Aunque Colombia es un país pujante, que ha avanzado en los últimos años en casi todos los frentes como lo es desigualdad, pobreza, educación, crecimiento, acceso a la salud, entre otros aspectos importantes de medición a nivel internacional, la fracasomanía sigue estando presente en casi todas las campañas políticas y en el sentir de los ciudadanos. Esto según las últimas encuestas de percepción como Gallup donde las personas sienten que las cosas no están mejorando.
Entonces, ¿Por qué si algunas cifras pintan bien, el gran sentir ciudadano dice que vive peor? ¿Será todo culpa del gobierno nacional? ¿Del gobierno local? ¿De la oposición?, aunque la pregunta no tiene una respuesta correcta, mi aproximación está más cercana a pensar que el día a día de las personas se está volviendo más difícil y que tampoco perciben la posibilidad de un mejor futuro.
Los ciudadanos salen de sus casas asustados por la inseguridad, a rebuscarse el día a día en ambientes hostiles, con poca o nula capacidad de ahorrar por responsabilidades familiares, deudas o vacunas, en su gran mayoría sin seguridad social y en la informalidad, devengando menos del salario mínimo por los altos costos de contratación a las empresas y sin esperanzas de poder acceder a su pensión en un futuro por un esquema rígido que premia a los que más recursos tienen con grandes subsidios.
¿Cómo resolvemos esto? Primero con voluntad política y segundo haciendo las reformas que Colombia necesita. Entre ellas una reforma tributaria, que siga las recomendaciones de la OCDE y expertos, para que las personas naturales paguen más impuestos que las personas jurídicas (empresas) y ellas puedan contratar más.
En segundo lugar, una reforma laboral que flexibilice el trabajo, sus horarios y sus tiempos, y que se le pueda pagar a una persona cada una de las horas de tu trabajo con las prestaciones sociales correspondientes. En tercer lugar, una reforma pensional que permita una mejoría en las cifras de pensionados (actualmente 30 de cada 100), y logre que la gran mayoría de colombianos tengan protección económica en su vejez, sumado a la reducción de grandes subsidios de Colpensiones a las personas con mayores ingresos de la sociedad a costa de la cotización y los impuestos de todos nosotros.
Todo esto acompañado de la consolidación de los municipios PDET e incentivos para que la empresa privada llegue a estos municipios donde el gran proveedor del trabajo formal es el Estado, sumado de una política de seguridad, que además de punitiva, blinde a las comunidades de volver a caer en la barbarie de la violencia, el secuestro y la desesperanza.
