En medio de crecientes preocupaciones sobre la opacidad en la gestión de contratos millonarios, el gobierno de Dumek Turbay Paz en Cartagena de Indias enfrenta cuestionamientos por la falta de transparencia y la publicación tardía de información contractual crucial.
Uno de los casos más destacados es el contrato suscrito con la empresa Dinacol SAS para realizar obras de estabilización en la Avenida Santander. Este contrato, de $3.101 millones, estuvo disponible para consulta ciudadana casi un mes después de su firma, en contravención de los plazos establecidos por la normativa vigente. Este retraso en la divulgación de información ha generado sospechas sobre la gestión de la emergencia declarada por el desplome de un tramo del andén en dicha avenida.
Además, se ha señalado la ausencia de especificaciones técnicas y diseños en contratos de importancia estratégica, como el del polideportivo Chambacú y las refacciones de la Villa Olímpica. La falta de estos detalles dificulta la evaluación adecuada de los proyectos y limita la participación de proveedores interesados.
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Otro aspecto preocupante es la contratación sin estudios previos o de mercado, como en el caso del contrato con Infotic SA para dotar a la Policía Metropolitana de Cartagena. Esta falta de documentación adecuada deja dudas sobre la justificación de los costos y la selección del contratista, lo que ha levantado interrogantes sobre la transparencia en el proceso de contratación.
Finalmente, se ha cuestionado la contratación por urgencia manifiesta sin suficiente argumentación, como en el caso de los servicios de alimentación, aseo y transporte en los colegios oficiales. Aunque se argumentó una emergencia educativa, la falta de sustento para contratar directamente ha generado inquietudes sobre la transparencia y la planificación de las acciones del gobierno.
Ante estas preocupaciones, varios sectores de la sociedad civil han llamado a una mayor rendición de cuentas y transparencia por parte del gobierno de Cartagena, instando a que se cumplan los procesos establecidos por la ley y se garantice la adecuada gestión de los recursos públicos en beneficio de la ciudadanía.
