El Decreto 1368 del 8 de septiembre de 2026, mediante el cual el presidente Abelardo De la Espriella levantó la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego, ha desatado un debate que Colombia debe asumir sin miedo, pero también sin ingenuidad. Este no debería ser un asunto de consignas políticas, etiquetas ideológicas ni titulares diseñados para sembrar pánico. Es, ante todo, una discusión sobre seguridad, libertad individual, responsabilidad ciudadana y control del Estado.
Porque hay algo que debe quedar absolutamente claro desde el comienzo: levantar una suspensión general no significa armar a los colombianos. No significa que cualquiera pueda salir a comprar un arma, guardarla en la cintura y utilizarla cuando le parezca conveniente. Tampoco significa que el Estado haya renunciado al control sobre las armas. Significa que vuelve a existir la posibilidad de que un ciudadano que reúna las condiciones establecidas por la ley pueda solicitar un permiso y que la autoridad competente estudie su caso y esa diferencia cambia por completo la discusión.
El artículo 223 de la Constitución Política es categórico al establecer que nadie puede poseer ni portar armas, municiones de guerra o explosivos sin permiso de la autoridad competente. El Estado, por tanto, no desaparece. El Estado autoriza, controla y vigila.
Ese principio está desarrollado por el Decreto Ley 2535 de 1993, que regula la tenencia y el porte de armas, establece las autoridades competentes y contempla requisitos, controles, causales de suspensión, incautación y decomiso. El artículo 3 señala que los particulares solo excepcionalmente pueden poseer o portar armas con permiso de la autoridad competente y el artículo 17 define el porte como llevar consigo o al alcance un arma debidamente autorizada.
Entonces, llamemos las cosas por su nombre: el 8 de septiembre no desapareció el control estatal sobre las armas. Se levantó una suspensión general sobre la expedición de permisos de porte y aquí hay otro asunto que algunos prefieren ignorar en medio de la polarización: el Estado conserva plenamente el monopolio legítimo de la fuerza. La Policía y las Fuerzas Militares mantienen sus competencias constitucionales. El artículo 223 sigue vigente y el artículo 22A de la Constitución prohíbe expresamente la creación, promoción, financiación o apoyo de grupos civiles armados ilegales.
Por eso, quien pretenda convertir esta decisión en una supuesta autorización para que Colombia se transforme en un territorio de ciudadanos armados está exagerando. Pero quien pretenda sostener que cualquier posibilidad de porte legal equivale automáticamente a una amenaza para la sociedad también está simplificando un problema mucho más complejo.
La verdadera pregunta es otra: ¿qué cambia para el ciudadano que cumple la ley? Cambia que puede volver a existir una puerta legal para solicitar un permiso de porte. Nada más y nada menos. No es un derecho automático. No es una carta blanca. Es una posibilidad sometida a requisitos, evaluación y autorización estatal y precisamente ahí estará la verdadera prueba de esta decisión.
Si el Gobierno anuncia controles rigurosos, Colombia tiene derecho a exigir que sean realmente rigurosos. Porque tener un arma no convierte a nadie en experto en seguridad. Una persona sin entrenamiento puede convertirse en víctima, disparar contra quien no representa una amenaza, involucrar a terceros inocentes o transformar una situación de tensión en una tragedia.
Por eso, la idoneidad, la aptitud psicofísica, la capacitación, la experiencia y el conocimiento sobre el manejo responsable de un arma no pueden ser simples casillas para llenar en un formulario. Deben ser filtros reales. El Estado no puede abrir nuevamente la posibilidad del porte legal y, al mismo tiempo, bajar la guardia en la selección de quienes podrán acceder a él.
Porque una cosa es reconocer la posibilidad excepcional de que un ciudadano idóneo porte legalmente un arma y otra muy distinta es normalizar las armas como mecanismo cotidiano de convivencia.
Colombia tampoco puede olvidar que existen armas cuya tenencia y porte están prohibidos. El Decreto 2535 contempla categorías sometidas a restricciones y prohibiciones, entre ellas determinadas armas de uso privativo, armas modificadas para incrementar su capacidad letal y armas hechizas, entre otras. Portar ilegalmente un arma continúa siendo una conducta sometida a las consecuencias previstas por la ley.
