La propuesta de poner en marcha la nueva empresa estatal de transporte naviero creada en 2019, tras la quiebra en el pasado reciente de una empresa de servicio naviero similar (Senarc), ha sido retomada por el presidente Gustavo Petro. En efecto, le planteó a la Armada de Colombia la construcción de una flota de transporte fluvial, por intermedio de la Corporación de Ciencia y tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial (Cotecmar). Para ahondar en esta iniciativa, es necesario revisar cómo fue ese servicio y explorar las posibilidades que permitan materializar dicha propuesta.
Hay que comenzar por decir que el transporte naviero marítimo y el fluvial, en particular, ha sido una necesidad de vieja data para llegar a las regiones más apartadas del país. Como precedente cercano es necesario remontarse al Servicio Naviero Armada República de Colombia (Senarc), cuya creación se dio en un contexto donde la división territorial de Colombia comprendía 23 departamentos y 9 territorios nacionales. Estos últimos eran, 4 intendencias: Arauca, Casanare, Putumayo y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; y 5 comisarías: Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada.
De ahí que la finalidad primordial de Senarc no fue otra que la de impulsar el desarrollo, para sacar esos territorios de su histórica debilidad. No obstante, si bien con la Constitución Política de 1991 las intendencias y comisarías alcanzaron la categoría de departamentos, pasando de 23 a 32, hoy continúan en estado crítico. No por falta de riqueza, sino por la pobreza espiritual de sus dirigentes, agudizada por la corrupción y la penetración estatal del narcotráfico. Así se constata en la mayoría de los nuevos departamentos, incluyendo Chocó y Guajira, donde se ha concentrado gran parte de la actividad subversiva, delictiva y criminal que agobia persistentemente a la nación.
Dentro de este contexto, el Senarc nació en 1984 durante el gobierno de Belisario Betancur, en virtud del Decreto presidencial 100 del 18 de enero de dicho año, como una empresa industrial y comercial del Estado, vinculada al Ministerio de Defensa Nacional. Además, con personería jurídica, autonomía administrativa y capital independiente para contribuir a la política y los planes del gobierno, en materia de transporte fluvial y marítimo, respecto a las zonas no integradas económicamente al desarrollo del país.
Por consiguiente, el objetivo fundamental de Senarc se orientó a prestar el servicio de transporte no solo fluvial, sino también marítimo. En el fluvial, para incrementar la integración del territorio nacional a la economía del país y servir como instrumento para el desarrollo industrial y comercial multinacional en la Orinoquía y la Amazonía. Mientras que en los litorales del país, coadyuvaba al desarrollo de las áreas costeras, con la actividad de cabotaje.
Mientras la empresa naviera estuvo operativa, prestó el servicio de transporte fluvial de carga y pasajeros a las zonas más apartadas, para suplir la carencia de vías de transporte terrestre y así llegar a la Colombia profunda más necesitada. Un servicio que benefició a centenares de personas hasta que el informe oficial del Ministerio de Defensa, en septiembre de 1992, dio cuenta que la junta directiva tomó la decisión de liquidar la empresa, fundamentando su determinación en tres razones primordiales:
1 . Ha producido pérdidas desde su fundación; 2. Existen fallas estructurales no solucionables en el corto plazo; y 3. A lo largo de su funcionamiento ha vivido dificultades financieras, agravadas en los últimos años, al punto de reportar pérdidas operacionales en doce de sus trece naves, en el último año, con un porcentaje de utilización que sólo alcanzó el 25%. (El Tiempo, 16 de septiembre de 1992)
Por todo lo dicho Senarc tuvo una vida relativamente corta de casi 9 años, contados a partir de su creación en enero de 1984, hasta la supresión y liquidación de la empresa decretada por el presidente César Gaviria, el 30 de diciembre de 1992. Desde entonces, con la expedición del decreto 2163, permaneció cesante de las actividades propias de su objeto hasta que finalmente fue liquidada en 1993, pasando todos sus derechos y obligaciones a la Nación-Ministerio de Defensa.
Teniendo como antecedente el traumático desenlace de Senarc y con base en estudios previos realizados para revivir un nuevo Servicio Naviero Colombiano (Senac), el gobierno del presidente Iván Duque se dio a la tarea de apostarle a esta nueva iniciativa. Es así que con la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019 con la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, crea la “Empresa de Transporte Naviero de Colombia“ como una entidad industrial y comercial del Estado (artículo 303).
Su objeto apunta a “fomentar el desarrollo de zonas apartadas a través de la prestación del servicio público de transporte de personas y mercancías por medios marítimos y fluviales, facilitando la conexión de estas zonas con el resto del país.” Claro está, de manera oportuna, excelente capacidad de carga, fletes razonables, regularidad y seguridad para incentivar la producción de cultivos, encadenamientos productivos y facilitar el acceso al mercado.
En dicho sentido, no se debe desconocer que Colombia es un país con un crecimiento económico y social en desarrollo, cuyo alto potencial de remanentes bien vale la pena aprovechar en las áreas geográficas más alejadas, superando las históricas debilidades que dificultan la conexión con el resto del país.
Este nuevo intento amerita contar con aliados estratégicos y tecnológicos, para implementar la puesta en marcha de la empresa, así como una alianza entre el sector público y privado, sin dejar de lado a las empresas formales e informales que tradicionalmente operan en las regiones más apartadas. Ello permitirá obtener a 2030 una mayor presencia en las zonas donde el transporte de pasajeros, mercancías y carga se implementará inicialmente, específicamente en los ríos Atrato, Meta y Putumayo, según lo recomendado en el estudio de factibilidad.
Sin lugar a duda, la “Empresa de Transporte Naviero de Colombia” será de vital importancia, toda vez que ayudará a la solución de las debilidades existentes y el servicio de cabotaje estimulará el desarrollo social y económico de esas regiones. Por ende, se hará necesaria la construcción de buques de carga y cabotaje, empujadores fluviales, barcazas fluviales multicarga, buques de dragado y lanchas de transporte LP-35, entre otros medios de Cotecmar. En buena hora se retoma este proyecto estratégico de interés nacional, para mejorar de una vez por todas la comunicación e interconexión costera y fluvial, de los territorios aislados y más apartados del país.
Hay mucho trecho por recorrer, máxime si apenas se están iniciando las reuniones exploratorias en el Ministerio de Defensa, pero bajo la asesoría administrativa, operacional y técnico de la Armada de Colombia, en coordinación del Grupo Social y Empresarial del Sector Defensa (Gsed), esperemos que se sorteen obstáculos y se salga avante en la constitución e implementación de la empresa naviera creada. Además, en el marco del Plan de Desarrollo Naval 2042, resulta plausible la contribución de la Armada con sus operaciones navales para posicionar la seguridad integral marítima y fluvial, dentro de los planes de desarrollo territorial de los departamentos y municipios costeros.
