El ambicioso proyecto de «Paz Total» del presidente Gustavo Petro enfrenta serios desafíos en su implementación, golpeado por una crisis humanitaria en el Catatumbo y la creciente fragmentación de grupos armados en todo el país.
Los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), clave para esta política, se encuentran suspendidos desde el 17 de enero, tras una escalada de violencia en esta región fronteriza con Venezuela. Este conflicto ya ha dejado decenas de muertos, secuestrados y miles de desplazados, obligando al jefe de Estado a declarar un estado de conmoción interior y emergencia económica, medidas aún pendientes de aprobación por la Corte Constitucional.
El Catatumbo, una región estratégica tanto por su producción de cocaína como por su proximidad a la frontera venezolana, se ha convertido en el principal escenario de confrontación. Según Jorge Mantilla, consultor en seguridad y crimen, la situación refleja una implosión de la estrategia de paz del gobierno. «El control del Catatumbo no solo asegura rutas de narcotráfico, sino también influencia territorial clave para los grupos armados», afirmó.
Las dinámicas de violencia no se limitan a esta región. Cauca, Guaviare, el Magdalena Medio, el sur de Córdoba y el Cesar son otros puntos críticos donde los enfrentamientos entre el ELN, las disidencias de las FARC y otros actores armados han generado un impacto humanitario devastador.
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El rol de Venezuela como garante en los diálogos con el ELN complica aún más el panorama. La relación entre ambos países se encuentra en uno de sus puntos más bajos, especialmente después de que Colombia rechazara la legitimidad de la reelección de Nicolás Maduro en julio de 2024.
«La conexión entre el ELN y el gobierno venezolano es innegable», señala Mantilla. «El ELN opera como un actor binacional, apoyado por sectores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para consolidar su influencia en la frontera». Esta interdependencia refuerza la posición estratégica del ELN en el norte del país y en los flujos ilícitos que cruzan la frontera.
La política de paz de Petro ha sido cuestionada desde su inicio. La suspensión de bombardeos, órdenes de captura y operaciones militares contra el ELN, según expertos, dio señales de debilidad por parte del Estado, incrementando el poder y la influencia territorial de los grupos armados.
A esto se suma la percepción de una opinión pública cada vez más escéptica frente a los resultados de las negociaciones, especialmente con el ELN, con quienes se habían logrado avances significativos antes de la actual crisis.
Con elecciones presidenciales en el horizonte, la «Paz Total» parece ceder terreno frente a una agenda de seguridad más agresiva. La creciente violencia y la percepción de inseguridad erosionan la legitimidad de un proyecto que se perfilaba como uno de los pilares del gobierno de Petro.
«Lo que estamos viendo son imágenes de una violencia que rememoran los años más oscuros del conflicto colombiano», concluye Mantilla. «El reto ahora no es solo contener la crisis, sino replantear un modelo de paz que, en su estado actual, parece insostenible».
Con el tiempo jugando en contra y la presión de una opinión pública que exige resultados, el gobierno enfrenta el desafío de equilibrar sus esfuerzos entre la búsqueda de acuerdos y una estrategia de seguridad más contundente que permita devolver la esperanza a las regiones más afectadas.
