Cuando visualizo desde el piso vivencial que habito lo que pasa en Cartagena, confieso que debo hacer un gran esfuerzo para seguir siendo optimista.
La ciudad crece, avanzan los procesos industriales, culturales, portuarios, turísticos y educativos. Hay una dinámica privada impresionante y un creciente nivel de exigencia social al Distrito. No hay día que no hayan eventos de todo tamaño y tipo, acompañados de la protesta del día.
Siento que cada vez hay más ciudadanos activos y una juventud pujante que jalona, sigue educándose y se manifiesta: las redes sociales arden y al lado de interesantes portales, también se evidencia lo inmaduro y grotesco de un baja calidad educativa. Pese a la dinámica económica, la desigualdad no decrece y la incultura no cede.
La informalidad y el delito permea, institucionalidad y gobernanza, es causa y consecuencia del débil ejercicio de autoridad ejercido desde un Gobierno fracturado, lento y capturado por el centralismo y el clientelismo local.
El edificio Aquarela y su crisis cae como anillo al dedo como primer ejemplo de mi aserto: en el caso son acusados por permisivos funcionarios de Mincultura y del IPCC, por la coartada de legalidad el Curador y dos funcionarios del Distrito –no el alcalde- que basados en una directriz nacional emiten una resolución de carácter general de la que se aprovechan el curador y el constructor.
Veremos en que termina lo que no debió comenzar.
Y aún más dramático es lo que ocurre en el caso de la Ciénaga de la Virgen donde los invasores de la margen derecha, de frente, han destrozado el manglar, rellenado y se han apropiado del territorio de la Nación.
Consecuencia de la debilidad de entes nacionales, uno regional y el distrito para ejercer la autoridad sobre su jurisdicción, los desnudan las desafiantes y concluyentes palabras dichas a El Universal por los ocupantes ilegales:
“Si no nos quitaron antes del viaducto, ahora menos, ya han dejado correr mucho el tiempo”, dijo uno ellos. Al igual que el resto de la Ciénaga esa zona comenzaron a invadirla 5 familias en 1992.
Cuando ejercí el cargo de director del EPA logré que la alcaldía expidiera la resolución 0322/02 para ejecutar la restitución de las 30 ocupaciones existentes, pero la operación la frustró una asonada donde casi pierdo la vida. Delincuentes de cuello blanco asociados con una banda llamada “Los traquetos” y la incapacidad de la fuerza pública impidieron el éxito de la acción de restitución ordenada por la Alcaldía.
En mi informe de entrega del cargo en 2003 dije: “Queda pendiente llevar a cabo el acto comisorio habida cuenta que cada día que pasa, ante la inacción del Estado, aumenta la depredación de este sector considerado estratégico para la protección del cuerpo de agua. Obvio, salí del cargo y pese a mi insistencia, la inacción ha sido total. En 2009 Dimar reportó 59 invasiones hoy son más de 120.
Hace más de cuatro años que a la zona no llegan las autoridades, “ni siquiera para intentar sacarnos” afirman los ocupantes y rematan confirmando aquello nutre el antivalor del derecho a no tener derecho: “la alcaldía debe brindarnos ayudas porque estos terrenos ya son nuestros”.
Este caso tipifica la desarmonía de las autoridades y su complicidad activa o pasiva con el grave hecho que indigna a muchos ciudadanos que nos quejamos. Lo primero que hay que dejar claro es que no todo el que está allí es “dueño” del daño, llamado “mejora”.
En el lugar cuenta el periodista que no hay remordimiento porque el delito existiendo no existe. En nuestro recorrido dice que encontraron casas de material, parqueaderos e incluso calles libres de humedad que evidencian un trabajo constante y de mucho tiempo, realizado a la vista de todos”
Es que muchos están allí a sueldo, es evidente. Y es así porque ni la Fiscalía y menos aún las Fuerzas Armadas -competentes más allá de abrir procesos en la Dimar- se han dedicado perseguir y desactivar los carteles, coordinados por el alcalde. Urge ejercer la autoridad desactivando los carteles que invaden allí, en La Boquilla, Tierrabaja y toda la Ciénaga. ¿Dónde está el alcalde local?
“No hay derecho” que el cambio del uso del suelo sacrificando los bienes de uso público y las zonas de bajamar siga en esta ciudad y el país sin sanción.
