En un despliegue sin precedentes, 150.000 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional de Venezuela se encuentran desplegados en todo el territorio, particularmente en la frontera con Brasil y Colombia. Este cierre, que afecta principalmente la región de Pacaraima, Brasil, fue justificado por el régimen de Nicolás Maduro como parte de ejercicios militares para garantizar la «inexpugnabilidad de la patria», según declaró el ministro de Defensa, Vladimir Padrino.
La situación coincide con un contexto tenso en el vecino país, Colombia, donde se libra un conflicto armado entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una disidencia de las FARC en la región del Catatumbo. Este enfrentamiento ha dejado un saldo de cerca de 100 muertos, incluido un número preocupante de firmantes del Acuerdo de Paz de 2016, según cifras de la Gobernación de Norte de Santander.
En respuesta al incremento de las hostilidades y tras la suspensión de los diálogos de paz por parte del presidente colombiano Gustavo Petro, la Fiscalía General de Colombia reactivó este miércoles las órdenes de captura contra los negociadores del ELN. Según una resolución firmada por la fiscal general, Luz Adriana Camargo, esta decisión se debe al incumplimiento de las condiciones para la suspensión de dichas órdenes y la comisión de nuevos delitos de guerra por parte de esta guerrilla.
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La Defensoría del Pueblo reportó que el conflicto ha provocado el desplazamiento masivo de al menos 32.000 personas, con Cúcuta, la capital de Norte de Santander, recibiendo la mayor carga humanitaria. Entre los afectados, según el Ministerio de Interior de Venezuela, también hay 812 colombianos que cruzaron hacia los estados venezolanos de Zulia y Táchira, donde se han habilitado corredores humanitarios.
El presidente Nicolás Maduro reiteró su disposición a apoyar los esfuerzos de paz en Colombia, aunque en paralelo ha ordenado la movilización de más de 2.000 militares venezolanos a lo largo de la frontera compartida. Según Maduro, estas tropas tienen como objetivo «garantizar la paz y estabilidad» en la región. Sin embargo, su discurso también estuvo cargado de críticas a los «enemigos internos y externos», sugiriendo una postura más defensiva frente a posibles amenazas transfronterizas.
La clausura de la frontera y las maniobras militares han vuelto a poner en el centro del debate la fragilidad de las relaciones entre Colombia y Venezuela. Mientras que Caracas alega razones de seguridad nacional, en Bogotá la preocupación gira en torno al impacto humanitario y la escalada de violencia en el Catatumbo.
La reactivación de las órdenes de captura contra el ELN, que hasta hace poco se sentaba a la mesa de negociaciones, supone un duro golpe a los intentos de avanzar hacia la paz total promovidos por el gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, las denuncias de crímenes de guerra y la presión de las víctimas parecen haber inclinado la balanza hacia una postura más firme.
Por ahora, la región sigue siendo escenario de incertidumbre, con una frontera militarizada y decenas de miles de desplazados que necesitan atención urgente. La paz en el Catatumbo y la estabilidad en la frontera con Venezuela parecen más lejos que nunca.
