Si en Colombia existe una jurisdicción que genera controversia, es la Justicia Penal Militar. Creada como una garantía para los militares, quienes en el marco de la guerra deben actuar bajo condiciones extremas que solo jueces o tribunales especializados podrían comprender, el funcionamiento de esta justicia ha sido fuertemente criticado por la percepción de impunidad que produce.
Y es que si bien es válido el argumento de que no todas las personas conocen la realidad de la guerra y que los militares deben ser juzgados por jueces especializados que sí conozcan esta dinámica para que se les garanticen sus derechos, no es suficiente para concluir que solo los militares puede juzgarse a sí mismos.
Pero obviando esta problemática, es urgente resolver el caso de la Policía Nacional, concebida constitucional y legalmente como una fuerza civil, cuya actividad principal radica en la protección de la ciudadanía, es imposible justificar, por una parte, que se encuentren bajo las toldas del Ministerio de Defensa, y por otra parte, que los delitos cometidos en el marco de sus actuaciones se encuentren bajo la competencia de la Justicia Penal Militar.
¿Cómo justificar que el caso de Dilan Cruz, por ejemplo, deba ser conocido por un juez militar y no por un juez de la justicia ordinaria?, ¿acaso nos están tratando de decir que para el Estado la protesta social y el conflicto armado son iguales? No es el único caso ni el único interrogante. Lo que sí es cierto es que una de los principales reclamos de la ciudadanía que está marchando o que apoya el Paro Nacional tiene que ver con los excesos de la Fuerza Pública.
La gente está cansada de ver videos en redes sociales en los que se puede observar cómo agentes del Estado, cuya función esencial es proteger a la gente, agredir de manera brutal a personas que no estaban haciendo absolutamente nada. Estos abusos son los que han provocado que la imagen de instituciones como la Policía o el Ejército, que históricamente habían gozado de favorabilidad, hoy estén en su peor momento, y que parte de las exigencias de los líderes del Paro Nacional pasen por la abolición del ESMAD o, precisamente, por cambiar la estructura del Fuero Penal Militar.
No es tarde para que el gobierno escuche a la ciudadanía, para que Iván Duque se quite las chaquetas de la Policía Nacional o de la Fuerza Aérea, y entienda que la mejor forma de proteger a las instituciones no es retando a los manifestantes ni a los familiares de las víctimas de la Fuerza Pública, sino reconociendo que la reestructuración es urgente, pidiendo perdón por los crímenes que se han cometido hasta el momento y garantizando que los delitos ya cometidos no vayan a quedar en la impunidad. Es una deuda histórica que si Duque es capaz de saldar, ayudará a sanar tantas heridas sociales y a recuperar la credibilidad de las instituciones del Estado.
