Mucha agua ha corrido bajo el puente desde cuando en diciembre de 2016, el departamento de Estado de los Estados Unidos destapó uno de los mayores casos de corrupción a nivel internacional, teniendo como epicentro la empresa multinacional brasilera Odebrecht, donde nuestro país ha estado inmerso sacudiendo las más altas esferas del Gobierno, la justicia y el sector empresarial; llegando el máximo eco del escándalo con el fallecimiento del ingeniero Jorge Enrique Pizano, el pasado ocho de noviembre testigo clave en las investigaciones, así como la de su hijo Alejandro Pizano, muerto por envenenamiento tres días después del deceso de su padre.
Es importante señalar que en toda esta trama y urdimbre de corrupción se tejían actos ilícitos de diferentes denominaciones y dimensiones, por ello el Ingeniero Pizano, se convirtió en testigo importante en la investigación de la obra Ruta del Sol II, adjudicada al consorcio Odebrecht – Corficolombiana (Empresa del Grupo Aval), al tener información de primera mano por haber estado vinculado laboralmente con Corficolombiana, desde el año 2010, ocupando el cargo de auditor (controller), para que ejerciera vigilancia sobre las actividades y operaciones del consorcio. Todo indica que en cumplimiento de sus funciones el Ingeniero Pizano encontró que entre los años 2013 y 2015, se realizaron pagos dudosos que presuntamente estarían relacionados con entregas de sobornos por parte de Odebrecht.
De acuerdo a entrevistas, audios y videos entregados por Pizano, antes de su muerte a periodistas que consideraba de confianza, por la posición que han asumido en ejercicio de su actividad, señalaba que en 2015, ante sus hallazgos y gravedad de estos, informó a sus jefes inmediatos así como a su amigo personal Néstor Humberto Martínez Neira, quien para la época era asesor jurídico y hombre de confianza de las máximas cabeza de Corficolombiana, para que estos también tuvieran conocimiento de los oscuros hechos que se estaban suscitando.
En julio de 2016 Martínez Neira, es escogido por la Corte Suprema de Justicia como Fiscal General de la Nación de una terna enviada por el entonces Presidente de la República Juan Manuel Santos, posesionándose el primero de agosto como nuevo Fiscal, lo cual nos indica que al asumir Martínez Neira, ya tenía conocimiento de presuntos hechos de corrupción que involucraban al consorcio Odebrecht- Corficolombiana, por ello surgen diversos interrogantes:
¿Por qué la Fiscalía solo comienza a actuar sobre el caso Odebrecht, cuando en diciembre de 2016 los EEUU destapan el tema? ¿Se quería tapar el caso Odebrecht, al estar de por medio empresa del grupo Aval, del cual el Fiscal Martínez Neira, había sido asesor jurídico? ¿Por qué la Fiscalía desestimó la información dada a conocer por Jorge Enrique Pizano a Néstor Humberto Martínez? Son entre otros los interrogantes que surgen y colocan al Fiscal Martínez Neira en un laberinto que suscitan muchas dudas y han minado la confianza y credibilidad para que siga ocupando la dignidad que hoy ostenta como máxima cabeza del ente acusador.
Ante los hechos de corrupción conocidos se hace imperativo siguiendo la normatividad, la designación de un Fiscal Ad Hoc, del más alto nivel e independencia para que asuma la investigación de todas las actuaciones de Odebrecht, desde cuándo comenzó operaciones en Colombia, dándole prioridad a sus actuaciones en las obras de la Ruta del Sol II, la adición de vía Ocaña- Gamarra, así como el contrato con Navelena, para la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena, sin dejar de poner la lupa en los procesos de arbitrajes y conciliación donde Odebrecht sea parte involucrada.
Ante la crisis que se está viviendo con los crecientes hechos de corrupción e impunidad, amerita que se tomen acciones de fondo, para recuperar la credibilidad hoy desvanecida del ente acusador, los hechos actuales y los recientemente pasados con el fiscal anticorrupción, es necesario pensar en acciones excepcionales, como las asumidas por el gobierno de Guatemala en el año 2.007, al suscribir con la ONU, un acuerdo que creó la Comisión Internacional Contra La Impunidad En Guatemala (CICIG), como un ente independiente, para apoyar a la Fiscalía y otras instituciones del estado para fortalecer la justicia.
Dicha comisión ha asumido en el país centroamericano investigaciones contra pesos pesados que parecían intocables en el ámbito Guatemalteco; como resultado de ello, han ido a prisión más de un centenar de personas, entre funcionarios, jueces, empresarios, exmilitares incluido los expresidente Álvaro Colón (2008 – 2012), por peculado y fraude; Otto Pérez Molina (enero 2012 – sept 2015) y la vicepresidenta Roxana Baldetti, obligados a renunciar por corrupción, igualmente se encuentra en investigación el actual presidente Jimmy Morales Cabrera, por financiación ilegal durante la campaña electoral donde ganó la presidencia en el año 2015.
Vale la pena indicar que el actual presidente de la CIGIG, es Iván Velásquez Gómez, quien en su condición de ex magistrado auxiliar de nuestra Corte Suprema de Justicia, tuvo a su cargo investigaciones que involucraron a varios congresistas, que luego fueron condenados por sus vínculos con paramilitares.
La justicia amerita que quienes están llamado a administrarla no generen ningún cuestionamiento, donde sus investigaciones y decisiones sean garantía para todos los ciudadanos sin miramiento de la posición económica, social o política que se ostente; precedente funesto sería tener un Fiscal Cobija, cuyas acciones se orienten a tapar acciones delincuenciales de determinados personajes o sectores con los cuales se haya tenido relaciones muy cercanas sean políticas, profesionales o laborales entre otras. Por último, ¿Habrá alguna forma de calcular como ha socavado el caso Odebrecht la confianza inversionista y el daño a la imagen del país?
