contratos adjudicados mediante este esquema supera los 530 mil millones de pesos en sectores sensibles como infraestructura, educación, alimentación escolar y salud pública. Varios de estos procesos contractuales se encuentran actualmente bajo revisión por parte de la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación.
- También puede leer: 🔥ZC | La bomba de tiempo que dejó Dumek Turbay en El Carmen de Bolívar
Cartagena y Bolívar no pueden seguir siendo terreno fértil para mafias de cuello blanco. Es urgente someter a una auditoría rigurosa todos los contratos adjudicados en los últimos años a empresas sin trayectoria, sin empleados y con antecedentes de irregularidades.
