El pasado 18 de Agosto del 2022, el Congreso de Colombia, eligió casi de manera unánime a Carlos Hernán Rodríguez como nuevo Contralor General de la República con 166 votos en la Cámara y 94 del Senado, donde obtuvo el apoyo del Pacto Histórico como bancada de gobierno y de todos los sectores políticos, incluyendo el del Centro Democrático.
Hasta allí, todo dentro de lo normal, es decir los gobiernos desean un aliado que esté a cargo del control, vigilancia y fiscalización de todas las transacciones, gastos e ingresos de los bienes públicos nacionales. Ello no es propio del actual, todos los gobiernos pasados sin excepción han actuado de la misma manera, como sucedió con la intención de Duque con sus aliados, dejar en el cargo a su alfil María Fernanda Rangel, quien era la favorita hasta un día antes de la elección.
Por supuesto que vendrán críticas de algunos sectores especializados en controvertir, especialmente por algunos lunares históricos que lo comprometen con presuntos vínculos con el narcotráfico, cosa que el electo se defiende insistiendo en que, “mis comportamientos éticos y morales me han permitido desarrollar actividades tanto públicas como personales con honestidad, transparencia, imparcialidad, diligencia e independencia, tal como se exige a todos los servidores públicos y en especial a quienes ejercemos funciones de control”.
Lo que viene a marras, no es en si la elección, sino las verdaderas funciones del ente, dentro de los que colocamos también a las contralorías departamentales y municipales, cuando ellos son elegidos por parlamentarios, diputados y concejales, quienes son los padrinos de los funcionarios de esas dependencias que muy poco actúan en función constitucional para cuidar de los bienes comunes, del buen uso de los dineros públicos, desbaratar los contratos adjudicados a testaferros de senadores, representantes, diputados y concejales que terminan en obras inconclusas como monumentos a la corrupción y sin responsabilidad fiscal ni penal.
En un informe de la Red de Veedurías Ciudadanas, no deja bien parados a algunos ex contralores, expresa la red que “el primer contralor que tuvo líos con la justicia fue Julio Enrique Escallón (1971-1975), detenido por corrupción, su sucesor, Aníbal Martínez Zuleta (1975-1982), la Corte Suprema de Justicia lo sentenció a tres años de prisión, Rodolfo González (1982 y 1990), terminó enredado por el proceso 8.000”.
Continua la Red: “Manuel Francisco Becerra (1990-1994) condenado en 1998 a 70 meses de prisión y a pagar una multa de 300 millones de pesos por estar en la nómina de la mafia, David Turbay (1994-1998), capturado por la Fiscalía y condenado a cinco años y 10 meses de prisión por haber recibido al menos 49 millones de pesos del cartel de Cali”.
El Estado ha sido cómplice de las irregularidades y falta de resultados de las contralorías, el mismo expresidente de la Corte Constitucional y de la Suprema de Justicia aceptan la “mea culpa”, cuando afirma que ellos son responsables de postular candidatos sin el lleno de los requisitos, como también es responsable la Asamblea Nacional Constituyente cuando derogó la Ley 20 de 1975, quitándole a dichas entidades el control previo, alegando que ello se prestaba para la coadministración del estado y lo llevaron a ser posterior y selectivo
Dicho control, por ser posterior y selectivo, desencadenó los innumerables Mamut de corrupción, con pocos resultados de las Contralorías ante el desenfrenado enriquecimiento ilícito, conllevó a que otros sectores vigilados o judicializados por la Procuraduría o la Fiscalía, se aprovecharan para apropiarse de los recursos nuestros y que hoy hacen parte de nuestra fatídica historia, como los escándalos en la salud, tales como los carteles de los enfermos mentales, del asma y de los centros de desarrollo infantil.
El espacio es corto para seguir describiendo los lastres de impunidad, el de la toga, Interbolsa y su «Fondo Premium», Odebrecht, desfalco a Ecopetrol, Saludcoop y Juegos Nacionales, del sistema judicial de Barranquilla, caso Hyundai, en las Gobernaciones con regalías, la corrupción en la DIAN, Universidad Distrital de Bogotá, Reficar, el PAE y de la chatarrización de buses y pare de contar.
Lo que tendremos en la lupa nacional es el compromiso firmado por el Contralor electo con los senadores y representantes, en el sentido que no entregará cargo alguno a los políticos y ellos serán nombrados por meritocracia, a más, que será el impulsor del nuevo ente que promulga el gobierno con el Pacto Histórico y otros partidos, con la eliminación de todas las contralorías y crear el tribunal de cuentas.
Para dicha iniciativa debe reformarse en sus ocho debates la Constitución y entraría a formar parte de la Rama Judicial, para que sus fallos tengan sentencias definitivas con carácter de cosa juzgada y no de actos administrativos. Amanecerá y veremos.
