Bajo un sofocante sol un grupo de nativos de la Isla de Barú se congregó el pasado martes 30 de abril de 2024 frente a la Inspección de Policía de Pasacaballos, zona corregimental de Cartagena de Indias para reclamar sus derechos.
Entre los manifestantes varios de ellos encadenados, encontramos a Gustavo Girado Gutiérrez, quien se erigía como la voz de unas 90 familias, todas unidas por una causa común: la defensa de unas tierras que consideran su legado y su derecho.
Girado Gutiérrez, con la firmeza de quien sostiene la verdad, declaró: «No peleamos invasión, reclamamos unas tierras que mi abuelo compró hace años. Tenemos todos los documentos que acreditan nuestra legalidad». Sus palabras resonaron en medio de la protesta, donde el clamor por justicia se entrelazaba con el temor por la persecución y las amenazas de muerte.
La pelea no era nueva. «Llevamos más de 30 años en esta lucha», continuó diciendo Girado Gutiérrez, mientras las cadenas sonaban pidiendo ser escuchados. «El terreno se llama Punta Seca, tiene 72 hectáreas», añadió, destacando la magnitud del conflicto. «Hasta con perros asesinos nos han perseguido», reveló, señalando el grado de violencia al que se enfrentaban.
La razón de la protesta era clara: «Nos quieren despojar de un lote de 13 hectáreas que nos pertenece legalmente», denunció. «Gabriel Echeverria sabe que estamos peleando un lote que es de nosotros», afirmó con convicción, señalando a los presuntos usurpadores. La tensión era palpable, como si el destino de ese terreno se decidiera en cada palabra pronunciada.
Entre los manifestantes, se escuchaban historias de intimidación y resistencia. «Hemos ganado el pleito juridico en primera y segunda instancia», resaltó Girado Gutiérrez, refiriéndose a las batallas legales libradas en busca de justicia. Sin embargo, la amenaza persiste, encarnada en figuras como el inspector Fernán Pérez Saravia, a quien acusan de corrupción y complicidad con los intereses opuestos.
El contexto añadía complejidad al conflicto. «Es un terreno costoso que está frente a una playa turística en Barú», explicó Girado Gutiérrez, señalando el valor económico y estratégico de la disputa. La lucha por la tierra se entrelaza con intereses comerciales y políticos, formando un entramado difícil de desentrañar.
Sin embargo, la esperanza persiste. «Con la bendición de Dios defendemos el terreno donde está funcionando un parqueadero», recordó Girado Gutiérrez, destacando los pequeños triunfos en medio de la adversidad. Pero la batalla está lejos de concluir. «Necesitamos que la Secretaría del Interior y el alcalde de Cartagena se pronuncien», instó, apelando a la autoridad para que hiciera valer la justicia y protegiera sus derechos.
Así, entre reclamos de justicia y gritos de resistencia, la protesta continuaba, alimentada por la determinación de quienes se negaban a ceder ante la injusticia y la intimidación. La lucha por la tierra es mucho más que un conflicto legal; es un grito de dignidad y un llamado a la justicia.
