El ministro de la Justicia colombiana, Néstor Osuna, presentó este miércoles 15 de febrero de 2023, la ley de sometimiento a las bandas criminales que presentará ante el Consejo Criminal y que espera radicar pronto en el Congreso de la República.
El proyecto en el que los grupos armados tienen dos años para acogerse, está dirigido especialmente a las bandas criminales sin ningún estatus político y que no estén cobijados en el proyecto de paz total sancionado inicialmente por el presidente Gustavo Petro Urrego.
Osuna, dijo que este es un articulado que le ofrece el Gobierno a las bandas criminales para que se acojan a la justicia y restauren a las víctimas y que les permitirá obtener beneficios.
“Los grupos que se sometan deben estar enmarcados en patrones criminales que incluyan el sometimiento violento de la población civil de los territorios rurales y urbanos en los que hagan presencia pero que no tengan ningún carácter político. La red debe ser plural y con una estructura jerárquica y cuyas actividades están centradas en la comisión de delitos como el narcotráfico y la extorsión”.
También establece el articulado penas de seis a ocho años de cárcel para los integrantes de estas organizaciones, más cuatro años de libertad condicional para que realicen actividades de reparación a las víctimas y la sociedad en general.
El documento que será radicado muy pronto señala que las bandas criminales deberán entregar información sobre su organización, desmantelar la misma, reparar a las víctimas, aportar a la verdad y entregar bienes de la organización.
Los bienes entregados entraran directamente a extinción de dominio. No obstante, los integrantes de estas bandas podrán mantener hasta un 6% de ese patrimonio ilícito para sus familias. El resto pasará a manos de la SAE
En primer lugar se harán los preacuerdos con las bandas criminales que deseen acogerse a los beneficios y luego comienza una fase de investigación, procesamiento e imputación de los crímenes cometidos.
El Fiscal General de la Nación procederá a delegar a los fiscales y funcionarios de policía judicial necesarios para realizar el proceso de judicialización, quienes inmediatamente adelantarán las labores investigativas que resulten necesarias. La indagación será reservada. En todo caso, la Fiscalía podrá revelar información sobre la actuación por motivos de interés general.
Se busca con esta ley, contribuir a la terminación del actuar delictivo de las organizaciones criminales a través de dos estrategias: el fortalecimiento de la investigación y judicialización, así como la sujeción colectiva a la justicia por parte de dichas organizaciones. No crea actos de impunidad ni acuerdos políticos.
Los jueces serán los encargados de imputar los delitos señalados a cada uno de los integrantes de estas bandas criminales para cumplir sus condenas en centros carcelarios.
Para tener en cuenta:
- En ningún caso, la sujeción a la justicia impedirá la extradición de los miembros de los Grupos Armados Organizados.
- Las personas que se sometan podrán tener condiciones especiales de reclusión, pero las pueden perder si hay incumplimiento de cualquiera de los compromisos.
- Los GAO deberán entregar una relación detallada de sus bienes, información que conduzca a relacionar a los menores que hagan parte de esa organización e identificar las víctimas que serán reconocidas junto con un plan para repararlas.
- El proceso de sujeción está condicionado al cese de actividades delictivas y la entrega de información sobre la estructura criminal, sus territorios de influencia, los delitos que serán reconocidos (solo aquellos con ocasión de la pertenencia al grupo armado organizado), la identificación de bienes en su poder o a través de testaferros, el listado de miembros del GAO, la identificación de sus víctimas, economías ilegales, actos de corrupción y la vinculación de servidores públicos, etc.
- Dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) implementará un programa especial y con enfoque diferencial de reintegración social y laboral para quienes se sujetan a la justicia en el marco de la presente ley.
