La Defensoría del Pueblo presentó este jueves un informe que evidencia la compleja crisis humanitaria en el Catatumbo, Norte de Santander. Según los datos actualizados, se han identificado 36.139 personas desplazadas, reflejando la gravedad del conflicto armado y la violencia que azotan la región.
La violencia ha obligado a miles de familias a abandonar sus hogares. Los datos del Comité Territorial de Justicia Transicional Ampliado de Norte de Santander revelan que las dinámicas de desplazamiento masivo afectan a todos los municipios de la zona. Además, persisten riesgos de confinamiento en diversas comunidades, donde los pobladores enfrentan restricciones para movilizarse o acceder a bienes esenciales.
Aunque se han realizado rescates y evacuaciones terrestres, motorizadas y fluviales, la situación sigue siendo crítica. Entre las víctimas se encuentran niños, niñas, firmantes de paz y líderes sociales, quienes están expuestos a secuestros, homicidios y desapariciones.
Hasta la fecha, 435 personas han sido evacuadas mediante vuelos humanitarios, mientras que 200 más, en condición de especial protección, han sido trasladadas desde Tibú con apoyo del Ejército Nacional. Sin embargo, los firmantes del acuerdo de paz están entre las poblaciones más vulnerables: seis han sido asesinados, siete permanecen desaparecidos (dos de ellos liberados) y 102 han sido desplazados. En Ocaña, un grupo considerable de firmantes solicita refugio debido a las amenazas constantes.
La comunidad indígena Yukpa también ha sido gravemente afectada, con 631 personas desplazadas de San Pablo, Tibú y Cúcuta. El Resguardo Catalaura, que ha recibido a estas familias, enfrenta una urgente necesidad de asistencia humanitaria. Este jueves se entregaron 1.5 toneladas de alimentos, pero las necesidades superan la capacidad de respuesta.
En cuanto a los niños, niñas y adolescentes, las cifras son alarmantes: entre 1.500 y 1.800 menores en Cúcuta, 1.000 en Ocaña y 600 en Tibú enfrentan carencias en alimentación, insumos de higiene, colchones y seguridad en los albergues.
El secuestro de Álvaro Carrascal, líder social de Teorama, evidencia el clima de inseguridad. Además, el gobernador de Norte de Santander reporta 80 homicidios en la región, mientras que la Defensoría tiene registro de al menos 60 víctimas fatales. Medicina Legal ha identificado 41 cuerpos, de los cuales 34 han sido entregados a sus familias.
Algunos desplazados han cruzado la frontera hacia Venezuela en busca de refugio. En el lado colombiano, se han movilizado esfuerzos humanitarios para aliviar la crisis: 25 toneladas de ayuda han sido enviadas a Ocaña y 1 tonelada a Tibú, aunque esta respuesta sigue siendo insuficiente.
La Defensoría del Pueblo ha hecho un llamado a las autoridades nacionales y locales para garantizar la seguridad, caracterización de las víctimas, atención integral en los albergues y protección a los líderes sociales, personeros y alcaldes de la región. La estabilización de esta crisis humanitaria requiere una acción inmediata y coordinada que permita avanzar hacia soluciones sostenibles en beneficio de las comunidades del Catatumbo.
La situación en esta región fronteriza es una alarmante radiografía de la violencia estructural que, pese a los esfuerzos de las autoridades, sigue dejando una huella de dolor y desesperanza entre sus habitantes.
