La Procuraduría General de la Nación inició una vigilancia sobre el proceso de revisión y modificación del Plan de Ordenamiento Territorial -POT- de Cartagena de Indias y convocó a la Alcaldía Mayor, al Departamento Nacional de Planeación –DNP-, al Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo –Fonade- y al operador INYPSA, para conocer las dificultades en materia jurídica, técnica y operativa que han impedido la culminación del proceso.
Como parte de esta vigilancia preventiva se llegó a acuerdos tendientes a garantizar la culminación efectiva de este proceso, teniendo en cuenta que los POT constituyen herramientas indispensables para la materialización de los derechos de los ciudadanos y el desarrollo sostenible del territorio.
Para la Procuraduría General de la Nación es preocupante que cerca del 80% de los POT se encuentren desactualizados, con las consecuencias que esto implica para la toma de decisiones, técnicamente soportadas, por parte de los mandatarios territoriales.
Para el caso de Cartagena el Ministerio Público instó a adoptar medidas encaminadas a garantizar la defensa de los derechos de la población, la salvaguarda del ordenamiento jurídico y la defensa del patrimonio público.
