Un ciudadano identificado con el nombre de Renzo Efraín Montalvo Jiménez, interpuso en las últimas horas una Acción de Tutela ante el Consejo de Estado y en contra de la Corte Suprema de Justicia, por la manera como ha venido desarrollando el caso contra del Senador Álvaro Uribe Vélez.
En concréto el tutelante demanda la “conculcación del derecho fundamental a la garantía judicial, al debido proceso en los principios de legalidad, pre existencia de la ley, formas plenas de cada juicio, juez natural e imparcialidad objetiva, conculcado por la sala penal de la Honorable Corte Suprema de justicia”, según reza en el encabezado de la misma.
Montalvo Jiménez, aduce que la acción interpuesta lo hace de manera “Oficiosa”, toda vez que “cuando el titular de los derechos fundamentales no esté en condición de ejercer su propia defensa, lo podrá hacer un tercero en calidad de agente oficioso. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha considerado que esta figura encuentra fundamento en los principios de eficacia de los derechos fundamentales, prevalencia del derecho sustancial y solidaridad, en tanto que permite que una persona ajena al afectado interponga acción de tutela con la finalidad de hacer cesar la vulneración de un derecho fundamental de quien se encuentra en una situación que le imposibilita defender sus intereses”.
En resumen el tutelante explica que la Corte Suprema de Justicia “modificó su reglamento interno mediante el acuerdo N. 01 de 2009 con el objetivo de escindir al interior de la Sala Penal las funciones de investigar y juzgar a los Congresistas, para garantizar la imparcialidad objetiva propia del sistema acusatorio”, transgrediendo una de las principales garantías de la justicia. Esto es que, según señala, la Corte hizo las modificaciones con el único fin de poder hacerse a la competencia de investigar al senador Uribe y otros parlamentarios.
Montalvo Jiménez, explica en la tutela que “la realidad jurídica que se originó con el choque de trenes entre el ejecutivo que presidía Álvaro Uribe Vélez y la H. Corte Suprema de Justicia ha pasado desapercibida para propios y extraños en cuanto a académicos, dogmáticos y estudiosos del derecho se refiere, y de manera homogénea para nuestros operadores jurisdiccionales”; dando a entender que hay un objetivo viciado y temerario de venganza por parte de la Corte en contra del Senador Uribe.
La pretensión puntual con la tutela tiene cuatro puntos:
1- Ampárese y protéjase los derechos fundamentales a la garantía judicial y procesal que los tratados internacionales y el Bloque de Constitucionalidad, así como el derecho fundamental al debido proceso, en los principios de legalidad, preexistencia de la ley, formas plenas de cada juicio y doble instancia, vienen siendo conculcados por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dentro del proceso con radicado No. 45.110, y demás, seguido contra Álvaro Uribe Vélez .
2- Ordénese a la Corte Suprema de Justicia que a partir del 18 de enero de 2018 se aplique en su integridad el Acto Legislativo 01 de 2018 y modifique su reglamento interno para que se erija una regla de transición a la reforma constitucional en el sentido de enviar todos los procesos que cursen contra los Congresistas, por reparto a la Sala Especializada de Instrucción.
3- Ordénese a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, y a las Salas Especializadas de instrucción y a la Sala Especial de primera instancia, que a partir del decaimiento y derogación del artículo 533 de la ley 906 de 2004, se aplique el artículo 2 del acto legislativo N. 01 de 2018, en el entendido que el procedimiento o ley adjetiva con que se debe investigar, acusar y juzgar procesalmente a los parlamentarios es la ley 906 de 2006 y No la ley 600 de 2000.
4- Por último, ordénese a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sala especializada de Instrucción y Sala especializada Primera Instancia, que a partir de la fecha, impliquen el Acuerdo 01 de 2009 por medio del cual la sala Plena de esa Corporación, modifico el Reglamento Interno.
La tutela fue radicada ante el Consejo de Estado para reparto en la tarde del miércoles 25 de julio.
