La crisis actual de Colombia, muy similar a la que vivieron Chile, Ecuador y Perú, es el resultado de la desconexión de la clase dirigente con la población. No obstante, esto no justifica la violencia y el caos, ni representa que sea exclusivo de los países donde ha explotado el inconformismo, sino que es un fenómeno que se ha venido incubando e irradiando durante años en América Latina. De ahí que a los gobernantes de turno les asiste la ineludible responsabilidad de dar soluciones, sin mirar con ojo retrovisor y acometiendo las reformas indispensables, para no continuar en el círculo vicioso de la sordera que ha predominado.
Para comenzar, urge escuchar el clamor de los ciudadanos en general y los jóvenes en particular, para propender por eliminar las causas objetivas de la problemática manifiesta. Al mismo tiempo, partiendo del respeto por encima de cualquier circunstancia, un compromiso civilizado para impedir que la violencia nos siga derrumbando. Esta no solo atenta contra la vida e integridad física de las personas y sus bienes, sino que también agrava la precaria situación económica del país, ahondada por la crisis sanitaria de una pandemia que no da tregua.
Por ello, desde ahora, cuando alguien sea atacado o algún bien violentado, no nos quedemos callados, ni seamos indiferentes. No solo por los afectados, sino también por nuestros hijos y nietos, no permanezcamos en silencio, ni seamos complacientes o indiferentes. No miremos para otro lado, fingiendo que no pasa nada, porque de eso dependerá el legado que le dejemos a las futuras generaciones.
En Colombia hemos vivido momentos oscuros, producto del conflicto fratricida. Más de 60 años de lucha contra las guerrillas y desde 1984 la guerra contra el narcotráfico, flagelo que profundizó la corrupción y sacó lo peor de la condición humana. Es imperativo saber que los jóvenes son el futuro y que todos somos importantes en este maravilloso país donde vivimos.
El odio y la violencia, son la fuente que alimenta el sentimiento colectivo de frustración e incertidumbre y agobia el presente de los colombianos, especialmente del quintín de la población más pobre que disminuyó sus ingresos en un 50%. Por tanto, sin distingo de ideología, color político o credo religioso, entre otros, es hora de perdonar a los que nos han ofendido y construir la nación que hemos soñado, acogiendo el mensaje del Papa Francisco durante su visita en septiembre de 2017.
La premisa es evitar que el odio exacerbado haga presa y se generalice, dando paso a que el estallido social en curso, así parezca improbable y lejana, degenere en el riesgo de una guerra civil. Por consiguiente, es menester un esfuerzo mancomunado en el que los políticos tienen una responsabilidad superior frente a esta grave crisis, ya que son los llamados a dar ejemplo, construir consensos y, al menos, ponernos de acuerdo para detener la violencia. En particular, aquellos con aspiraciones presidenciales en el 2022, tienen el indeclinable deber de contribuir a restaurar el orden.
Quien no lo haga, significa que es alguien a quien le interesa “construir sus ambiciones políticas a través del caos”. De hecho, “construir su llegada al poder” aprovechándose del “caos, la desesperación y la frustración”, en palabras del presidente Duque, ciertamente no es honorable, ni mucho menos patriótico. Al contrario, demuestra indolencia ante la gente y que su interés particular prevalece, mezquinamente, por encima del beneficio de la sociedad.
En Consecuencia, la dirigencia colombiana es la llamada a liderar las soluciones, con el gobierno y el congreso a la cabeza, junto a los empresarios, partidos políticos, iglesia, sindicatos, grupos sociales, manifestantes, reservas y veteranos, las universidades y, en fin, las fuerzas vivas del país. Hacerlo, se traduce en responsabilidad, diligencia y capacidad para generar espacios de concertación, hablar, hacer propuestas y, de una vez por todas, conseguir que las demandas pendientes puedan ser subsanadas.
En conclusión, para lograr soluciones, las partes deben tener la disposición suficiente para ceder en función de reformar el contrato social existente y, en términos de Rousseau, resolver el problema fundamental con dicho pacto. Aquí, las fuerzas políticas y empresariales serán determinantes para acordar el diseño e implementación del plan de reformas, con base en los principales elementos del gasto público y la fuente de impuestos para su financiación.
