Los ejercicios militares conjuntos iniciados el domingo 25 de diciembre pasado, por el Ejército Popular de Liberación de China (EPL), en el espacio marítimo y aéreo que circunda la isla de Taiwán, se dieron como “una respuesta firme a la creciente connivencia y provocación entre las autoridades estadounidenses y taiwanesas”. Así se constata en un comunicado emitido por el comando del Teatro de Operaciones Oriental chino, lo que no solo pone en alerta a la dirigencia gubernamental taiwanesa, sino que también se constituye en una intimidación militar para el estamento de defensa de Taiwán.
Cabe recordar que el EPL realizó ejercicios similares en agosto de 2022, tras la visita de la presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, advirtiendo que se repetirían periódicamente. Por consiguiente, lo que está ocurriendo obedece a una política militar establecida, toda vez que si bien la República de China insular es una democracia autónoma y aliada de Estados Unidos, la China continental no ceja en su empeño de reunificar la “isla rebelde” como parte integral de su territorio.
Sin embargo, es evidente que la escalada en la tensión responde, principalmente, a la reciente Ley de Autorización de Defensa Nacional de Estados Unidos, firmada por el presidente Biden el 27 de diciembre de 2022, que incluye aumentar la asistencia estadounidense a la isla en materia de seguridad. De lo anterior se desprende la ira que genera en China, la estrecha relación entre Washington y Taipéi, máxime si va acompañada de acciones provocadoras en contra de Beijing, tal como ha protestado el Ministerio de Relaciones Exteriores chino.
Cuando China habla de “provocaciones”, se fundamenta en el principio de “una sola China” -que defiende a ultranza- y se refiere a cualquier tipo de vínculos militares con la que denomina su isla (Taiwán). Específicamente, hace alusión a Estados Unidos y su ayuda hasta 10 mil millones de dólares durante cinco años, incluida en la referida Ley de Autorización de Defensa Nacional, con destino a la seguridad y compra acelerada de armamento para Taiwán. Así mismo, al veto que allí se impone en las compras del Departamento de Defensa, a productos manufacturados mediante trabajos forzados en la región china de Xinjiang.
De ahí que la cancillería de China no demoró en pronunciarse sobre su “fuerte insatisfacción y decidida oposición” a dicha Ley, a través de un comunicado en el que insta a Estados Unidos para que tome con seriedad los entendimientos comunes logrados por el presidente Xi Jinping y su homólogo estadounidense Joe Biden, en Bali (Indonesia), en noviembre de 2022. En el documento, también insta al hegemón “a abandonar la mentalidad de la Guerra Fría y el sesgo ideológico, así como a adoptar una visión objetiva y racional del desarrollo de China y de las relaciones bilaterales, y no implementar las secciones negativas relacionadas con China en la Ley”.
En consecuencia, lo anterior se traduce en una enérgica posición política asumida por las autoridades chinas, en el sentido de utilizar sus tropas en maniobras de alistamiento para el combate y hacer lo necesario “para defender con firmeza la soberanía nacional y la integridad territorial”, de la isla que considera legítimamente suya. De aquí el rechazo chino a cualquier injerencia externa frente a Taiwán, que la convierte en una línea roja para sus relaciones bilaterales, en particular con Estados Unidos.
Y no es para menos, dado que están en juego los intereses nacionales de China con graves repercusiones en lo geoestratégico, geoeconómico y geopolítico. Claro está, amparándose en el argumento que la alianza y cooperación militar Estados Unidos-Taiwán, causa graves daños a la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. No obstante, la perspectiva de un ataque chino a la isla, prende las alarmas en los países europeos y previene a los vecinos de China ante el riesgo de sufrir lo mismo a futuro.
