Cartagena de Indias enfrenta una nueva crisis social tras la orden de desalojo emitida por la Inspección de Policía para el sector de Chambacú. La medida, anunciada por la inspectora Luz Marina Villamil, otorga un plazo de 10 días para que habitantes y dueños de negocios abandonen la zona. La decisión desencadenó protestas que interrumpieron el tránsito vehicular, incluido el carril exclusivo del sistema de transporte masivo Transcaribe.
Con pancartas y consignas como “No al desalojo en 10 días sin garantías”, los manifestantes, entre ellos familias asentadas y propietarios de talleres y comercios, expresaron su indignación. Dilcia Pérez, residente del sector, manifestó su frustración: “Hemos participado en 10 audiencias durante el último año sin que se llegara a una solución favorable. Ahora resulta que la inspectora nos da 10 días para desalojar sin ninguna garantía”.
“Están en un lugar que no deben ocupar. Esos son lotes del Distrito y han estado allí de manera ilegal”, afirmó el alcalde Dumek Turbay, quien respaldó la decisión de la inspectora al destacar que está fundamentada en derecho.
Según Turbay, los predios serán destinados a proyectos de integración, cultura y deporte. Sin embargo, reconoció la necesidad de acompañamiento a las familias afectadas. “Hay que buscar una solución humana. Propondría un subsidio de arriendo por al menos tres meses para facilitar la transición. Es más efectivo dialogar que protestar, porque la decisión ya está tomada”.
El desalojo impacta una zona contigua a Muebles Jamar, donde actualmente funcionan talleres, chatarrerías, cantinas, moteles, estaderos y parqueaderos, además de asentamientos con familias. Si bien la medida busca restituir el espacio público para el beneficio de la ciudad, la ausencia de garantías para las familias desalojadas ha generado incertidumbre y rechazo.
La orden de desalojo pone sobre la mesa el eterno dilema entre el cumplimiento de la normativa urbana y la protección de los derechos de los ciudadanos. Mientras el Distrito enfatiza la necesidad de recuperar espacios para el desarrollo de proyectos comunitarios, los afectados claman por una reubicación digna y condiciones justas para su salida.
- También puede leer: EN EXTRAORDINARIAS | Concejo de Cartagena evaluará cinco proyectos claves
Organizaciones sociales han alzado la voz, solicitando la intervención de la Defensoría del Pueblo para garantizar el debido proceso y evitar violaciones a los derechos humanos. “La ciudad necesita desarrollo, pero no a costa de dejar en el limbo a decenas de familias”, afirmó un representante de la comunidad.
La situación en Chambacú refleja la complejidad de la administración pública en Cartagena, una ciudad que lucha por equilibrar el desarrollo urbano con la justicia social. Los próximos días serán determinantes para definir si las autoridades logran construir un camino hacia la solución pacífica y digna que la comunidad espera.
