Según datos de la ONU Hábitat un billón de personas reside en asentamientos informales y de baja calidad, el proceso de urbanización informal global en un 13% en 1900, un 29% en 1930 y en un 50% en el año 2006, al 2020 estaban estimados 889 millones de personas, en América latina uno de cada cuatro habitantes es decir 113.4 millones carecen de un lugar digno donde vivir.
En Colombia según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE, al 2019, el índice de pobreza multidimensional en zonas rurales era del 34,5% mientras que para las 13 principales ciudades del país la tasa es inferior al 12.3%. en cuanto a la vivienda encontramos que al 2018 el déficit habitacional se encontraba en 36,6%, sin embargo, la cifras en los centros poblados y rurales disperso alcanzó el 81%; el déficit cuantitativo se ubicaba en el 6,1% en las cabeceras municipales, y en los centros poblados y rurales dispersos en 23,7%; en cuanto al índice cualitativo en las cabeceras se ubicaba en el 18,7 y en los centros poblados y rural disperso en un 57,2%. Estas cifras evidencian el olvido en que se vive en las zonas rurales por parte del gobierno nacional y de los entes municipales y departamentales.
Con 7,7 millones de personas desplazadas en 2017, según el informe anual Tendencias Globales Colombia volvió a ubicarse como el país con más desplazados internos en el mundo. En 2020 Migración Colombia estimo que un millón 750 mil venezolanos se encuentran radicados en el país, cifra que es variable pues sigue creciendo ante las dificultades que se presentan en el vecino país, esta población ha llegado a engrosar los altos índices de miseria y vulnerabilidad de muchas de nuestras urbes, el 39% se concentran en las ciudades de Bogotá, Cúcuta, Barranquilla, Medellín y Cali.
Dos realidades que vivimos en nuestras urbes, por un lado “la ciudad formal” que supone cumple con la normativa urbana, creciendo de acuerdo a lo establecido en los Planes de Ordenamiento Territorial, una formalidad basada en títulos de propiedad y en condiciones impuestas por la autoridad municipal y de registro de bienes inmuebles, con una función legitima adquirida como derecho pero que implica obligaciones en la función social. La Constitución Política de 1991 en su artículo 51 establece que “Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda.”
Sin embargo, otra realidad establece el devenir de las urbes “la ciudad informal” fruto de la autoconstrucción, de la invasión de espacios para el establecimiento del hábitats sin el lleno de requisitos técnicos y formales, procesos que evidencian desplanificación pues de desarrollan de manera aislada sin un trazado urbano de calles o de enlace con la ciudad formal, en los que la infraestructura termina siendo inadecuada y por supuesto no se da la dotación de servicios básicos, tienden a ubicarse en zonas complejas, cercanas a basureros a cielo abierto, humedales o lechos de arroyos o ríos (zonas inundables), o en pendientes muy elevadas, y por supuesto en zonas periféricas de las ciudades.
Llegan a estas áreas la población más vulnerable, anteriormente descrita en las cifras que marcan los déficits habitacionales, las migraciones internas y externas, la informalidad y la pobreza, quienes no cuentan con empleos fijos y por tanto los bajos ingresos y la incapacidad de ahorro en instituciones bancarias les impide acceder al mercado inmobiliario, a hipotecas, a créditos o subsidios.
Según el Lincoln Institute of Land Policy el fenómeno de formación de asentamientos informales ha aumentado en escala y ha producido diversos tipos de asentamientos locales o regionales, como las favelas y los asentamientos clandestinos de Brasil, las barriadas de Perú, los katchi abadis de Pakistán, los gecekondu de Turquía y las subdivisiones del suelo producto de urbanizadores ilegales en Colombia.
Queda claro que el acceso al suelo, la desigualdad en la tenencia de la tierra, la expansión urbana en suelos de engorde, el mal manejo de las plusvalías, la falta de proyectos de mejoramiento barrial, la política equivocada de vivienda de interés prioritario y social, la falta de visión para entender el territorio, su relación con el medio ambiente, con el ciudadano, con las ciudades y pueblos cercanos y por supuesto con las áreas rurales, no ha sido exitosa por parte de los entes reguladores del desarrollo territorial.
La exclusión social viene siendo el eje conductor del Estado, en el caribe colombiano hay ciudades capitales que no han podido resolver la prestación del servicio de agua potable 24/7 en barrios formales, el mismo se presta de manera ineficiente en carrotanques y en las áreas rurales la prestación es inexistente teniendo que recurrirse a pozos o jaguey, el llamado desarrollo se ha quedado en la pavimentación de vías urbanas y en la ejecución de uno que otro proyecto de equipamiento, que por supuesto no logra dinamizar transformaciones en los territorios ni en el nivel de calidad de vida; urge un cambio en la manera en que se establece la actuación pública, en el modelo expansivo del territorio, en la focalización de las inversiones, en el fortalecimiento de la ciudadanía y en la generación de valor urbano y rural.
