Por presunta extralimitación de funciones, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a través de la Oficina de Control Interno abrió una indagación previa en contra de la titular de esa dependencia, Natasha Avendaño García, derivada de una acción popular presentada por veedores de Cartagena de Indias, por autorizar el cobro de una multimillonaria deuda a más de 600 mil usuarios de la extinta Electricaribe, en la región Caribe, en la facturación de las empresas Afinia y Aire. Se solicitó la intervención de la Procuraduría General de la Nación y de la Fiscalía para que investiguen de manera disciplinaria y penal.
Los promotores de la acción popular, entre los que se encuentran los abogados Héctor Pérez Fernández y Erick Urueta Benavides, habían solicitado la protección de derechos colectivos de los usuarios del servicio de energía en la región Caribe, fueron notificados en las últimas horas por la Superintendencia de Servicios Públicos.
“Avendaño García, se habría extralimitado en sus funciones al autorizar en las facturas de Aire y Afinia, el cobro de las deudas que tenían los clientes de Electricaribe, so pena de suspenderles el servicio de energía”.
Los accionantes solicitan que la empresa Afinia deje de cobrar definitivamente las deudas de Electricaribe a los usuarios de Cartagena y el departamento de Bolívar y que esa mora sea inmediatamente excluida de los recibos de cobro del servicio de energía que están enviando mensualmente. Como también no seguir cambiando los medidores en forma ilegal y violando el debido proceso.
Igualmente no seguir adelantando cortes del servicio de energía por deudas pendientes e inexigibles de Electricaribe en Liquidación y se abstenga de incluir en las facturas de consumo de energía los costos inherentes a las pérdidas no técnicas, así como también prohibir que de aquí en adelante Afinia le cobre deudas a sus usuarios que no han sido debidamente autorizadas y/o consensuadas por estos.
