Por décadas, las veedurías ciudadanas han sido una herramienta fundamental para el control social, ese ejercicio democrático mediante el cual los ciudadanos vigilan la gestión pública, fiscalizan contratos, denuncian irregularidades y exigen transparencia a quienes ostentan el poder. En esencia, son un pilar de la participación ciudadana y un contrapeso vital frente a los abusos del Estado.
Pero en Cartagena de Indias, esa función esencial se ha ido desdibujando. Lo que alguna vez fue un frente activo contra la corrupción y la arbitrariedad institucional, hoy parece un aparato silenciado, complaciente y en muchos casos, capturado. Las veedurías que quedan con verdadera credibilidad se pueden contar con los dedos de una mano.
Antes, los veedores eran incómodos. Denunciaban sin miedo los desmanes del poder local: la opacidad en los contratos, los nombramientos amañados, el desangre de Transcaribe, los elefantes blancos y las promesas incumplidas. Hoy, muchos de esos veedores envían mensajes religiosos en lugar de alertas ciudadanas. La pregunta es obligada: ¿les compraron el silencio o los contrataron para callarlos?
El caso de algunos líderes emblemáticos llama la atención. ¿Qué pasó con Ángel Mier, quien antes mantenía una lucha frontal contra el alcalde Dumek Turbay por el paso de coches de caballos a eléctricos? ¿Qué ocurrió con Wilmer Sánchez, quien no se cansaba de cuestionar a la entonces gerente de Transcaribe y el caos administrativo que la rodeaba? El silencio, cuando antes hubo estruendo, duele y genera sospechas.
Hoy, varias veedurías están encabezadas por personas que reciben contratos del Distrito o la Gobernación. Otros se esconden tras cargos menores en entidades públicas. Ya no actúan como ciudadanos vigilantes sino como fichas del clientelismo. Las Juntas de Acción Comunal, que antes alzaban la voz contra las contrataciones dudosas en sus barrios, ahora prefieren callar. ¿Por miedo o por conveniencia?
Y es que, si bien el rol de una veeduría no es obstruir sino garantizar que las actuaciones públicas se hagan con legalidad, eficiencia y en beneficio de la comunidad, eso solo se logra si conservan independencia, criterio y valentía. Las veedurías no están para aplaudir al gobernante de turno ni para justificar lo injustificable. Están para incomodar, cuestionar, fiscalizar. Su papel es tan crucial que, cuando se pervierte, la democracia local se debilita peligrosamente.
En tiempos donde las redes clientelares siguen capturando lo público, se necesita más control ciudadano, no menos. Se necesitan más veedurías con carácter y legitimidad. La ciudadanía no puede quedarse esperando que el Estado se autocontrole. Es momento de que resurja esa Cartagena vigilante, exigente, crítica. De lo contrario, el silencio será la música de fondo del saqueo.
