Con la responsabilidad asumida recientemente por las Farc, frente al asesinato de Álvaro Gómez (2-NOV-1995), la Jurisdicción especial para la paz (JEP) y la Comisión de la Verdad (CV), tienen un reto crucial que muy seguramente moldeara y definirá la percepción de los colombianos, sobre su real capacidad de hacer Justicia y esclarecer la verdad.
Unido al homicidio de otras cinco personas, Rodrigo Londoño, Milton Toncel, Jaime Parra, Juan Cabrera, Pablo Catatumbo, Julián Gallo, Pastor Alape y Rodrigo Granda, miembros del antiguo Secretariado de la guerrilla, reconocen su responsabilidad en el magnicidio de Gómez y el resto de asesinados.
Su argumentación evidentemente tardía, tras 4 años de firmado el acuerdo de paz con el gobierno, se fundamenta en contribuir con su verdad a dar luces para esclarecer los hechos ocurridos hace veinticinco años.
No obstante, aparecen más sombras que luces respecto a este repentino y sorpresivo gesto de sinceramiento de la extinta guerrilla. De hecho, afectos y detractores han adoptado posiciones antagónicas: quienes consideran que son las bondades del acuerdo de paz al aportar verdad y los que no les creen a rajatabla, tildandolos de favorecer al expresidente Ernesto Samper y a Horacio Serpa, señalados de estar involucrados en el magnicidio de Álvaro Gómez.
Por consiguiente, para los familiares del político y periodista asesinado, la motivación de la exguerrilla entraña una finalidad velada de cerrar este capítulo aciago de la vida republicana de Colombia, para llevar el proceso penal a una etapa final de cosa juzgada. Con ello, se exoneraría a Samper y Serpa, al darse por terminada la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación. Así mismo, culminaría la declaratoria de crimen de lesa humanidad, realizada en mayo de 2019, con su carácter imprescriptible.
Sin embargo, asumir la responsabilidad de los asesinatos no será tan sencillo para los ocho confesos, ex integrantes del Secretariado del Estado Mayor Central de las extintas Farc, porque tendrán que pasar por tres filtros. Primero, el de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SRVR) de la JEP; segundo, la Comisión de la Verdad, que si bien no es una instancia judicial, tiene al igual que la primera una indelegable competencia de constatar que lo que se confiese esté fehacientemente documentado y probado, considerando el acervo probatorio recaudado por la Fiscalía General de la Nación durante más de dos décadas; y tercero, el escrutinio de la opinión pública nacional.
Por el desprestigio que se ha construido en el consciente colectivo de la Nación, sobre la JEP y la CV, dada su conformación con sesgos ideológicos afines a la extinta guerrilla fariana, en opinión de unos y la falta de credibilidad en estas instituciones, como argumentan otros, parecería iluso creer que el resultado final será distinto a la aceptación de esa verdad, la expiación de las culpas y una pena extramuros muy generosa para los responsables.
En consecuencia, la JEP y la CV tienen la inmensa responsabilidad de estar a la altura de esta circunstancia histórica, lo que significa agotar sus capacidades y mecanismos disponibles para llegar al esclarecimiento de la verdad. Una verdad que sea convincente, concluyente e incontrovertible para todo el país, ganando la legitimidad que institucionalmente deben tener, más allá de las normas legales que las instituyeron. La historia juzgará!!!
Mayor General de I.M. (RA) Luis Suárez, excomandante Infantería de Marina. PhD en Estudios Políticos de la Universidad Externado de Colombia, Magíster en Defensa y seguridad Hemisférica de la Universidad del Salvador de Buenos Aires (Argentina) y del Inter-American Defense College, Washington D.C. y, Magister en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra, Bogotá, D.C. Docente e investigador.
