La Unión Europea (UE) impuso sanciones, el pasado 22 de febrero, a 19 funcionarios y políticos venezolanos, las cuales contemplan prohibiciones de viaje y congelación de activos. Según el comunicado del bloque comunitario, los afectados “son responsables, en particular, de socavar los derechos electorales de la oposición y el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional, y de graves violaciones de los derechos humanos y restricciones de las libertades fundamentales”. Así pues, ya son 55 los funcionarios sancionados en el continente europeo, con lo que la UE busca allanar el camino hacia unas elecciones libres en Venezuela, al mismo tiempo que descarta cualquier apoyo a una intervención militar.
La reacción autoritaria de Maduro y la postura de la Asamblea Nacional desembocó en la expulsión de la embajadora, Isabel Brilhante Pedrosa, al ser declarada “persona non grata” sin agotar los pasos previos característicos para escalar diplomáticamente hasta llegar a una medida de tal magnitud. Generalmente, ante conflictos bilaterales, los países inicialmente cursan notas de protesta, prosiguen con la salida de funcionarios de inferior rango al del embajador y luego optan por la llamada a consultas de su jefe de delegación, con lo que prácticamente se agota el recurso diplomático del diálogo.
En consecuencia, la expulsión de la embajadora se constituye en una medida extrema dentro de las acciones políticas pacíficas de las relaciones diplomáticas, con lo que el régimen venezolano materializa su desacuerdo con las sanciones adoptadas por la UE. Así las cosas, obrando bajo el principio de reciprocidad que guía las relaciones internacionales, el Consejo de la entidad comunitaria hizo lo propio con la embajadora Venezolana en Bruselas, Salerno Caldera, al retirarle el estatus diplomático y también declararla “persona non grata”.
La represalia del Consejo Europeo, ha sido sustentada en que la actuación venezolana “está completamente injustificada y es contraria al objetivo de la Unión de desarrollar relaciones y construir asociaciones en terceros países”. Es indudable, que si bien no se avisora un mayor escalamiento que pueda terminar con la ruptura y, en últimas, la suspensión de las relaciones diplomáticas, sí surte un efecto inmediato en la configuración del relacionamiento bilateral, que puede afectar el potencial rol de mediador que tiene la Unión Europea para buscar una salida política negociada a la crisis que sufre el vecino país.
Por consiguiente, de no resolverse como sucedió a mediados del año pasado cuando Maduro, en circunstancias similares, reversó la orden de expulsar a la embajadora, se podría llegar a un distanciamiento y enfriamiento de las relaciones. Por ende, ante este posible panorama, se haría necesario revisar el estatus alcanzado para llegar a un acuerdo que permita mantener la comunicación y, por supuesto, el restablecimiento de los embajadores en Caracas y Bruselas.
Claro está, siempre y cuando el lado venezolano muestre interés por ese eventual proceso de mediación que, como van las cosas, no parece estar en las prioridades del gobierno de Maduro, pero en todo caso es de utilidad en la preconcebida estrategia de ganar tiempo para alinear intereses que beneficien el objetivo estratégico del gobierno. De hecho, su perpetuación en el poder depende de no llegar a instancias serias de negociación, por cuanto implicaría renunciar a su pretendida condición inmanente.
Dicha situación seguirá siendo la ideal y se verá favorecida en la misma proporción que no pese sobre el régimen la suficiente presión social interna y de la comunidad internacional, que ponga en riesgo las consabidas pretensiones de consolidar la mentada revolución bolivariana, para así poder emular a su principal referente, Cuba. Además, porque persisten y no se visualizan razones para que cambien los apoyos extrarregionales en cabeza de Rusia, China e Irán, entre otros.
Al contrario, Venezuela con el potencial de riqueza existente, es una fuente muy atractiva en el orden geopolítico, geoestratégico y geoeconómico, donde están en juego los intereses antagónicos de países contradictores a los valores democráticos que defiende y lidera Estados Unidos, junto a sus aliados. De ahí que los pesos y contrapesos, serán fundamentales en el sistema de alianzas para mantener la estabilidad de la región y el mundo democrático, donde la seguridad es un factor preponderante a tener en cuenta.