Hay una confusión todavía más peligrosa que debemos desterrar: tener un permiso para portar un arma no significa tener permiso para dispararla. El permiso de porte no es una licencia para matar.
La legítima defensa tiene sus propios presupuestos jurídicos. El artículo 32 del Código Penal contempla esta figura frente a una agresión injusta, actual o inminente, dentro de las condiciones establecidas por la ley. No toda persona que dispara contra otra está actuando en legítima defensa. No toda amenaza justifica cualquier reacción. No todo delincuente herido convierte automáticamente a quien disparó en víctima jurídicamente exonerada. Cada caso debe ser investigado y valorado de acuerdo con sus circunstancias concretas.
¿Qué ocurre cuando el delincuente decide violar la ley mientras el ciudadano permanece sometido a ella?
Durante años, el delincuente que porta un arma ilegal no ha necesitado permiso, examen psicofísico, certificado de capacitación ni autorización administrativa. No espera una resolución. No consulta si puede llevarla. Simplemente la porta porque decidió colocarse al margen de la ley.
El ciudadano, en cambio, tiene que cumplirla. Esa asimetría existe y Colombia debe discutirla sin complejos. Pero reconocer esa realidad tampoco significa defender una sociedad donde cada ciudadano salga armado a resolver sus problemas. El ciudadano no puede convertirse en policía, juez y verdugo. Ahí está la línea roja.
La seguridad continúa siendo responsabilidad primordial del Estado y de la Fuerza Pública. Ningún permiso de porte puede convertirse en sustituto de una Policía eficiente, de una justicia que funcione o de una política criminal efectiva. Sería un grave error que el Estado trasladara al ciudadano la responsabilidad que constitucionalmente le corresponde.
Pero también sería un grave error construir una sociedad en la que el delincuente tenga la certeza de que puede atacar con un arma ilegal mientras su potencial víctima carece, por principio, de cualquier posibilidad legal de defensa.
El delincuente no necesita un decreto para delinquir. El ciudadano sí necesita que el Estado le diga qué puede hacer dentro de la ley. Esa es la contradicción que debe resolverse. Por eso, el debate no debería reducirse a quienes quieren “armar al país” contra quienes quieren “desarmarlo”. Esa caricatura sirve para la pelea política, pero no para solucionar el problema de seguridad.
La discusión seria consiste en determinar si el Estado puede permitir excepcionalmente el porte legal a ciudadanos que demuestren condiciones de idoneidad, sin perder el control sobre las armas, sin flexibilizar los filtros y sin convertir la defensa personal en una cultura de confrontación. Yo creo que sí. Pero con una condición innegociable: el control debe ser más fuerte que el permiso. Al Gobierno le corresponde controlar. A la Fuerza Pública, proteger. A la justicia, investigar y sancionar. Y al ciudadano, cumplir rigurosamente la ley.
Porque una sociedad segura no se construye repartiendo armas indiscriminadamente. Pero tampoco se construye condenando al ciudadano que cumple la ley a permanecer indefenso mientras el delincuente opera sin autorización, sin controles y sin temor.
Se construye fortaleciendo las instituciones, recuperando la autoridad, persiguiendo las armas ilegales, desmantelando las estructuras criminales y garantizando que quien aspire a portar legalmente un arma demuestre que tiene la capacidad física, mental, técnica y jurídica para hacerlo y sobre todo, dejando algo perfectamente claro: un arma legal no convierte a nadie en autoridad. No convierte a nadie en juez. No convierte a nadie en dueño de la vida ajena.
La defensa legítima tiene límites. La ley tiene límites. El poder tiene límites. También debe tenerlos el miedo. Porque Colombia no necesita una sociedad armada sin controles. Pero tampoco necesita una sociedad donde solo el delincuente tenga la certeza de estar armado.
Entre esos dos extremos existe un punto de equilibrio. Y el verdadero desafío del Estado será demostrar que puede garantizarlo: ciudadanos responsables, armas bajo control, delincuentes perseguidos y una Fuerza Pública con autoridad para proteger. El ciudadano de bien no necesita convertirse en un hombre armado para sentirse seguro. Pero tampoco debería ser obligado a confundir la obediencia a la ley con la indefensión.
