Colombia es un país abanderado mundialmente en tener altos porcentajes de corrupción de acuerdo con el Índice de Percepción de Transparencia Internacional, cuando en los últimos diez años ha permanecido inmóvil con un puntaje de 39 sobre 100 sin registrar ninguna clase de avances y es proclive a la tramitología que en palabras sencillas es el prefacio de la corrupción. De la misma manera algunos funcionarios se pasan por la faja la Ley 962 de 2005 sobre racionalización de trámites y procesos administrativos.
Un gran sector de los empleados públicos, cuando están en el asfalto son amigos de “Raimundo y todo el mundo”, pero por esos avatares del destino cuando se amarran de un político buscador de puestos y logra acomodarse en un cargo de manejo o de trato con el público, es cuando sale a relucir sus ínfulas de Don o Dr., y manejan dichas oficinas a su antojo sin importar que están al servicio de la comunidad.
Para ellos, la ley en mención no es de sus incumbencias, al no permitir al ciudadano acceder a los servicios públicos de forma ágil y efectiva, además muchos no están inscritos en el Sistema Único de Información de Trámites, SUIT, que opera a través del Portal del Estado Colombiano, PEC, www.gobiernoenlinea.gov.co.
El trato y la atención amable a los usuarios debe ser el común denominador y eso se aprende en la academia, Buenos Días…Buenas Tardes… Buenos Días…Buenas Tardes… se les repite y repite y ellos o ellas, en función de “mamola” como lo expresaba el fallecido líder político santandereano, Horacio Serpa Uribe, impávidos sin levantar la cabeza para contestar y al cabo de un buen rato solo balbucean…tuteando descaradamente…!!!…qué quieres…!!!…Ahora no te puedo atender…estoy demasiado ocupado… (Chateando) y si se les increpa, peor, se molestan y ofenden descaradamente.
Ello sucede en muchas oficinas públicas de Colombia, donde la Ley de tramites no es para ellos, como tampoco tienen defensores del usuario, y los gobernantes no hacen lo posible por minimizar los tramites, especialmente en las secretarias de transito municipales y departamentales, cuando a un usuario le embargan sus cuentas por concepto de multas o de impuestos. Es cierto que las cargas impositivas y las infracciones hay que cancelarlas, pero que embarguen el 200% es otro cantar, cuando para “el Código Sustantivo del Trabajo el salario mínimo legal es inembargable y si se gana más de un salario mínimo, el excedente sí podrá ser embargado, pero solo hasta en una quinta parte”
Cuando se trata de las secretarias de tránsito, ellas elaboran la resolución de embargos y son enviadas a más de 30 bancos nacionales, luego el usuario cancela o arregla la situación y para ello nuevamente el transito debe elaborar otra resolución de desembargo de acuerdo al artículo 818 estatuto tributario nacional, para la efectividad del proceso el usuario debe patinarlo por varios días, luego es enviado a los bancos y ellos no lo resuelven en sus regiones sino en las oficinas centrales, trámite que dura más de quince días hábiles.
Si le embargaron más de la deuda, amárrese los pantalones, ahora es cuando la burocracia y la tramitología se expanden en toda su dimensión, nunca informan al afectado cual es el procedimiento, toca asesorarse de los tramitadores que cobran por su trabajo que tienen sus calanchines en dichas secretarias. Los bancos privados pasan el dinero al Banco Agrario, Banco de Occidente o Caja Social, entre otros, que se toman más del tiempo que dicen tener y lo remiten a las oficinas correspondientes en los municipios y departamentos.
En dichas oficinas un funcionario se toma su tiempo alegando “demasiado trabajo” y puede durar, si no hay tráfico de influencias o mordida, dos o tres meses para elaborar una nueva resolución de devolución del excedente embargado. Dicha resolución pasa nuevamente al tránsito y uno de los tantos abogados, también alega exceso de trabajo y sin influencia puede duran tres meses más.
Cuando creyó que ya todo estaba resuelto y le reintegrarían el dinero que se encuentra en una fiducia de la secretaría de tránsito, pues no es así, de allí pasa nuevamente al municipio o departamento donde deben elaborar una de las tantas resoluciones para que el banco donde depositan sus dineros le reintegre al pobre y miserable ciudadano su dinero cobrado de más.
La alegría dura poco, ya que si le embargaron dos o más títulos que sobrepasan la deuda, la liquidación no concuerda con lo que el usuario debía y había pagado. La respuesta es tajante. Un funcionario se equivocó y no sumo y resto bien, entonces el proceso debía reiniciarse nuevamente.
En conclusión, con buenos padrinos, su reintegro durará seis meses,…sin padrino…ni han se sabe… y es por ello que la presente debe servir de denuncia pública para que la Procuraduría y la Contraloría general de la República tomen cartas en el asunto, investiguen y podrán observar los millones y millones de dinero que se encuentran en poder de las fiducias de estas entidades, dineros que pertenecen a usuarios que les embargaron más de la deuda y ha sido imposible su devolución. Estamos en Locolombia, país de las maravillas y ni quién nos salve…
